Nicolás Maduro se convirtió en uno de los pocos imputados en la historia de Estados Unidos acusados de violar una ley federal que castiga actos de tortura cometidos fuera del país, según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters. El expediente se suma a los cargos de narcotráfico que ya pesaban sobre el exdictador venezolano y marca un giro en la estrategia de los fiscales que buscan ampliar el caso en su contra.
Por Infobae
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada ante una acusación ampliada que los señala de conspirar para torturar a opositores políticos con el fin de mantenerse en el poder. El juicio está previsto para junio de 2027.
Maduro y Flores, capturados en enero durante un operativo militar estadounidense en Caracas ordenado por el presidente Donald Trump, son la séptima y octava persona identificada por Reuters en haber sido acusada de violar una ley de 1994 que criminaliza los actos de tortura. La norma define la tortura como un acto destinado a infligir dolor físico o mental severo a una persona bajo custodia.
Solo cuatro personas han sido condenadas bajo ese estatuto hasta ahora: integrantes de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el jefe de una prisión siria durante el régimen del derrocado Bashar al-Assad, y un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.
El caso de Maduro representa la primera vez que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente autorizar el uso de la tortura en su propio país, según Michel Paradis, socio del estudio jurídico Steptoe, quien antes representó a detenidos en la base naval de Guantánamo. “Este realmente es un caso histórico”, afirmó Paradis.
Los cargos por tortura implican un cambio sustancial en el eje del proceso. Mientras Maduro y Flores siguen acusados de abusar del poder para beneficiar a narcotraficantes y enriquecerse, las nuevas imputaciones colocan en el centro del juicio los presuntos abusos a los derechos humanos ocurridos durante los 13 años de gobierno de Maduro.
Por qué los fiscales sumaron el cargo de tortura
El cargo de tortura podría fortalecer la posición de la fiscalía al permitirle construir un relato más amplio sobre cómo Maduro habría recurrido a distintos delitos para mantenerse en el poder, además de habilitar el llamado a testigos considerados más creíbles ante un jurado, según expertos legales consultados por la agencia.
“El cargo de tortura es realmente una escalada significativa”, sostuvo Artie McConnell, ex fiscal federal especializado en seguridad nacional. “Coloca estos elementos de tortura y represión política en el centro de la teoría del Gobierno”, agregó, en referencia a la fiscalía.
Los abogados de Maduro no respondieron a los pedidos de comentario de Reuters. En tanto, Mark Donnelly y Andres Sanchez, defensores de Flores, señalaron que ella es “completamente inocente” de todos los cargos y anticiparon que revisarán una moción previa para desestimar la acusación con base en la inmunidad soberana, en función de las nuevas imputaciones. Un vocero de la fiscalía federal de Manhattan, encargada del caso, declinó hacer comentarios.
La ley de 1994 fue aprobada por el Congreso estadounidense para cumplir con las obligaciones asumidas por el país bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, firmada durante el gobierno de Ronald Reagan. Cada cargo de tortura prevé penas de hasta 20 años de prisión, o cadena perpetua e incluso pena de muerte si la víctima muere a causa de la tortura. Quienes resultaron condenados bajo este estatuto recibieron sentencias de entre 60 y 97 años de cárcel.
Maduro y Flores no son elegibles para la pena de muerte porque están acusados de conspiración para torturar, no de haber cometido los actos de tortura de manera directa. La ley estadounidense solo permite presentar cargos de tortura contra ciudadanos del país o contra personas que se encuentren físicamente en territorio estadounidense, condición que se cumplió una vez que ambos fueron trasladados a Nueva York tras el operativo en Caracas.
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