El uso de celdas o espacios destinados a aislar, castigar y torturar a personas privadas de libertad es una práctica que se ha instaurado en las cárceles venezolanas y que el régimen ha sistematizado.
En la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado Falcón, existe una celda oscura conocida como “la isla”, nombre que hace referencia al aislamiento, su principal propósito. Actualmente, más de treinta personas permanecen en este espacio, según una denuncia recibida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los presos trasladados a “la isla” son sometidos a la oscuridad absoluta, pues la celda ni siquiera cuenta con luz natural. Deben dormir en el piso, pasan días sin recibir un bocado de alimento y tampoco tienen acceso al agua, por lo que suelen salir de este castigo en condiciones de extrema debilidad.
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Un familiar de un preso reveló al OVP que los motivos de estos castigos pueden ir desde reclamar sus derechos hasta ser acusados de incumplir las normas internas del penal. Una de esas reglas, considerada fundamental dentro del recinto, es el pago de las deudas.
“Existe un grupo de reclusos toñecos y con esto me refiero a que tienen todo el permiso de la directiva para vender cosas dentro del penal como si se tratara de la calle. Venden comida, útiles personales, uniformes, colchonetas y hasta droga; con todo esto es que se endeudan los presos y son obligados a realizar pagos, de no hacerlos entonces es donde vienen los castigos que son practicados por funcionarios, entonces vemos que están todos aliados”, señaló la persona que presentó la denuncia ante el OVP, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por razones de seguridad.
La denuncia recibida por nuestra organización reviste especial gravedad, pues apunta a una presunta complicidad entre funcionarios y reclusos para cometer actos delictivos y de corrupción dentro del establecimiento penitenciario.
Hacinados, enfermos y sin comida
La Comunidad Penitenciaria de Coro tiene capacidad para 870 internos, pero actualmente alberga a una población de 1.700 personas privadas de libertad, lo que representa una ocupación del 195 % de su capacidad.
Un alto porcentaje de los reclusos no tiene sus causas judiciales en el estado Falcón. Muchos provienen de Anzoátegui, Bolívar y Monagas, específicamente de los traslados realizados tras el desalojo de los establecimientos penitenciarios de esas regiones. Asimismo, han sido trasladados presos de otros estados, lo que ha contribuido a incrementar el hacinamiento.
Muchos de estos detenidos han dejado de recibir visitas de sus familiares, quienes no cuentan con los recursos económicos necesarios para trasladarse de un estado a otro y mucho menos para costear su alimentación. Como consecuencia, permanecen completamente desasistidos.
“Parecen indigentes o personas de la calle”, detalló la fuente al describir las condiciones en las que se encuentran los reclusos que carecen de apoyo familiar. A esta problemática se suma la falta de una alimentación balanceada. Los privados de libertad de Coro reciben una dieta basada en arroz, pasta y granos, que carece por completo de proteínas, situación que ha provocado enfermedades intestinales entre los internos.
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El suministro de agua potable también es escaso y debe obtenerse mediante camiones cisterna, cuyo costo es asumido por los propios reclusos.
En materia de salud, el OVP pudo conocer que entre la población penitenciaria hay personas privadas de libertad con enfermedades mentales que no reciben atención médica especializada ni tratamiento alguno. Algunas se encuentran en condiciones críticas, por lo que sus familiares consideran necesario que estos casos sean evaluados adecuadamente.
Autoridades cómplices
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) vemos con preocupación cómo aumentan cada día las denuncias por tratos crueles e inhumanos, presuntos hechos de corrupción, falta de atención médica y condiciones inhumanas de reclusión en los centros penitenciarios, sin que exista respuesta alguna por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, se han convertido en cómplices al darles la espalda a las víctimas.
Desde el OVP seguiremos documentando y visibilizando cada una de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas contra las personas privadas de libertad.
Lo que hoy ocurre en la Comunidad Penitenciaria de Coro será denunciado ante instancias internacionales.
