
En todo proceso de cambio político, cuando un régimen autoritario comienza a debilitarse, se activa un reflejo previsible: el pragmatismo de la supervivencia. En cuanto el poder central deja de financiar o proteger a quienes operaron como satélites, colaboradores u “oposición a la medida”, estos actores inician un proceso de mutación. Buscan migrar hacia las fuerzas mayoritarias que no fueron cooptadas.
Ese movimiento no es inocuo. Introduce un peligro real para la democratización. No se trata simplemente de sumar disidentes, sino de un problema estructural: cómo impedir que el autoritarismo se mimetice e infiltre las plataformas llamadas a sustituirlo. Sin criterios claros de preservación institucional, el regreso de estos operadores puede convertirse en el caballo de Troya que siembra las condiciones de una futura regresión autoritaria.
Frente a esa amenaza, los tres pilares del blindaje republicano (cohesión democrática, institucionalidad y valores) tienen que dejar de ser meras ideas abstractas y convertirse en mecanismos concretos de defensa.
En la política venezolana, el llamado a la “unidad de todas las fuerzas” se confunde con demasiada frecuencia con una fusión homogénea que exige pensamiento único y otorga amnistía automática a cualquiera que abandone el colaboracionismo. Esa unidad monolítica es una ficción. Y es, además, la versión que más conviene a quienes necesitan un lavado de imagen.
Lo viable y lo sano es la unión: un acuerdo estratégico entre actores distintos que, sin renunciar a sus diferencias, pactan reglas mínimas para un objetivo común. Una vez alcanzado ese objetivo (la salida del régimen y la apertura de un proceso constitucional), esa organización de circunstancias debe diluirse. Cada fuerza vuelve a competir con su propia identidad, su propio programa y su propio escrutinio ético.
La confusión entre ambas categorías no es inocente. Quienes se suman a la “unidad” en el momento de la debilidad del poder suelen hacerlo para obtener una carta de presentación limpia. Pertenecer a la coalición que “sacó al régimen” se convierte en el salvoconducto que borra, de un plumazo, historiales de complicidad financiera, judicial o política. No se les exige demostración de valores, coherencia ética ni rendición de cuentas. Solo se les pide que estén del lado “correcto de la historia” en el momento oportuno.
Permitir que figuras con historial de complicidad asuman posiciones de liderazgo destruye el activo más valioso de la alternativa cívica: su legitimidad. Si la ciudadanía percibe que la reinserción equivale a impunidad, el cinismo se apodera del electorado y erosiona la base de apoyo necesaria para sostener el cambio.
Por eso la articulación de los sectores demócratas debe pasar de una lógica puramente cuantitativa (sumar siglas y seguidores a cualquier precio) a una lógica cualitativa y condicional. Quienes regresen del colaboracionismo son bienvenidos a desmarcarse del régimen y volver al cauce constitucional. Pero el acceso a la toma de decisiones o a las candidaturas debe quedar suspendido hasta que exista una rendición de cuentas clara y una demostración sostenida de lealtad a las reglas. Una cuarentena política, en sentido estricto.
El reciclaje de cooptados prospera cuando las organizaciones políticas son frágiles ética y económicamente. Cuando estos operadores intentan reinsertarse, no llegan con las manos vacías: suelen traer estructuras de financiamiento opacas o capacidades logísticas construidas al amparo del poder. Si los partidos y las organizaciones de la sociedad civil no están blindados, ese flujo de recursos puede corromperlos desde adentro.
La selección de candidatos y directivas no puede depender de acuerdos cupulares vulnerables al chantaje o al soborno. El poder debe devolverse a las bases mediante primarias o consultas directas. Es indispensable contar con comités independientes que fiscalicen el origen de los fondos.
En el torbellino de un cambio de régimen, la urgencia de estabilidad se usa con frecuencia como excusa para normalizar conductas pasadas bajo el rótulo de “reconciliación nacional”. Aquí la cultura cívica cumple su papel más práctico a través de mecanismos eficaces de contraloría política y seguimiento ciudadano.
Una ciudadanía vigilante entiende que reconciliación no es sinónimo de complicidad. Los medios independientes, la academia y las organizaciones de derechos humanos deben actuar como custodios de la memoria: documentar historiales de votaciones, componendas judiciales y patrimonios injustificados de quienes pretenden reciclarse. El veto social y el castigo en las urnas son los anticuerpos naturales de una sociedad que se niega a aceptar que la ética pública sea negociable.
La fuga de sectores cooptados hacia las filas opositoras puede leerse, en un primer momento, como una victoria táctica: el síntoma de que el ecosistema autoritario dejó de ser rentable incluso para sus propios servidores. Convertir ese síntoma en una victoria estratégica, sin embargo, exige firmeza.
Para evitar que el autoritarismo regrese con un ropaje renovado, las fuerzas del cambio tienen que combinar justicia transicional con realismo político. El desmarque de antiguos aliados ayuda a fracturar las coaliciones del régimen, pero la confianza pública no se hereda ni se compra: se reconstruye con hechos sostenidos en el tiempo.
El futuro de la República dependerá, en buena medida, de la capacidad del sistema para asimilar a los desertores sin permitir que infecten la integridad de las nuevas instituciones.
La unión es necesaria. La impunidad no lo es.