Ante la crítica situación económica que atraviesa la masa trabajadora, jubilados, pensionados y sobrevivientes, el Comité de Conflicto de los Trabajadores del estado Mérida anunció una gran movilización pacífica.
Por Lapatilla.com
La cita está pautada para el viernes 25 de septiembre a las 9:00 am, partiendo desde la plaza del Espejo hasta la Inspectoría del Trabajo en la ciudad de Mérida.
La convocatoria cuenta con el respaldo de organizaciones sindicales, gremiales y la sociedad civil para visibilizar el profundo deterioro de los ingresos y la precarización generalizada que afecta tanto al sector público como al privado.
Rómulo Morales explicó que la masa trabajadora a nivel nacional se ha organizado para marchar en cada uno de los estados, destacando que Mérida no podía quedarse fuera de esta iniciativa.
Morales denunció que los ingresos de los trabajadores se han convertido en bonos sin incidencia salarial, lo que ha provocado la eliminación de prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos, seguridad social y cajas de ahorro.
Asimismo, advirtió sobre la alarmante brecha frente al costo de vida, señalando que la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en 750,36 dólares (Bs. 581.625,07) en agosto de 2026, mientras que la canasta escolar se estima en unos 500 dólares por estudiante, desglosados en 158 dólares para uniformes y calzado deportivo y 352 dólares para la lista escolar, cifras que contrastan con un salario mínimo legal estancado en 130 bolívares.
Por su parte, Pablo Guerrero profundizó en las raíces estructurales de la crisis, señalando que el congelamiento salarial desde marzo de 2022, el recorte progresivo de prestaciones, el vaciamiento de la contratación colectiva y el colapso del sistema de pensiones buscan trasladar estos costos hacia los hombros de los trabajadores.
La protesta es por un salario real e indexado de manera automática a la canasta alimentaria, por la participación formal del Comité Nacional de Trabajadores en Conflicto y las federaciones sindicales en las mesas de negociación socioeconómica y por una auditoría social de los ingresos petroleros.
