Han pasado alrededor de 270 días desde la captura de Nicolás Maduro. La auditoría VSRTI baja a 30,2 sobre 100: muchos acuerdos, más protestas y ninguna fecha vinculante para devolverle el poder al ciudadano.
Nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela sigue esperando lo esencial: votar.
Hubo una operación militar exitosa. Maduro salió del poder y está preso. Se evitó una guerra civil. Estados Unidos recuperó influencia, abrió la puerta a grandes negocios energéticos y redujo algunos riesgos para su propia seguridad. Todo eso debe reconocerse.
Pero una operación exitosa no es una transición exitosa. Trump y Rubio prometieron estabilización, recuperación y transición. A casi 270 días, el país está estancado y en varias áreas ha retrocedido. Delcy Rodríguez gobierna sin votos. Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello continúan en la cima. La Fuerza Armada, el SEBIN y la DGCIM no han sido desmontados. El CNE no es independiente. Siguen los presos políticos. Y no existe una fecha presidencial vinculante.
Lo resumo en lenguaje común: se cortó la cabeza y se dejó el cuerpo. Maduro cayó; el sistema que lo hizo posible sigue mandando.
La auditoría baja a 30,2 sobre 100
Para separar la propaganda de los resultados actualizo cada mes la auditoría VSRTI: 48 indicadores, ocho pilares y 50 evidencias con fuente y fecha. El resultado de este corte es 30,2 sobre 100, dentro de la categoría “fracaso estratégico”. En agosto era 30,6. No avanzamos: retrocedimos.
Las tres fases del plan están débiles: Estabilización obtiene 44,3; Recuperación, 30; y Transición, 23,7. La única dimensión que aprueba parcialmente es la seguridad estratégica de Estados Unidos, con 62. Todo lo que toca la vida democrática y cotidiana del venezolano queda reprobado: transición 20, servicios públicos 23, instituciones 23, aparato represivo 26 y derechos humanos 28.
Las cuatro líneas rojas continúan activas: poder sin legitimidad electoral, presos políticos, aparato represivo intacto y ausencia de un calendario creíble. Mientras una sola permanezca encendida no puede hablarse de éxito democrático. Hoy están encendidas las cuatro.
La calle ya dio su respuesta
Mientras Washington habla de petróleo y la mesa de diálogo habla de procedimientos, los venezolanos hablan de luz, agua, salario, comida, libertad y elecciones.
La nueva ola de protestas no nació en un estudio de televisión. Nació en las casas que pasan entre 10 y 16 horas sin electricidad, en las comunidades sin agua, en los hospitales sin insumos y en los hogares donde el salario no alcanza. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 652 protestas en agosto, 288 % más que en el período comparado por el propio informe. En septiembre hubo movilizaciones en numerosos estados; una ola de más de cien protestas alcanzó 19 de las 23 entidades, y el acumulado del año rondaba las 4.200 acciones. La calle mezcló reclamos por servicios y salarios con una exigencia política cada vez más clara: fecha electoral, libertad para los presos políticos y retorno seguro de María Corina Machado.
Eso es importante. El reclamo dejó de ser solamente económico. Cuando una persona protesta porque no tiene luz y termina pidiendo elecciones, ya entendió que el apagón no es un accidente aislado: es el resultado de un sistema sin controles, sin rendición de cuentas y sin miedo al voto.
La respuesta del poder ha sido la misma de siempre: administrar el cansancio, contener la protesta y prometer que las elecciones llegarán “en el momento adecuado”. Pero el momento adecuado para quien ocupa Miraflores sin votos siempre será mañana. Y mañana nunca llega.
La mesa dialoga, pero no fija el día
La mesa encabezada por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez ya ha celebrado dos ciclos y ha producido anuncios sobre el Tribunal Supremo, el CNE, la libertad de prensa y nuevas excarcelaciones. Debo reconocer cualquier liberación y cualquier reforma real. Pero una excarcelación condicionada no es libertad plena, y una comisión preliminar no es una elección.
Foro Penal todavía contaba 344 presos políticos al 18 de septiembre. María Corina Machado fue impedida tres veces de regresar desde Panamá. Los portales y las redes siguen bloqueados. Y la mesa no ha colocado sobre la mesa lo que ordena todo lo demás: una fecha presidencial cierta, pública y vinculante.
Jorge Rodríguez evita comprometerse con un cronograma. Dinorah Figuera defiende avances graduales, pero tampoco ha logrado arrancar una fecha. Trump dice que Venezuela “todavía no está preparada”. Rubio agrega condiciones: primero estabilizar la economía, reestructurar una deuda que ronda los 240.000 millones de dólares y reconstruir instituciones. Cada mes aparece una nueva condición. La portería se mueve cuando el país se acerca.
Preparar las condiciones es necesario. Usarlas como excusa para no fijar el día es otra cosa. Una fecha no impide reparar el CNE, liberar presos, depurar el registro, habilitar candidatos y organizar observación internacional. Al contrario: obliga a trabajar, pone metas y permite medir quién cumple y quién sabotea.
El 24 de julio de 2027: una fecha para ordenar la transición
Nosotros hemos propuesto el 24 de julio de 2027, natalicio de Simón Bolívar. El senador republicano Bernie Moreno fue el primer legislador estadounidense en poner públicamente ese día sobre la mesa y lo ha reiterado. La propuesta ha recibido respaldo de dirigentes y legisladores de Estados Unidos y América Latina bajo el llamado #SetTheDate. No es una convocatoria oficial ni existe, hasta ahora, una encuesta nacional representativa que permita atribuirle un porcentaje exacto de apoyo. Sí expresa una demanda ampliamente compartida: ponerle fecha al voto y terminar con la transición indefinida.
La fecha tiene sentido práctico y político. Da casi diez meses para nombrar un CNE independiente, actualizar el registro dentro y fuera del país, liberar a todos los presos políticos, levantar inhabilitaciones, garantizar el regreso de los exiliados, abrir los medios, permitir campaña sin persecución y desplegar observación internacional técnica de la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter.
También le quita al poder su mejor herramienta: la ambigüedad. Sin fecha, Delcy administra el tiempo; Jorge Rodríguez administra la mesa; Cabello administra el miedo; y Washington administra el petróleo. Con fecha, todos quedan obligados a rendir cuentas.
No se trata de escoger un día por romanticismo. Se trata de convertir una promesa en un calendario y un calendario en obligaciones verificables. El 24 de julio puede ser discutido. Lo que ya no puede discutirse es la necesidad de fijar una fecha.
La prioridad de Trump y Rubio quedó clara
En septiembre la prioridad de Washington quedó fotografiada. Trump recibió a Delcy Rodríguez en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU. Hablaron de petróleo, deuda y estabilidad. No salió una fecha electoral. La imagen legitimó internacionalmente a quien nadie eligió.
Antes ya se habían firmado acuerdos energéticos con Chevron, Eni y GE Vernova, y el gran pacto vinculado a NABEP entregó derechos sobre 17 campos y alrededor de 65.000 millones de barriles durante cien años. Estados Unidos obtiene posición, producción e influencia. Venezuela recibe promesas de inversión. Los contratos completos siguen sin transparencia suficiente y el ciudadano continúa sin luz, sin agua y sin salario.
El petróleo puede ayudar a reconstruir Venezuela. No estoy contra la inversión. Estoy contra el orden escogido: primero el negocio; después, tal vez, la libertad. Es alquilar la casa por cien años con el mismo inquilino que la destruyó y decirle al dueño que espere en la acera.
Trump y Rubio sostienen que sin estabilidad económica una elección puede fracasar. La preocupación no es absurda. Un gobierno democrático que herede ruinas tendrá enormes dificultades. Pero la respuesta no puede ser consolidar indefinidamente a la estructura que produjo esas ruinas. La estabilidad sin legitimidad se convierte en continuidad autoritaria.
Qué tendría que ocurrir ahora
La salida no requiere otro comunicado. Requiere seis compromisos verificables: una fecha presidencial vinculante; un CNE independiente; libertad plena para todos los presos políticos; desmontaje del SEBIN, la DGCIM y los colectivos como instrumentos partidistas; habilitación y regreso seguro de todos los actores políticos; y observación internacional con acceso real a todo el proceso.
La mesa de Figuera y Rodríguez debe dejar de medir su éxito por reuniones, comisiones y fotografías. Su prueba es más sencilla: ¿acercó a Venezuela al voto o no? La Casa Blanca debe aplicar la misma regla. ¿Cada licencia, cada dólar y cada acuerdo acerca al país a una elección, o financia la permanencia de Delcy?
La presión social también necesita protección. Quien protesta por agua, electricidad, salario o elecciones ejerce un derecho, no comete un delito. Estados Unidos y los mediadores deben exigir garantías públicas para la protesta y consecuencias claras ante nuevas detenciones.
Mi conclusión
Nueve meses, alrededor de 270 días, muchos acuerdos y cero transición. El tablero bajó a 30,2 sobre 100. La calle se encendió porque el país real no cabe en los discursos de Nueva York ni en las fotografías de Miraflores.
Como analista, veo un plan estancado: la estabilización no se convirtió en recuperación y la recuperación no abrió la transición. Como venezolano, veo algo más grave: se pretende acostumbrarnos a que la libertad puede esperar mientras otros negocian nuestro petróleo y administran nuestro calendario.
No. La libertad no es una fase que se deja para el final. Es la condición que da legitimidad a todo lo demás.
El 24 de julio de 2027 ofrece un punto de llegada posible. Si alguien propone una fecha mejor, que la ponga por escrito y explique cómo llegará a ella. Pero que nadie vuelva a decir “cuando el país esté preparado” sin decir quién lo prepara, bajo qué reglas y para cuándo.
Venezuela necesita una fecha, un árbitro independiente y garantías. Necesita que el petróleo financie la reconstrucción, no la continuidad. Necesita que Trump, Rubio, Dinorah Figuera, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez dejen de administrar la espera.
Necesita una ruta real, verificable y definitiva hacia la libertad.
Esteban Gerbasi · @estebangerbasi · 3 de octubre de 2026
Nota metodológica y fuentes: Auditoría VSRTI, 48 indicadores, 8 pilares y 50 evidencias, corte al 1 de octubre de 2026. Cifras contrastadas con el tablero VSRTI y reportes de Foro Penal, OVCS, Reuters, AP, EFE, El País, la Casa Blanca y declaraciones públicas del senador Bernie Moreno. La propuesta del 24 de julio de 2027 no constituye una convocatoria oficial; no se atribuye un porcentaje de apoyo sin una encuesta representativa publicada.
