Con casi treinta años de gobierno encima, ahora anuncian un proyecto de Ley de Educación Superior como si fuese tan indispensable para solventar la cantidad acumulada de problemas para la cual han hecho un mérito innegable. La Constitución es suficientemente clara e inequívoca sobre la autonomía universitaria, la inviolabilidad del recinto, el régimen presupuestario, etc., y, siendo así, por lo pronto, bastará con cumplirla como no la han hecho antes.
Esta y otras leyes que puedan ocurrírsele al despacho ministerial del ramo tienen por objetivo generar una estupenda distracción en torno al asunto fundamental que le concierne a todo el país: la transición hacia la democracia. El mejor aporte que pueden hacer es no estorbar en una dinámica que demasiado lenta, asumiendo a cabalidad la responsabilidad que tienen en la destrucción de nuestras casas de estudios.
La mejor opción es colaborar con la reconstrucción republicana, apartándose del camino. Seriedad alguna tiene que digan del legendario bloqueo económico como causal del desastre, como se le ocurrió decir al rector de la Universidad Simón Bolívar que ha arruinado académica y materialmente. Y muy bien nos sirve como ejemplo: la universidad que borró el laberinto cromo-vegetal de Cruz Diez, crió un caimán nada más y nada menos que en la caricatura de la desastrosa piscina olímpica, cuenta con un déficit alarmante de profesores, entre otros detalles. Sin embargo, el mejor ejemplo de la acción es que ese equipo rectoral cumplirá cinco largos años el 16 de los corrientes como autoridades interinas con despacho en Sartenejas, cuando debieron convocar a elecciones en 180 días hace … cinco años. El equipo rectoral permanece a pesar de todo.
¿Para qué tiempo atrás el gobierno suscribió un contrato colectivo con el sector universitario o, mejor, con un falso gremio, esto es, suscribió un contrato consigo mismo, si no hubo ocasión de reclutar y sacar siquiera a la pelea a las tales brigadas universitarias el 3-E. Y es que lo peor es que le hicieron perder el tiempo al país por estas décadas, aunque – eso, sí – tardíamente tienen por empeño una ley de universidades. Y ¿ya, para qué?
La prioridad de ahora mismo, no esa ley porque con acatar la Constitución basta y, lo demás, es hacer posible la transición. En los inicios de esta década, hicimos nuestro el proyecto de ley orgánica de universidades que aportó Aula Abierta, y lo diligenciamos en la Asamblea Nacional, cuyos ejemplares deben reposar en los archivos de la corporación legislativa.
Defendimos a la universidad venezolana en la calle, el aula, el parlamento, en fin, en todos los escenarios posibles. Reconozcan que la antigua defensa de la autonomía universitaria, como el precio bajo de la gasolina, eran banderas del más rancio oportunismo: ¿qué hicieron en ambos casos?
Se les dio cinco años de poder, pero no se contentaron y trampearon para llegar a más de tres décadas. Por eso, la universidad misma les pide: no estorben y dejen que avance la transición democrática.
