“Poner una cosa después de otra y no mirar a los lados” es un conocido consejo de Azorín, que parece sencillo, pero no lo es. Exige ordenar el pensamiento, escoger las palabras y resistir la tentación de desviarse antes de llegar al punto. Gran parte de nuestras sentencias hacen exactamente lo contrario.
El lenguaje judicial venezolano se ha vuelto innecesariamente extenso y difícil de comprender. No siempre porque los asuntos que resuelve sean complejos, sino porque se ha impuesto una manera alambicada de escribir que confunde extensión con profundidad. Se copian páginas de los escritos de las partes, se reproducen largas citas de autores, se apela a la verborrea, a las repeticiones y a las tautologías, y se transcriben decisiones judiciales sin explicar cuál es la regla de derecho que se extrae de ellas ni por qué resulta aplicable al caso. Estas jerigonzas afectan el derecho de los ciudadanos a comprender las decisiones judiciales, lo que está vinculado a los derechos humanos y los valores republicanos.
Precisamente sobre el lenguaje claro, los días 1 y 2 de octubre se celebró en La Plata, Argentina, la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. Más de 1.200 participantes y unos 250 ponentes discutieron sobre el lenguaje de los poderes públicos, la formación universitaria, la lingüística, la accesibilidad cognitiva y la inteligencia artificial. El encuentro mostró que el lenguaje claro ha dejado de ser una preocupación de especialistas para convertirse en un movimiento institucional de largo aliento. Portugal y Brasil se incorporan ahora a este esfuerzo con la creación de la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales participó también en la III Convención, y tuve el honor de representarla con una ponencia titulada “La reforma curricular para el desarrollo del lenguaje claro y accesible en Venezuela”. Mi propuesta parte de una idea sencilla: para cambiar la manera como se escribe el Derecho hay que comenzar por cambiar la manera como formamos a los juristas. La cultura del lenguaje claro debe comenzar en el bachillerato y profundizarse en las Facultades de Derecho. Por eso propuse incluir en los programas universitarios estudios de lingüística general y morfosintaxis, talleres de expresión oral y escrita, Literatura y Derecho, así como el uso crítico de la inteligencia artificial, que deben acompañar los cursos sobre argumentación jurídica.
En esa formación, escribir bien y razonar bien son aprendizajes que marchan juntos. The Paper Chase, la película de 1973 sobre la enseñanza del Derecho en la Universidad de Harvard, lo expresa con una frase memorable. El temible profesor Charles W. Kingsfield Jr. —personaje ficticio inspirado en varios profesores— dice a sus alumnos: “Llegan aquí con la cabeza llena de papilla; salen pensando como abogados” (You come in here with a skull full of mush. You leave thinking like a lawyer).
La frase acierta en lo esencial. La Facultad de Derecho no debe limitarse a llenar la cabeza del estudiante de leyes, sentencias y opiniones de autores. Debe enseñarle a escribir y a pensar como jurista para interpretar con acierto las leyes y examinar articuladamente la doctrina. El método socrático conserva toda su potencia: preguntar, repreguntar, someter una respuesta a objeciones, distinguir lo esencial de lo accesorio. Así se aprende a razonar inductiva y deductivamente mientras se aprende a expresar ese razonamiento. De allí la importancia de que la claridad de la redacción jurídica refleje la claridad del pensamiento. Se trata, en definitiva, de enseñar a pensar y a escribir mejor.
Esa formación adquiere relevancia cuando se trata de quienes deben juzgar. Al escoger a los magistrados han pesado más sus lealtades políticas que su trayectoria académica, su obra jurídica y sus sentencias. Una justicia que aspire a reconstruirse tendrá que invertir ese orden. La independencia es indispensable, pero no basta. Un magistrado necesita dominio del Derecho y capacidad para expresar su razonamiento. La calidad del lenguaje judicial depende también de la formación de quienes juzgan. Es en las sentencias donde esas carencias se hacen visibles.
Una decisión puede alcanzar centenares de páginas mientras su verdadera motivación ocupa apenas una fracción del texto. No está mejor motivada porque sea más larga. Lo está cuando permite conocer los hechos relevantes, el problema jurídico, la regla aplicable y el razonamiento que conduce de las premisas a la conclusión. Si el caso exige ponderar principios, habrá que explicar y fundamentar también esa ponderación.
Pero el problema desborda el estilo y alcanza a los valores republicanos. El ciudadano debe comprender las decisiones judiciales que afectan sus derechos para conocer las razones del poder, discutirlas y ejercer los recursos que el ordenamiento le reconoce. El juez ejerce poder cuando decide y por eso debe explicar sus razones en un lenguaje que, sin sacrificar el rigor jurídico, pueda ser entendido por sus destinatarios. Esto no significa eliminar la complejidad que el Derecho exige. El problema no está en la complejidad necesaria, sino en la innecesaria y en los párrafos enrevesados. Claridad y precisión no son adversarias.
A estos desafíos se suma ahora la inteligencia artificial. Esta herramienta digital puede ayudar a buscar información, ordenar materiales y mejorar una primera redacción, pero también pueden crear malos hábitos y dependencia intelectual si se le utiliza en forma desmesurada. Utilizada para producir más páginas y acumular citas, no hará sino automatizar el “copiar y pegar” y aniquilar la creatividad intelectual. La tecnología puede ayudar al jurista; no puede sustituir su juicio ni su responsabilidad.
En su discurso de clausura, Santiago Muñoz Machado, presidente de la Real Academia Española, señaló que ha llegado el momento de avanzar hacia las aplicaciones prácticas del lenguaje claro y crear una cultura de transparencia. Para ello hacen falta métodos y educación. Destacó, además, la incorporación de Portugal y Brasil a un espacio de cooperación entre el español y el portugués que comprende alrededor de novecientos millones de personas.
Venezuela debe sumarse a ese esfuerzo. Universidades, academias, tribunales y colegios de abogados pueden impulsar la cultura del lenguaje claro, crear un observatorio que se integre a la Red Iberoamericana y trabajar en una guía de estilo judicial. El estudio debería extenderse a los demás poderes públicos y a profesiones como la medicina.
La reforma judicial no puede limitarse a cambiar magistrados, modificar leyes o reorganizar tribunales. Debe abarcar también la formación de los juristas y la calidad de las sentencias. La claridad expresiva forma parte de esa reforma porque una justicia confiable no depende solo de lo que los jueces deciden, sino también de las razones en que fundan sus decisiones. Esas razones deben ser sólidas y coherentes, y estar expresadas con concisión y precisión para facilitar su comprensión. Esa claridad resulta aún más necesaria cuando una sentencia debe ser traducida, pues debe poder comprenderse también en otra lengua.
El lenguaje claro exige seleccionar, ordenar, razonar y explicar. Detrás de esas acciones hay algo más que una cuestión de estilo. Hay una concepción del Derecho y del poder. Una sentencia no debe ocultar sus razones bajo un menjurje de palabras, sino permitir que el ciudadano comprenda qué se decidió y por qué.
Hacerse entender es también un deber republicano.
