Michael Gonzalez
En McAllen, Texas, el constructor de viviendas Mario Guerrero estaba tan frustrado por las redadas migratorias en las obras de los contratistas del sur del Estado que, a principios de este año, viajó a Washington para presionar a funcionarios federales y pedirles ayuda.
Por elpais.com
Volvió con las manos vacías.
“Nos dijeron literalmente que van a ir por toda etnicidad que no sea americana”, contó Guerrero, presidente de la South Texas Builders Association (Asociación de Constructores del Sur de Texas), al recordar sus reuniones con funcionarios del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. “Yo les dije: ‘Bueno, ¿y qué es un americano?’”.
Meses después de aquellas infructuosas reuniones invernales, a los constructores les toma el doble de tiempo terminar una vivienda básica para primeros compradores por la escasez de trabajadores, inmigrantes o nacidos en Estados Unidos, según Guerrero. Este hombre de 33 años, que votó tres veces por Donald Trump, advierte que se avecinan problemas mayores para los constructores y para la economía del país. Las pequeñas constructoras familiares deben pagar sus préstamos de construcción en el plazo de un año, explica, y una desaceleración desencadenará una cascada de problemas. Una empresa de concreto de la zona de McAllen ya se declaró en bancarrota y señaló como causa las redadas del ICE.
La feroz ofensiva del Gobierno de Trump contra los inmigrantes ha golpeado con fuerza a las industrias del país con más mano de obra inmigrante, como la construcción de viviendas, los restaurantes, la producción de alimentos y la atención sanitaria. Y no hay soluciones a la vista para el caos laboral desatado por una de las mayores operaciones migratorias desde la Gran Depresión. La producción de alimentos, por sí sola, es muy vulnerable. Un análisis de datos del censo realizado en 2020 concluyó que el 43% de los trabajadores de primera línea del sector alimentario en todo el país eran inmigrantes, y que a menudo trabajaban en condados que votaron por Trump.
Este impacto en la economía estadounidense es una de las consecuencias más visibles del empeño de Trump por sacar del país a todas las personas indocumentadas y a los inmigrantes considerados indeseables. La campaña ha provocado tragedias, incluso muertes. También ha alimentado entre los latinos y otros inmigrantes la sensación de que enfrentan una persecución sin precedentes en un país que prosperó gracias a su trabajo y del que los políticos alguna vez presumían que era “una nación de inmigrantes”.
La presión contra los inmigrantes y, a la vez, su papel vital en la economía estadounidense obligan a los líderes empresariales a lidiar con contradicciones. Muchos apoyan a Trump. Han respaldado su agenda de recortes de impuestos y desregulación, aun cuando han advertido que las deportaciones masivas les arrebatarían trabajadores valiosos, provocarían quiebras y dispararían los precios al consumidor.
Durante décadas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos ha impulsado soluciones favorables a la inmigración. Se ha unido a los sindicatos para pedir al Congreso que abra una vía hacia la residencia permanente legal —y, con el tiempo, la ciudadanía— para los trabajadores indocumentados que llevan años en el país. La Cámara y la más reciente American Business Immigration Coalition (Coalición Empresarial Estadounidense por la Inmigración) sostienen además que hay muy pocas visas de inmigrante para que los empleadores patrocinen la entrada legal de personas que cubran la escasez de mano de obra en empleos permanentes, de baja calificación pero esenciales.
Pero Trump llegó al poder prometiendo deportar a los criminales y culpando falsamente a la inmigración de hundir los salarios en Estados Unidos. Y hoy ha acelerado al máximo las deportaciones, mientras que los únicos trabajadores extranjeros que parecen agradarle son los trabajadores temporales. Aunque, de hecho, las empresas de Trump tienen un historial de contratación de trabajadores extranjeros, tanto indocumentados como trabajadores temporales con visa legal.
Según los registros, el Departamento de Trabajo aprobó una solicitud de 175 trabajadores temporales de temporada para el club Mar-a-Lago de Trump, en Florida. Eso convirtió a la Casa Blanca de invierno en el quinto mayor receptor en Florida de autorizaciones para trabajadores con visas de no inmigrante H-2B. Cuando en 2025 los empleadores protestaron por un repentino aumento de las redadas del ICE en los centros de trabajo, Trump planteó la idea de permitir que los empleadores se hicieran cargo de los trabajadores indocumentados que pudieran ser detenidos. “Pueden pagar impuestos”, dijo, y se apresuró a añadir: “No van a obtener la ciudadanía”.
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