Oliver Rojas murió tras recibir una presunta golpiza brutal por no poder pagar la “causa” semanal de entre 60 y 70 dólares en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar.
La muerte de Oliver no es un hecho aislado, sino una muestra de la violencia y las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad en Guaiparo, un centro de detención bajo custodia del Estado venezolano donde estructuras delictivas conocidas como “pranes” ejercen el control, imponen sus propias reglas y someten a los detenidos a un régimen de extorsión y violencia.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) calificó de inaceptable que en centros de detención preventiva persistan figuras tan violentas y criminales como los “pranes”, quienes imponen este cobro ilegal semanal a los reclusos bajo la omisión de los funcionarios a cargo.
Esta situación convierte el encarcelamiento en una trampa mortal, donde la vida humana se subordina al pago de extorsiones y el castigo físico es la respuesta inmediata ante la insolvencia.
La tragedia de Oliver se agrava en un contexto de hacinamiento crítico, donde este recinto alberga a unos 850 detenidos en un espacio diseñado apenas para 100 personas, representando una sobrepoblación que supera el 566 %.
El hacinamiento, sumada a la repetición de muertes en cuestión de semanas, como fue el crimen de Júnior Rafael Velasquez Herrera, de 23 años, y la muerte de Ildelfonzo Gil, a quien le negaron de forma sistemática una medida humanitaria, evidencia una política de desprotección estatal.
Ante el silencio cómplice de las autoridades del centro policial, la ausencia de requisas tras el crimen y la flagrante impunidad que rodea estos hechos, el OVP exigió al Estado venezolano, a través de los órganos competentes, una investigación penal inmediata, imparcial y exhaustiva que identifique y sancione no solo a los autores materiales directos de este asesinato, sino también a la cadena de mando por su responsabilidad en la operación de mafias internas y la vulneración sistemática de los derechos de la población privada de libertad.
