Los anuncios de la semana pasada de la dirigente opositora, Dinorah Figuera y de su contraparte oficialista, Jorge Rodríguez, sobre la conformación de un consejo de juristas, encargado de revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ para los próximos doce años, generó un alborozo no sabemos si ingenuo o colaboracionista entre diversos sectores vinculados con el tema.
El cronista, que lo último que desea es oficiar de Casandra, se toma la libertad de advertir que la cosa no era para tanto.
No hemos sido ni los primeros, ni mucho menos seremos los últimos, en encender las alarmas en relación con los supuestos efectos democratizadores de la recién reformada Ley Orgánica del TSJ.
De la muy dispar correlación de fuerzas de la fraudulenta Asamblea Nacional instalada el presente año en Venezuela (90% o más de la bancada oficialista versus algo menos del 10% de la fracción opositora y, aún, a tan exiguo porcentaje, habría descontarle los llamados alacranes o colaboracionistas.
Iniciemos el análisis numérico de la cuestión, pero con efectos demoledores contra la ansiada independencia de los próximos magistrados.
De los siete integrantes del referido equipo de “revisión de credenciales”, cuatro, son de supuesta –subrayamos el precedente adjetivo— tendencia opositora y los tres restantes, no tan supuestamente, de confesa militancia oficialista. Solo que dicho consejo de juristas carece, en lo absoluto, de basamento constitucional, ni legal como tampoco se tienen noticias de las normas reglamentarias o internas que lo gobernarían. Aún más, si nos atenemos al sentido de las palabras textuales al informarse de su creación (“La conformación del Consejo de Revisión de credenciales y los requisitos de los postulados”) no hay que muy zahorí para concluir que tal conformación de credenciales se limitará a constatar si cada aspirante es, en efecto, venezolano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad, abogado, mayor de la edad requida, poseedor de alguna maestría o doctorado o trayectoria como profesor universitario, sin entrar a dictaminar quién está o no está mejor o peor calificado, porque de hacerlo, incurriría en un acto absolutamente nulo por usurpación de funciones.
Pero mientras escríbiamos la presente crónica, la designación de los miembros del otro comité, es decir el “Comité de Postulaciones” que por inconstitucional que sea, sí tiene base legal (artículo 65 de la recién reformada Ley Orgánica del TSJ), la espuria mayoría parlamentaria del oficialismo perpetró lo que ha venido perpetrando desde que se entronizaron las hordas chavistas en el Poder: Usar y abusar de su mayoría no importa lo fraudulenta que sea al imponer, del total de 11 de diputados de la Asamblea Nacional ocho de militantes del PSUV, dos militantes del partido del opositor (¿?) Capriles Radovski y un militante del partido igualmente opositor (¿?) liderazado por el exalcalde Gustavo Duque. Es decir, hasta allí llegó la “amplitud” de la pandilla oficialista demostrada en la designación del comité de juristas, antes referido, que como lo hemos demostrado, no es más que un saludo a la bandera.
Faltarían para totalizar los referidos 23 integrantes del referido “Comité de Postulaciones”, los 12 representantes de la “sociedad civil” y otra vez se impondrá la aplanadora del oficialismo para mimetizar unos vulgares activistas del partido de gobierno, tras el ropaje de vecinos, estudiantes, obreros, activistas comunitarios o como más le convenga. Tienen 27 años haciéndolo, para poner y quitar magistrados, jueces, rectores del CNE, Defensores del Pueblo, Fiscales, Contralores Generales, supuestamente “independientes” y no hay razones para que en lo sucesivo, se comporten de manera diferente.
Hace alrededor de 2.500 años el más ilustre estagirita, expresó que “Peor que una injusticia, es una mascarada de justicia”.
Huelga recordar que, entre las tareas más ingentes de ese nuevo TSJ, figuran las de dictaminar sobre la validez –para nosotros nulidad— del llamado “Mejor contrato petrolero de la Historia” como dictaminar sobre el “Cuasi mejor contrato aurífero, del coltán, de las tierras raras del “Arco Minero” de la guayana venezolana”.
Total, que si nos atenemos a las enseñanzas de Aristóteles, peor que el actual TSJ , sería un TSJ con la mascarada de independiente gracias al más impúdico fraude procesal, pero igual o peor de sumiso al llamado gobierno de la transición presidido por la honorable señora Rodriguez. O sumiso a los jefes de esta última, tan honorables como la referida matrona.
Es decir, peor el remedio que la específica metástasis del chavo-madurismo-rodriguismo.
@omarestacio
