El sociólogo y defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, cuestionó este miércoles 14 de octubre las declaraciones de Delcy Rodríguez ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en las que afirmó que los alimentos no deben utilizarse como instrumentos de presión o confrontación política.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta en la red social X (@fanzinero), el activista relató que fue testigo de cómo una responsable de los Clap de su comunidad, identificaba mediante las listas de beneficiarios, a los vecinos que participaban en manifestaciones pacíficas y los señalaba ante grupos armados del chavismo conocidos como los colectivos.
La denuncia fue presentada por Uzcátegui junto con la activista Lexys Rendón en junio de 2017, ante el Ministerio Público, que en ese entonces estaba dirigido por la fiscal Luisa Ortega Díaz. Según el documento, la encargada de los Clap en la comunidad, identificada como Zulay Hernández, también se desempeñaba como jefa del Círculo de Lucha Popular (CLP) de la parroquia San Pedro, en Caracas.
Los denunciantes señalaron que Hernández presuntamente utilizó la información de los beneficiarios de los programas de alimentación para amenazar a vecinos y coordinar acciones de hostigamiento con grupos armados y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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Uzcátegui recordó que la entrega de alimentos habría sido condicionada a la conducta política de los ciudadanos. De acuerdo con su denuncia, algunos vecinos fueron advertidos de que podían quedar excluidos del beneficio de los Clap por expresar su descontento con el chavismo durante las protestas.
El sociólogo también cuestionó la actuación del Ministerio Público frente a los hechos denunciados en 2017. Según su testimonio, las autoridades no investigaron el caso y, días después de la denuncia, la responsable señalada recibió una condecoración en un acto público.
“Tuve que salir de casa durante las semanas siguientes”, relató Uzcátegui al recordar las consecuencias que, según afirmó, enfrentó tras los hechos.
La denuncia apuntaba a presuntos delitos de amenazas agravadas, discriminación y chantaje. Sin embargo, el activista sostuvo que no hubo una investigación fiscal, lo que, a su juicio, evidenció la falta de respuesta institucional ante las acusaciones.
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Las declaraciones de Delcy Rodríguez ante la FAO reavivaron el debate sobre el papel de los programas de distribución de alimentos en Venezuela y las denuncias de discriminación política relacionadas con los Clap.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de estos programas y han advertido sobre posibles prácticas de control social y exclusión por motivos políticos. En ese contexto, los señalamientos de Uzcátegui vuelven a poner sobre la mesa las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido amenazados con perder el acceso a alimentos por expresar posiciones contrarias al régimen chavista.
Con el recuerdo de su denuncia de 2017, el defensor de derechos humanos cuestionó la distancia entre el discurso presentado por Delcy Rodríguez ante un organismo internacional y los hechos que, según su testimonio, ocurrieron en comunidades venezolanas.
El caso también plantea interrogantes sobre la respuesta de las instituciones ante las denuncias de discriminación en la distribución de alimentos y la necesidad de garantizar que el acceso a la comida no dependa de la posición política de los ciudadanos.
