
El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, denunció este jueves 19 de noviembre que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a varias personas y las trasladaron a una casa clandestina ubicada en el este de Caracas, pese a los reportes sobre presuntos cambios en el control de los organismos de seguridad venezolanos.
Por: lapatilla.com
La denuncia vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de detención y los presuntos centros clandestinos de reclusión atribuidos a los organismos de inteligencia del Estado venezolano, así como la continuidad de estructuras señaladas por organizaciones internacionales por cometer violaciones de derechos humanos.
Alvarado difundió el señalamiento a través de su cuenta oficial en X, donde escribió: “El Sebin detiene hoy varias personas y las lleva a una casa clandestina en el este de Caracas. Sí, siguen operando. Una de las casas por cierto identificada por la Misión de Determinación de Hechos”.

El activista no ofreció mayores detalles sobre la identidad de las personas detenidas, el número exacto de afectados ni la dirección del inmueble al que presuntamente fueron trasladados. Tampoco precisó las circunstancias en las que ocurrieron los procedimientos.
El señalamiento de Alvarado adquiere especial relevancia porque se produce semanas después de que trascendieran informaciones sobre una presunta supervisión de Estados Unidos sobre las operaciones del Sebin.
El 21 de octubre, el periodista venezolano David Placer aseguró que funcionarios estadounidenses habrían comenzado a asumir el control operativo de buena parte del organismo de inteligencia, mediante una comisión integrada por representantes de distintas agencias de seguridad e inteligencia de Washington.
Posteriormente, el periodista David Alandete, del diario español ABC, publicó información sobre un supuesto acceso de autoridades estadounidenses a archivos secretos de los organismos de inteligencia venezolanos. Sin embargo, estas versiones no cuentan con confirmación oficial del Gobierno de Estados Unidos ni de las autoridades venezolanas. Tampoco se han precisado públicamente los alcances de una eventual supervisión estadounidense sobre el Sebin.
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Por tanto, la denuncia de Alvarado vuelve a plantear interrogantes sobre quién ejerce el control efectivo de las operaciones de inteligencia en Venezuela y hasta qué punto se han modificado las estructuras de seguridad que durante años fueron señaladas por prácticas represivas.
Las denuncias sobre centros clandestinos de detención en Caracas no son nuevas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, documentó el uso de estos espacios por parte de organismos de seguridad del Estado.
En su informe publicado en septiembre de 2025, la Misión advirtió que la práctica de trasladar personas detenidas a casas de seguridad o lugares clandestinos persistía. También señaló que había recibido información sobre al menos cuatro casos en los que las víctimas fueron llevadas a estos inmuebles y presuntamente sometidas a malos tratos o torturas.
Uno de los casos documentados fue el del activista político Jesús Armas, detenido el 10 de diciembre de 2024 por funcionarios del Sebin en Caracas. De acuerdo con la investigación de Naciones Unidas, Armas fue trasladado a una casa clandestina ubicada en la urbanización Colinas de Santa Mónica, en el municipio Libertador. Allí permaneció aproximadamente tres días, durante los cuales habría sido amarrado a una silla y sometido a interrogatorios bajo tortura.
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La Misión también documentó el caso de Noel Vidal Álvarez Camargo, otro activista político detenido el 10 de enero de 2025 por funcionarios del Sebin. Según la información recopilada, fue llevado a un centro clandestino en la misma urbanización, donde permaneció al menos 24 horas encapuchado y bajo vigilancia.
La preocupación por la continuidad de estas prácticas también quedó reflejada en las conclusiones presentadas el 17 de septiembre de 2026 por Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
Durante una comparecencia en Ginebra, Macher advirtió que el Sebin, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y otros organismos de seguridad del régimen chavista, continuaban funcionando sin reformas sustanciales en sus estructuras y prácticas.
La representante de Naciones Unidas sostuvo que, aunque se habían producido excarcelaciones y disminuido las nuevas detenciones políticas de larga duración, esos cambios no demostraban una transformación real del aparato de seguridad del Estado. “La disminución de algunos abusos no permite concluir, sin embargo, que el aparato que los hizo posibles haya desaparecido”, advirtió Macher.
En este contexto, la denuncia divulgada por Marino Alvarado este jueves 19 de noviembre, vuelve a encender las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la posible continuidad de los centros clandestinos de detención, incluso en medio de los reportes sobre una eventual intervención estadounidense en las operaciones del Sebin.