El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció este sábado el inicio de una reforma estructural de las principales empresas públicas del sector energético de Ucrania, incluidas Energoatom y otros operadores estatales, tras el estallido de un escándalo de corrupción que ha conmocionado al país y provocado la dimisión de dos ministros clave del Gobierno. El anuncio se produjo en un contexto de creciente presión tanto interna como internacional, mientras la nación enfrenta simultáneamente una nueva ola de ataques rusos que dejó a millones de ciudadanos sin electricidad.
Por Infobae
Zelensky comunicó a través de un mensaje en redes sociales que ya comenzó el proceso de renovación en el sector energético. El mandatario informó que en el plazo de una semana se conformará un nuevo consejo de supervisión en Energoatom, empresa pública protagonista del escándalo. En la misma línea, explicó que la reforma también alcanzará a otras compañías estatales del rubro, como el operador hidroeléctrico nacional y los responsables de la extracción y transporte de gas. Según el mismo comunicado, todas estas entidades serán objeto de una auditoría financiera integral y se llevará a cabo la renovación de sus directivos, así como de los representantes estatales que integran sus órganos de dirección.
El detonante fue la investigación exhibida el lunes por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), que develó un sistema criminal que habría desviado alrededor de USD 100 millones del sector energético, según la entidad.
La pesquisa motivó la inmediata destitución de los ministros de Justicia y de Energía, cuyos nombres se vieron relacionados con la trama y quienes renunciaron tras hacerse pública la investigación. Zelensky insistió en que cualquier irregularidad detectada en estas empresas recibirá “una respuesta rápida y justa” y ordenó mantener una comunicación “constante y constructiva” entre los responsables gubernamentales y las fuerzas de seguridad.
El epicentro de la crisis es Tymur Mindich, un empresario con fuertes lazos en el mundo del entretenimiento y viejo socio del presidente. Antes de que el caso saltara a las portadas, Mindich era descrito como una figura enigmática, con influencia creciente y bien relacionada con el entorno presidencial. Según los resultados de una investigación que se extendió durante 15 meses y fue divulgada esta semana por la NABU y la Oficina del Fiscal Especializado en Anticorrupción (SAPO), Mindich habría sido el arquitecto de la operación de malversación. Se lo acusa de controlar una red de leales encargados de sobornar a contratistas de Energoatom, exigiendo pagos de hasta el 15% a cambio de facilitar acuerdos y eliminar trabas administrativas. Los fondos obtenidos ilícitamente eran, según los investigadores, derivados a través de empresas fantasma y luego apropiados por Mindich y sus socios.
Actualmente, Mindich se encuentra fuera del país, lo que anticipa que cualquier proceso penal en su contra se desarrollará en ausencia. Además de su actividad empresarial en la industria audiovisual, Mindich mantuvo, hasta la exposición del escándalo, estrechos vínculos con figuras públicas, incluidos el propio Zelensky y el oligarca Ihor Kolomoysky, quien respaldó la campaña presidencial de 2019 y fue posteriormente arrestado. Mindich llegó a ser considerado un actor clave en la reestructuración de empresas que anteriormente pertenecían a Kolomoysky y amplió su portafolio hacia empresas agrícolas, entidades bancarias y, principalmente, energéticas.
Los críticos argumentan que la influencia de Mindich sólo fue posible gracias a su cercanía con Zelensky. Uno de los mayores cuestionamientos es que semejante esquema de corrupción no podría haber operado sin cierto grado de aprobación o, al menos, de permisividad a altos niveles del poder ejecutivo. La diputada de la oposición Inna Sovsun solicitó una investigación “exhaustiva y sin obstáculos”, mientras que el partido Solidaridad Europea de Petro Poroshenko exigió la dimisión del Consejo de Ministros y la formación de una nueva coalición. Organizaciones de la sociedad civil y figuras públicas también urgieron al presidente a reforzar su compromiso con la transparencia y a respaldar el trabajo de las entidades anticorrupción.
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