En un video difundido hoy en Instagram, Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador de la Fundación Arcadia, lanzó una advertencia directa sobre lo que describe como la inminente activación de una “fase de ingobernabilidad” en Honduras, atribuida al partido LIBRE y a la conducción política de Manuel “Mel” Zelaya, mediante el uso de grupos de choque comúnmente denominados “colectivos”. La publicación sostiene que no se trata de protesta social ordinaria, sino de presión organizada orientada a cercar, hostigar e intimidar a adversarios políticos y a interlocutores institucionales, con el propósito de erosionar la gobernabilidad del nuevo gobierno.
El mensaje plantea que, con LIBRE fuera del control del Poder Ejecutivo, el método se reorienta hacia la desestabilización, siguiendo un libreto regional que el autor asocia al socialismo del siglo XXI y a prácticas de intimidación política observadas en otros países. El núcleo de la denuncia es que la calle se usa como instrumento para sustituir la deliberación democrática por coacción, forzar escenarios de tensión, provocar reacciones y, posteriormente, convertir el conflicto generado en un relato de “fracaso” del gobierno, con efectos concretos sobre la confianza pública, la inversión y la normalidad institucional del país.
En el desarrollo, Carmona-Borjas alude a una experiencia personal en Tegucigalpa, donde afirma haber sido víctima de un cerco y hostigamiento durante un acto público, episodio que presenta como evidencia del patrón: acciones coordinadas destinadas a impedir el ejercicio de la palabra y a imponer la idea de que un sector organizado puede decidir quién participa en el espacio público y quién debe callar. En esa lógica, el video insiste en que el fenómeno no debe interpretarse como reacción espontánea de la ciudadanía, sino como operación de presión dirigida que busca imponer costos políticos y condicionar la vida institucional.
El pronunciamiento incorpora un llamado explícito a una respuesta interna, no dependiente de declaratorias o designaciones externas, y sostiene que la contención del fenómeno exige una reacción jurídica y estatal: diferenciar con precisión la protesta legítima de la intimidación organizada, y perseguir responsabilidades más allá del ejecutor visible, alcanzando a organizadores, coordinadores y financistas. El énfasis, según el planteamiento, recae en el deber soberano del Estado hondureño de garantizar que la autoridad pública emane de la Constitución y la ley, y no de estructuras de coacción partidaria.
