El régimen trabaja con método, paciencia, embuste y simulación en darle sustentabilidad a su continuidad. Todo poder que sobrevive a la ilegitimidad aprende el oficio de administrar la apariencia del cambio para evitarlo. Pero hay una verdad incómoda, la normalización. Sin embargo, por hábil que se construya, no es sostenible por mucho tiempo y menos, en términos políticos. Un Estado no puede gobernarse indefinido sobre presos, opresión, miedo y fraude electoral sin que el costo termine por desbordarlo, aún con la ayuda de colaboradores ambiciosos, sin talento, fracasados. Y no lo es, sobre todo, en términos económicos, porque no resulta compatible con los intereses que el gobierno de Estados Unidos ha decidido auspiciar en el país.
Es la paradoja que define a Venezuela. Washington necesita petróleo, minerales, oro, estabilidad y salida ordenada. Miraflores tiempo, oxígeno financiero y reconocimiento de que puede seguir gobernando sin pagar el precio político de haberlo hecho como lo hizo. Ambos intereses conviven, de momento, en una tensa cohabitación. Pero lo hacen mal, porque descansan sobre supuestos que se contradicen entre sí. No hay negocio que dure con un régimen cuya viabilidad está en cuánta traición y represión esté dispuesta a tolerar la Casa Blanca. Esa es la variable que lo soporta, no los comunicados de buena voluntad e intenciones, ni las fotografías sonrientes de negociadores estrechándose la mano.
Por eso hay que decirlo sin rodeos ni guabineo, más allá de lo que deseen, adentro y afuera de Venezuela, una transición democrática se impone como la única alternativa posible. No por idealismo, sino por aritmética política. Ningún arreglo que perpetúe el statu quo resiste el paso del tiempo sin generar más crisis de las que promete resolver.
Injusto no reconocer que las señales económicas y discursivas son consistentes con la idea de que se está reconstruyendo un Estado mínimamente gobernable. Y es importante, porque una elección que hereda un colapso, es una trampa con urnas. No se puede desear que el día después de una transición comience sobre escombros de una economía e instituciones destruidas, no tiene sentido, por eso, cierta reconstrucción previa no es concesión al régimen, es precondición para que la democracia, cuando llegue, tenga algo sobre lo cual sostenerse.
Aquí se empieza a generar más preguntas que respuestas; ¿por qué los beneficios se ejecutan de inmediato, mientras las protecciones políticas, siguen atrapadas en el limbo de lo aspiracional? La liberación de presos políticos no es un gesto amable, humanitario u opcional, es un termómetro de la buena fe. La reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral no es tecnicismo jurídico, es la diferencia entre árbitro y cómplice. Una fecha cierta para elecciones no es un detalle protocolar de calendario, es el único mecanismo capaz de convertir promesas en compromisos verificables. Mientras estos elementos sigan siendo intenciones y no hechos, está el altísimo riesgo de convertirse en lo que tantas veces ha sido en Venezuela, respiro para el poder, no para el pueblo.
Invocar la lección churchilliana, probada una y otra vez; los regímenes que sobreviven no lo hacen por convicción democrática, sino porque nadie les hace pagar el precio de no serlo. Decía el León Británico, el apaciguamiento, no compra paz; solo la alquila a un interés cada vez más alto. Y lo que hoy se le está alquilando al chavismo es tiempo para reorganizarse, blindarse, llegar a la elección no derrotado, sino como competidor rearmado con las reglas a su favor.
En los meses por venir, no importará otra declaración sobre elecciones. Venezuela ha visto morir demasiadas en el papel donde nacieron. Lo que hará la diferencia será la existencia de una condición política real, demostrable y con costos precisos si Miraflores incumple. No advertencias, ni plazos flexibles, sino consecuencias, que, al vencer, activen contundencia. La comunidad internacional y en particular Washington, tienen ante sí una elección que trasciende la coyuntura venezolana, seguir gestionando una normalización cómoda pero frágil, o construir la arquitectura de incentivos y sanciones que obligue hacia una salida democrática.
La historia de las transiciones enseña que no hay atajos gratuitos. Se puede reconstruir un Estado antes de una elección, sí. Pero reconstruido sin libertad política no es plataforma para la democracia, es apenas un régimen más eficiente. Venezuela merece algo mejor que eficiencia autoritaria. Merece que, esta vez, las palabras tengan precio.
@ArmandoMartini
