La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció este martes 3 de noviembre que los presos políticos recluidos en El Rodeo I, estado Miranda, estarían consumiendo agua contaminada con hidrocarburos y materia fecal, una situación que, según advirtió, amenaza la salud de aproximadamente 114 detenidos, entre civiles, militares y extranjeros.
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A través de su cuenta en X, la directora ejecutiva del Instituto Casla aseguró que los reclusos consumen «agua no apta para el consumo humano con sabor a gasolina». También denunció la presunta presencia de coliformes fecales.
Según explicó, el agua llega mediante una pequeña tubería instalada dentro de las celdas, donde los detenidos también deben realizar sus necesidades fisiológicas. La activista describió espacios de apenas dos por dos metros, con letrinas abiertas y sin condiciones sanitarias adecuadas, en los que los reclusos deben alimentarse y beber agua.
Suju advirtió que los presos políticos «permanecen 23 horas y media encerrados en dichas celdas», lo que, de acuerdo con su testimonio, los mantiene expuestos permanentemente a las condiciones insalubres del recinto. La situación sería especialmente preocupante por la proximidad entre las letrinas y los espacios destinados al consumo de alimentos.
La defensora también cuestionó las limitaciones que enfrentan las familias para atender las necesidades básicas de sus allegados. «Los familiares de los presos políticos llevan pastillas para potabilizar el agua», señaló, antes de advertir que estos productos no resolverían una eventual contaminación por hidrocarburos.
En cuanto a las consecuencias para la población penitenciaria, Suju afirmó que las náuseas, los vómitos y las diarreas afectan a numerosos detenidos. «A los PP los están envenenando lentamente», denunció, al expresar su preocupación por posibles daños neurológicos, hepáticos y renales derivados de una exposición prolongada a sustancias tóxicas.
La abogada responsabilizó por las presuntas restricciones a Maykol Guevara Grisel, a quien vinculó con el sistema de seguridad SESMAS, y a Ángel Naranjo Castro, subdirector del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Aseguró que ambos se oponen a permitir el ingreso de agua potable suministrada por los familiares, pese a los problemas gastrointestinales reportados.
