La escalada más efectiva de la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump ocurrió silenciosamente.
A diferencia de las redadas de alto perfil anteriores que atrajeron a miles de manifestantes a las calles de Chicago, Los Ángeles y Mineápolis, el aumento de los arrestos en junio, julio y agosto fue captado en su mayor parte por imágenes granuladas de cámaras de seguridad, a través de persianas entreabiertas y desde detrás de puertas cerradas.
Los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) este verano se dispararon a niveles récord desde el inicio de este mandato de Trump —con 43.000 en junio, más de 49.000 en julio y casi 51.000 en agosto— a medida que los funcionarios eliminaron o redujeron las vías para la residencia legal en los Estados Unidos y ampliaron el grupo de personas elegibles para la deportación.
Los agentes federales aparecieron en casi todos los rincones de la vida cotidiana, y llevaron a cabo operaciones en hospitales y aeropuertos, fuera de escuelas suburbanas y a lo largo de sitios de construcción rurales y paradas de camiones. Se dispersaron desde las ciudades costeras de Maine hasta los pueblos desérticos de Arizona, a través de las llanuras abiertas de Wyoming y hacia el sur por las zonas fronterizas.
En estados liderados por republicanos como Texas y Florida, donde el aumento fue más fuerte, ampliaron su alcance a través de asociaciones con alguaciles y agentes de patrullas de carreteras estatales. En bastiones demócratas, intensificaron sus actividades a pesar de las leyes destinadas a restringirlos.
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