Ministerio Público activó canales para denunciar el maltrato animal en Venezuela
06 Aug 2025, 18:40 3 minutos de lectura

Ministerio Público activó canales para denunciar el maltrato animal en Venezuela

Por La Patilla

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Foto: Instagram/@mpublicove

 

El Ministerio Público bajo la dirección del Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram (@mpublicove) nuevas vías para denunciar casos de maltrato animal en todo el territorio nacional.

Por: lapatilla.com

La publicación, que muestra una imagen impactante de un gato con signos de violencia, busca crear conciencia sobre el maltrato a mascotas y promover la participación ciudadana en la protección de los animales.

El Ministerio Público informó que los ciudadanos pueden denunciar casos de crueldad animal a través de los siguientes canales:

En las unidades de atención a la víctima y fiscalías superiores de cada estado.

Ante los fiscales adscritos a la Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental.

A través de las redes sociales oficiales del Ministerio Público.

Mediante la línea telefónica gratuita 0800-FISCA-00 (0800-3472200).

Estas acciones forman parte de una campaña institucional para fortalecer la protección animal en Venezuela, un tema que ha ganado visibilidad en los últimos años, gracias a la presión de activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

 

 

 

 

La publicación generó diversas reacciones en Instagram. Algunos usuarios felicitaron la iniciativa del Ministerio Público, calificándola de “noble labor en pro de los animalitos”.

Otros expresaron su deseo de que estas acciones no se queden solo en redes sociales, sino que se traduzcan en acciones efectivas y sanciones ejemplares contra los agresores.

Venezuela carece de una legislación robusta y actualizada sobre protección animal, lo que ha dificultado durante años la atención a denuncias de maltrato.

 

 

 

 

Aunque existen normativas como la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, su aplicación ha sido limitada por falta de recursos, seguimiento judicial y voluntad política.

 

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