Bárbara Gabriela César Siero, magistrada principal del Tribunal Supremo (TSJ) y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, reveló durante la noche del martes que amenazaron a sus familiares cercanos para que firmara la arbitraria inhabilitación de María Corina Machado y otros líderes políticos.
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En una carta abierta y una grabación publicada en sus redes sociales la abogada explicó “una parte de los hechos que viví como magistrada principal”, cargo que le fue otorgado el 28 de diciembre de 2014, según la Gaceta Oficial N°. 6.165 y ratificado el 27 de abril de 2022, según Gaceta Oficial N° 6.696.
El 17 de octubre de 2023 en Bridgetown, Barbados, el Reino de Noruega a través de Dag Nylander, fue mediador entre el régimen chavista de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), “obteniendo como resultado la firma del Acuerdo de Barbados, el cual estableció garantías electorales para nuestro país”, recordó la magistrada en su carta.
El 22 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones primarias en Venezuela. El 30 octubre de 2023 la Sala Electoral del TSJ suspendió los efectos del acto.
“El 30 de noviembre de 2023 fue aprobado el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación, el cual involucró a la Sala Político Administrativa del TSJ, en la que me desempeñaba como magistrada principal y vicepresidente, lo que me dio la competencia para conocer de las demandas de los aspirantes a las elecciones en Venezuela. Desde el 1 al 15 de diciembre de 2023 diversos políticos de oposición interpusieron sus demandas ante dicha Sala, entre ellos: Leocenis Manuel García Osorio, Vicencio Scarano, Rosa Brandonisio de Scarano, Daniel Omar Ceballos Morales, Richard Miguel Mardo Mardo, Henrique Capriles Radonsky, Pablo Perez Alvarez y María Corina Machado Parisca. El viernes 15 de diciembre de 2023 vencido el lapso de interposición de demandas previsto en el Procedimiento para la Revisión de las Medidas de Inhabilitación del Acuerdo de Barbados, la ciudadana María Corina Machado representada por su abogado Perkins Rocha fue la última en interponer su demanda”, relató en su escrito.
Fue en ese entonces cuando la situación dio un vuelco.
“Mis 2 hermanos, el Tcnel. (Ej) Guillermo Enrique César Siero, el Mayor (Ej) Guillermo Henry César Siero y mi cuñada la Mayor (Ej) Diana Desiree Victora Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde ese momento no supe donde se encontraban detenidos y no tuve comunicación con ellos. A partir de ahí mis 3 familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, denunció Bárbara Gabriela César Siero.
La magistrada explicó que las preguntas sobre sus familiares no obtuvieron respuestas de parte de Gladys Gutiérez, Tarek William Saab ni Vladimir Padrino López.
En fecha 21 de diciembre de 2023 la Contraloría General de la República envió a la Sala Político Administrativa la documentación requerida sobre la inhabilitación de María Corina Machado.
“El día viernes 22 de diciembre de 2023 habiendo pasado 1 semana de la detención arbitraria de mis 3 familiares, de manera inusual se presentó en las afueras de mi despacho
la Abogada Asistente del Presidente de la Sala Político Administrativa, que a la vez es su hija, con la finalidad que me entregaran las decisiones para que las firmara, sin seguir los procedimientos regulares. Mis asistentes las recibieron y me las entregaron, ella no se retiró, se quedó esperando hasta que las firmara. Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, recordó.
Pese a colaborar con las presiones en su contra, “el 22 de enero de 2024 después de haber pasado 38 días de las detenciones arbitrarias de mis 3 familiares, el Fiscal General de la República los involucró públicamente en la supuesta ‘Operación Brazalete Blanco’ dada a conocer en una rueda de prensa. A pesar de que habían pasado 38 días desde su detención, dijo que se libraron órdenes de aprehensión en su contra. Manifestó una fecha de ocurrencia de los supuestos hechos, la cual no concuerda con su fecha de detención”.
Bárbara Gabriela César Siero insistió en su carta que “esos hechos no ocurrieron, ni esos delitos, no hubo fallecidos, ni heridos, ni disturbios, ni robos de armas en cuarteles militares, policiales, ni civiles, ni rebelión, simplemente no ocurrieron, pero miembros de mi familia si fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, incomunicados, torturados y tratados cruel e inhumanamente”.
Según su criterio, “se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de las FANB”.
Por si fuera poco, “en la noche, la nueva presidenta del TSJ (Caryslia Rodríguez) me exigió la renuncia, a la cual me opuse rotundamente, alegue que, de existir alguna razón, me destituyeran”.
“Después de varias horas y ante la presión de ambos magistrados me vi obligada a subir a mi despacho en la que se encontraban mi abogada adjunta y otros abogados adscritos al mismo, con la finalidad de redactar una carta donde me separaba temporalmente del cargo, para no entorpecer la investigación inherente a mis hermanos, los cuales continuaban desaparecidos, una vez redactada, baje a entregarla, ella al recibirla, la leyó y me exigió que no mencionara a mis hermanos, que solo renunciara, por lo que tuve que subir nuevamente a modificarla, finalmente tuve que entregar la renuncia en contra de mi voluntad solicitando que tramitara mi jubilación”, agregó.
Ningún presidente del TSJ es competente para exigir la renuncia de otro magistrado, por cuanto no se encuentra dentro de las funciones establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hacerlo es abuso de poder y extralimitación de funciones, por otra parte, la renuncia es un acto Intuito Personae, un acto volitivo, que no está sujeto a que ninguna persona se lo solicite a otra, porque de lo contrario, no es una renuncia sino un acto de coacción y en consecuencia es nulo.
“Habiendo transcurrido 40 días, mis hermanos y mi cuñada, fueron presentados a media noche ante un Tribunal de Control competente en materia de Terrorismo, sin derecho a comunicarse con nosotros ni poder nombrar abogados de confianza, el juez violando el debido proceso les impuso defensores públicos. Fueron imputados por delitos de Traición a la Patria, Conspiración Política, Terrorismo, Asociación para Delinquir y Homicidio Intencional Calificado en grado de Tentativa en contra del presidente de la República (Nicolás Maduro) y el gobernador del estado Táchira (Freddy Bernal)”.
Más de dos años después, el pasado jueves 1 de octubre de 2026, “la juez del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas, CONDENÓ a mi hermano, el Tcnel. (Ej) Guillermo Enrique César Siero, a 12 años de prisión por el delito de CONSPIRACIÓN POLÍTICA, a mi hermano, el Mayor (Ej) Guillermo Henry César Siero, lo CONDENÓ a 3 años por el delito de ENCUBRIMIENTO y a mi cuñada, la Mayor (Ej) Diana Desiree Victora Justo, la CONDENÓ a 3 años por el mismo delito, resultando absueltos de los delitos de Terrorismo, Asociación para delinquir, Traición a la Patria y Homicidio Intencional Calificado en grado de Tentativa en contra del presidente de la República y gobernador del estado Táchira”.
La magistrada explicó que “culminado el juicio decidí hacer del conocimiento público los hechos aquí narrados, evidenciando así que lo vivido por mi familia y por mi demuestra de forma contundente como el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles e inhumanos contra mis hermanos y mi cuñada como una ruin herramienta de coacción y de chantaje político”.
Además, subrayó que “la ‘Operación Brazalete Blanco’ fue denominada así por el régimen, no fue más que un libreto fabricado para perjudicar a mi familia y a muchas otras, para obligarme a renunciar y enviar un mensaje de terror al estamento militar y judicial, esta persecución sistemática confirma que las instituciones han sido instrumentalizadas para subordinar la justicia al servicio del poder, vulnerando los derechos humanos más elementales”.
A continuación, el texto íntegro publicado por la magistrada Bárbara Gabriela César Siero:
