Con el gobierno que prometió negociaciones con grupos armados para lograr la «paz total», los bombardeos mortales se intensifican en los últimos meses.
Analistas dicen que es un giro evidente en la estrategia del presidente colombiano, Gustavo Petro, para enfrentar a unas guerrillas que crecen en poder territorial y número de efectivos.
Pero el costo está siendo alto: 15 menores reclutados por grupos armados han muerto en distintos ataques desde el pasado agosto, según Medicina Legal.
Varios no superaban los 15 años.
«Ningún niño, niña o adolescente reclutado debería ser afectado por operaciones militares», dijo la Defensoría del Pueblo tras un ataque reciente en el departamento del Guaviare contra disidencias de las Farc y en el que murieron siete menores.
Petro asegura que sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario, «incluso ante el tratamiento al menor combatiente», y cuestionó un llamado de Iris Marín Ortiz, la Defensora del Pueblo, para suspender los bombardeos con objetivos donde pueda haber menores.
El mandatario dijo no haber conocido de antemano la presencia de menores en los objetivos bombardeados y pidió perdón: «Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia».
El fantasma del reclutamiento infantil regresa a Colombia justo cuando, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno implementa una estrategia de «zanahoria y garrote» contra los grupos armados ante la falta de resultados en su lucha por la paz.
Según Medicina Legal, los últimos 15 menores fallecidos murieron en bombardeos en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca.
Son zonas con presencia del grupo disidente de las Farc, Estado Mayor Central (EMC), y la estructura liderada por alias «Iván Mordisco», al que expertos señalan por evidencias de reclutamiento infantil.
La práctica se realiza en Colombia desde hace décadas. Muchos de los niños provienen de zonas rurales vulnerables y con poca presencia estatal y son reclutados forzosamente a través de coerción y amenazas a sus familias.
Según reportes en prensa local, entre los fallecidos recientemente hay víctimas que apenas tenían 12 años y Medicina Legal reconoció tanto a niños y niñas en los cuerpos recibidos.
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