
Christian Emmanuel Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense de 67 años que se presentaba como médico y pastor en Florida, fue hallado culpable de los ocho cargos en su contra en un juicio federal en Miami por conspirar para asesinar a Jovenel Moïse, el último presidente electo de Haití, quien murió en julio de 2021. El veredicto se conoció el miércoles 18 de noviembre, tras casi ocho semanas de proceso. Sanon enfrenta hasta cadena perpetua y mostró poca reacción al escuchar el fallo.
Por infobae.com
El juicio reconstruyó la trayectoria de un empresario con historial de quiebras que, según la fiscalía, orquestó una trama internacional motivado por ambiciones políticas. La acusación lo vinculó a dos empresas de seguridad de Miami y a un grupo de exmilitares colombianos que irrumpieron en la casa presidencial y dispararon a Moïse a quemarropa.
Sanon permaneció detenido desde su arresto en Haití, días después del crimen, hasta su traslado a custodia estadounidense en 2023.
De empresario quebrado a autoproclamado candidato presidencial
Los registros corporativos de Florida muestran que Sanon creó varias empresas a su nombre sin mayor fortuna. En 2013 se declaró en quiebra. Nació en Haití y llegó a Estados Unidos de adolescente y trabajó con comunidades de inmigrantes haitianos en Florida y el Medio Oeste, según su propio testimonio. No hay registros de que posea un título médico estadounidense ni de que dirigiera una iglesia, pese a presentarse públicamente como médico y pastor.
A pesar de ese historial, utilizó sus conexiones y su fluidez en inglés, francés y criollo para proyectarse como líder opositor con vínculos influyentes en el Departamento de Estado.
Jake Johnston, investigador adjunto sénior en el Centro de Investigación Económica y Política en Washington, relató al New York Times que Sanon le hizo esas mismas afirmaciones en 2019 y lo describió como “un mentiroso en serie sin verdaderas conexiones con el poder en Haití”. Douglas Lofland, un empresario de Florida, también recordó haberlo escuchado alardear de esos contactos en reuniones de 2019 y 2020, aunque Sanon nunca revelaba nombres.
Pastor que aspiraba a gobernar Haití fue declarado culpable del asesinato de Jovenel Moïse en Miami
Sanon alardeaba de respaldo del gobierno de Estados Unidos para gobernar Haití
Según testimonios de testigos en el juicio, Sanon promovió su candidatura —primero como primer ministro y luego como presidente— ante políticos locales y líderes de la sociedad civil haitianos en reuniones celebradas principalmente en Florida y la República Dominicana. Julio Loiseau, activista comunitario haitiano, contó en una entrevista recogida por el diario que Sanon “siempre estaba bien vestido, con corbata” y que sus interlocutores “lo llamaban presidente”. “Decía que había sido enviado por el Departamento de Estado y que estaba en una misión de Dios”, agregó Loiseau.
Parnell Duverger, un economista haitiano-estadounidense, se reunió con Sanon en el otoño de 2020 en una pizzería del sur de Florida para escuchar un plan de desarrollo de miles de millones de dólares que incluía carreteras, hospitales, aeropuertos y puertos, sin indicación alguna de dónde provendría la financiación.
Tras participar seis meses en videollamadas con personas que se presentaban como asesores del gobierno estadounidense, Duverger concluyó que no tenían ningún vínculo real con Washington. “Es un hombre muy audaz y engañoso”, dijo, según el NYT, antes de su muerte a principios de este año.
La conspiración para matar a Jovenel Moïse se gestó en el sur de Florida
La trama tomó forma en abril de 2021, cuando Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses. El grupo acordó que, una vez en el poder, Sanon otorgaría a Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security —conocidas como CTU— contratos millonarios para infraestructura, fuerzas de seguridad y equipamiento militar en Haití, según la acusación formal. CTU contrató a unos 18 exmilitares colombianos para proveer seguridad a Sanon, y financió parte de la operación con fondos del programa federal de ayuda a empresas durante la pandemia de COVID-19, según documentos judiciales.
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