El proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela ha sido calificado por organizaciones de la sociedad civil como una medida altamente revictimizante, fragmentada y carente de absoluta transparencia institucional.
Por Lapatilla.com
A ocho meses del primer anuncio gubernamental sobre estas liberaciones, la falta de información oficial sobre los criterios aplicados evidencia una estrategia discrecional sobre quiénes recuperan su libertad y quiénes continúan tras las rejas en condiciones de extrema vulnerabilidad jurídica.
Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, advierte que las liberaciones han ocurrido de forma muy lenta. Según los registros documentados por la organización, aunque han salido de prisión al menos 898 personas, todavía se contabilizan más de 450 prisioneros políticos en el país, lo que demuestra que la maquinaria represiva del Estado sigue intacta bajo nuevas modalidades operativas de control.
Cifras alejadas de la realidad
Al profundizar en el análisis de las estadísticas, Tineo detalla que al momento de emitirse el primer anuncio gubernamental en enero, la organización contabilizaba 1.011 presos políticos. Ya en ese instante, los equipos de documentación contaban con indicios suficientes para asegurar que la cifra real era significativamente mayor, pero la falta de información completa impedía su ingreso formal en el registro sistematizado de la organización defensora de derechos humanos.
“Si hacemos una cuenta rápida, 1.011 más 452, que son los que tenemos registrados el día de hoy, estamos hablando de más de 1.400 prisioneros políticos y efectivamente eran más, como hemos insistido. Han salido 898 de prisión, quedan 452”, explica Tineo al detallar la magnitud real de las personas encarceladas por pensar diferente, por expresar sus opiniones o por haber participado en alguna actividad política.
Esta dinámica de liberaciones no ha priorizado los casos de extrema vulnerabilidad humanitaria. Tineo señala con profunda preocupación que todavía se mantiene un registro alarmante de al menos 36 prisioneros políticos que enfrentan condiciones de salud sumamente graves, incluyendo diagnósticos de cáncer en etapa terminal, insuficiencia renal crónica, así como patologías cardiovasculares y respiratorias que comprometen seriamente su supervivencia dentro de las prisiones.
Excarcelación no significa libertad plena
Para comprender la dimensión del proceso, Tineo enfatiza que una excarcelación no equivale en absoluto a una liberación definitiva, pues la gran mayoría de los ciudadanos que han abandonado los centros de reclusión lo han hecho bajo la figura de “medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial”, lo que se traduce técnicamente en una condición de libertad vigilada y condicionada.
Ante este escenario, la vocera de Justicia, Encuentro y Perdón, señala que los beneficiarios de estas medidas viven con la amenaza constante de que los tribunales decidan revocar su estatus y deban regresar de inmediato a la cárcel, arrastrando además procesos que han pisoteado las normas elementales del debido proceso.
“La mayoría de quienes han salido se encuentran así, con procesos judiciales que además han violado desde el inicio todas las normas relativas al debido proceso. En la mayoría de los casos se les negó la designación de abogados de confianza que pudieran sostener su inocencia”, puntualiza Tineo al referirse a la precariedad legal de los excarcelados.
El hermetismo oficial
Tineo recuerda que históricamente las autoridades venezolanas han negado de manera sistemática la existencia misma de prisioneros políticos en el país. Por el contrario, ha recaído exclusivamente sobre los hombros de las ONG la monumental tarea de identificar, documentar rigurosamente y denunciar estos casos ante las instancias nacionales e internacionales.
Esta postura oficial genera una profunda contradicción que queda al descubierto cada vez que el régimen chavista anuncia liberaciones masivas bajo la presión de la comunidad internacional.
El modus operandi suele consistir en el lanzamiento de cifras abstractas de supuestos beneficiarios sin que medie la publicación simultánea de listados oficiales de nombres verificables, generando una brecha con los datos constatados por la sociedad civil en el terreno.
La persecución no ha cesado
“Lamentablemente no podemos creer que hay un cambio, no podemos afirmar que hay un cambio en el patrón. Yo creo que hablar de más de 450 prisioneros políticos en Venezuela en este momento da cuenta de que el aparato represivo se mantiene”, advierte la activista sobre la permanencia de la política de persecución a la disidencia.
Para que la crisis de derechos humanos en Venezuela comience a resolverse de manera definitiva, Tineo destaca en que el Estado debe implementar transformaciones institucionales profundas.
Para ello, el primer paso indispensable consiste en la liberación plena, absoluta e incondicional no solo de quienes continúan tras las rejas, sino también de todos los ciudadanos que han sido beneficiados con medidas sustitutivas a la privación de libertad.
“Los cambios estructurales van desde la nulidad de todas esas leyes, los cambios institucionales necesarios dentro del Poder Judicial y todos los órganos que integran al sistema de justicia, la liberación plena de todos los presos políticos y evidentemente el inicio de investigaciones que conduzcan al establecimiento de responsabilidades”, concluye Tineo, recordando que sin justicia ni rendición de cuentas, la impunidad garantizará la repetición de estos graves crímenes.
