La represión política en Nicaragua ha adoptado una nueva y alarmante modalidad: las desapariciones forzadas de opositores y disidentes. Esta táctica deja a las familias en la incertidumbre y vulnera el derecho internacional. En los últimos dos años, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado la detención de ciudadanos sin informar a sus allegados ni reconocer oficialmente su arresto. Al menos dos de los desaparecidos han sido devueltos a sus familias sin vida, lo que ha incrementado el temor y la angustia entre quienes buscan a sus seres queridos. Esta práctica, considerada ilegal a nivel internacional, revive los peores recuerdos de las dictaduras latinoamericanas y pone en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en el país centroamericano.
Por Infobae
Tal como consigna The New York Times en un artículo publicado este domingo, la nueva táctica del régimen sandinista consiste en arrestar a opositores sin dejar rastro en los registros judiciales ni brindar información sobre su paradero.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cerca de tres docenas de casos en los que las autoridades nicaragüenses han negado cualquier información sobre los detenidos. De los 73 prisioneros políticos reconocidos oficialmente, casi la mitad no figura en ninguna base de datos pública de los tribunales, y sus familias desconocen los cargos que se les imputan. Los familiares recorren sin éxito cárceles y comisarías, enfrentando largas esperas y respuestas evasivas.
Entre los desaparecidos se encuentran líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores y miembros de pueblos indígenas. En al menos cinco familias, varias personas han sido arrestadas simultáneamente, y muchos de los detenidos son adultos mayores o padecen enfermedades crónicas.
El impacto de estas desapariciones en las familias es devastador. Los allegados de los desaparecidos relatan búsquedas infructuosas y un clima de hostigamiento constante.
Adolfo Hurtado, hermano de José Alejandro Hurtado —un ingeniero y activista político desaparecido en Managua—, describió cómo la familia dedicó semanas a visitar comisarías y prisiones, enfrentando obstáculos burocráticos y un desgaste emocional insostenible. “Al principio, dos hermanos y la esposa iban una vez por semana, así que tres veces por semana, durante mes y medio. Ese ritmo era insostenible para la familia”, relató a The New York Times. Además, los familiares han denunciado amenazas de arresto y confiscación de bienes si insisten en buscar información sobre sus seres queridos.
El temor a represalias ha llevado a muchas familias a no presentar denuncias ante organizaciones de derechos humanos, lo que sugiere que la cifra real de desaparecidos podría ser aún mayor.
Casos emblemáticos de desapariciones forzadas en Nicaragua
Los casos de José Alejandro Hurtado, Mauricio A. Petri, Carlos Cárdenas Cepeda y Carlos Brenes Sánchez ilustran la gravedad de la situación.
Hurtado fue arrestado en enero tras un pretexto policial y desde entonces no se ha sabido nada de él. Petri, detenido junto a su esposa e hijo en una redada contra miembros de una iglesia, fue devuelto muerto a su familia 38 días después, sin que se permitiera una autopsia. Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia católica, también fue entregado sin vida tras 15 días de detención, sin que se informara la causa de su muerte. En ambos casos, las autoridades no emitieron declaraciones públicas.
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