
La mesa de negociación entre el régimen de Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 entra en una nueva etapa con acuerdos anunciados, pero también con varios asuntos sensibles que siguen sin una solución verificable: la renovación del TSJ todavía no completa su primera fase, las garantías políticas continúan bajo cuestionamiento, los presos políticos quedaron fuera de la agenda, el bloqueo de medios digitales persiste y no existe un calendario electoral ni una reforma del CNE acordada.
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El primer problema está en la justicia, precisamente uno de los puntos que el diálogo presentó como prueba de que podía comenzar a desmontar viejas estructuras. El 15 de septiembre fue publicada la reforma de la Ley Orgánica del TSJ y, con ella, quedó habilitado formalmente el procedimiento para renovar a los 32 magistrados. Sin embargo, este miércoles 23 de septiembre la Asamblea Nacional todavía no había designado la Comisión Preliminar que debe conducir la conformación del nuevo Comité de Postulaciones Judiciales.
Sin ese comité no comienza la parte verdaderamente delicada del proceso: recibir postulaciones, preseleccionar a los representantes de la sociedad civil y avanzar hacia la escogencia de los nuevos magistrados. La oposición ha presentado el arranque formal de la renovación como un paso fundamental, pero la ejecución sigue dependiendo de decisiones que corresponden al Parlamento chavista.
El segundo frente es todavía más político. Mientras la mesa habla de garantías civiles, María Corina Machado denunció nuevos obstáculos para regresar al país. Su equipo informó que la Premio Nobel de la Paz intentó volver desde Panamá tres veces esta semana y que los tres intentos fueron impedidos; con ellos, suman al menos siete los intentos frustrados de regresar a Venezuela. El dato adquiere especial relevancia porque las garantías políticas forman parte precisamente de la agenda que la delegación de Dinorah Figuera llevó al segundo ciclo.
La contradicción se vuelve todavía más visible cuando se coloca sobre la misma mesa el discurso electoral de Delcy Rodríguez. La sucesora de Nicolás Maduro aseguró ante la ONU que “en Venezuela habrá elecciones” y prometió condiciones de participación para las fuerzas políticas, pero mientras esas condiciones se discuten en Nueva York, la líder de la oposición democrática venezolana continúa fuera del país y reporta que no puede regresar. El diálogo tendrá que convertir las declaraciones generales sobre garantías en mecanismos concretos que permitan medir si realmente existen.
El tercer pendiente tiene nombre propio: presos políticos. El tema ha sido reclamado por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, pero Diosdado Cabello fue tajante al afirmar que la liberación de los detenidos por razones políticas no forma parte de las conversaciones. “Jamás se han tocado esos temas dentro de la mesa”, dijo. La propia delegación opositora, entretanto, ha mantenido reuniones con familiares y ha planteado la urgencia de las excarcelaciones.
Eso deja una situación particularmente incómoda para la negociación: mientras se habla de transición, Estado de derecho y futuras elecciones, la libertad de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos no está siendo discutida formalmente, según la versión del chavismo. Hubo excarcelaciones durante los últimos meses, pero los balances difieren entre el régimen, Foro Penal y la oposición, y varias de las personas liberadas salieron con medidas cautelares.
El cuarto punto es la libertad de expresión. El régimen anunció a mediados de septiembre el levantamiento de restricciones contra varios portales digitales, coincidiendo con el inicio del segundo ciclo de conversaciones. El gesto permitió recuperar el acceso a algunos medios seleccionados a dedo, pero no significó el levantamiento total de los bloqueos: VE Sin Filtro contabilizó al 21 de septiembre al menos 177 dominios todavía restringidos, entre ellos 73 sitios de noticias en los que está incluido La Patilla.
El problema ya no es determinar si hubo algún desbloqueo —eso está documentado—, sino si existe voluntad para desmontar de manera completa el sistema de bloqueos y establecer garantías que impidan que las mismas restricciones regresen.
Y queda el asunto que atraviesa todos los demás: las elecciones. Rodríguez prometió ante la ONU que habrá comicios, pero no puso fecha. En la mesa tampoco se ha concretado un calendario electoral ni aparece un acuerdo cerrado sobre una reforma del Consejo Nacional Electoral que establezca las condiciones institucionales para esa eventual votación. La oposición y organizaciones políticas han pedido que el tema electoral forme parte de las conversaciones, mientras la agenda de este segundo ciclo se ha concentrado en justicia, garantías civiles y políticas y libertad de expresión.
Por eso, más allá de las fotografías, los comunicados y las declaraciones sobre una supuesta nueva etapa, la verdadera prueba para el diálogo está en los puntos que todavía no tienen fecha, mecanismo ni resultado verificable. El segundo ciclo fue extendido hasta este viernes 25 de septiembre; entonces tocará determinar si la mesa consiguió convertir promesas en decisiones o si, una vez más, los asuntos más sensibles quedaron para la próxima reunión.