Hace unos años que Magdalena compró una vajilla que soñaba estrenar en la vivienda que pudiera otorgarle el Estado después de haberse quedado sin casa en 2012, cuando se deslizó la tierra en Catia, al oeste de Caracas, a causa de las lluvias, y su hogar se derrumbó junto con los de otras 60 familias. En ese momento fue a parar a un edificio abandonado de la avenida José Ángel Lamas, que ya era refugio de otras familias damnificadas. Algunas de ellas accedieron a una vivienda —incluso en La Guaira, que volvieron a perder después del terremoto—, pero Magdalena nunca pudo salir de ahí. En 2025, después de 13 años, murió en la espera, con su caja de platos aún sin estrenar.
Por Marcy Alejandra Rangel | El PAÍS
Los refugiados que aún esperan por el otorgamiento de una casa por parte del Estado en Venezuela se han ido acumulando a lo largo de distintas tragedias. La más conocida fue el deslave en Vargas en 1999, que dio inicio a la ocupación de edificios abandonados y dejó el camino abierto para las víctimas que vendrían en los últimos 15 años: habitantes de construcciones no planificadas en barrios populares del oeste de Caracas y La Guaira, que sufrieron la caída de su casa o la declaración de inhabitabilidad a causa de las lluvias de los años que siguieron. Cientos de familias quedaron sin casa y sin una solución permanente.
Moraima, vecina de Magdalena, sube y baja todos los días cuatro pisos de ese mismo edificio —donde permanecen 10 familias refugiadas— a pesar de su artrosis, la inestabilidad en los ligamentos y el déficit de cartílago grado 4 que no le permite flexionar las rodillas. Este padecimiento le obliga a usar bastón, caminar más lento de lo que puede y rogar que no se caiga nada al suelo, pues no puede agacharse. Vive con su hijo Abraham —paciente de autismo severo, que apenas obedece algunas de sus órdenes— y su hermano, que tiene una enfermedad cardíaca y renal. “Si vuelve a temblar, corra por las escaleras”, le dijo uno de los ingenieros después de evaluar el estado de las columnas tras los terremotos. “Pero ¿cómo corro con mi condición?”, se pregunta.
Desde entonces, ya la preocupación no es solamente que le asignen una vivienda, sino el estado de la que habita ahora, a la que ella llama “espacio humanizado” porque no es un apartamento, sino una especie de cubículo al que, durante los últimos 14 años, ha agregado colchones, sábanas que dividen los espacios y algunos electrodomésticos.
Hace unos años a Moraima le llegó la aprobación de un crédito de 8.000 bolívares (unos 10 dólares) para comprar una casa. Pero, a ese precio, solo consiguió ranchos en favelas a los que no puede acceder por su discapacidad. Desde entonces, espera o un crédito más elevado o un lugar más conveniente. Sin embargo, después de varias devaluaciones, además de que el dinero no le llega, el turno en el “mercado secundario”, que es el nombre del plan de activación de créditos para viviendas de refugiados, funciona casi como una lotería. Quién sabe cuándo le vuelva a tocar.
En la misma espera permanecen 110 familias que han llegado a la Torre Pomarrosa de Catia en los últimos 16 años en condiciones que no solo tienen que ver con desastres naturales. Hay desde afectados por operativos de supuesta seguridad llamados OLP hasta trabajadores del Estado o familias en situación de calle.
Este último es el caso de Yarcelis, una mujer de 41 años y madre de 6 hijos —uno de ellos con autismo y microcefalia—, quien vive desde hace 10 años en la torre con los dos más pequeños y su madre, quien sufre de prolapso.
Yarcelis no trabaja. Se mantiene con la ayuda que le envía su hija mayor y la madrastra de sus hijos, además de la limosna que pide. “Yo quisiera irme para donde me den porque imagínate. Con tantas cosas, a veces a uno le da depresión, porque uno a veces no tiene ni pa’comer, aunque uno tenga internet”, dice. Sin embargo, no ha intentado salir por sí misma: “Siempre he estado esperando, porque aquí dicen que si uno habla o dice algo… Le meten miedo a uno, pues. Son muchas cosas”.
La puerta del Pomarrosa se cierra con llave después de las 10 de la noche y nadie puede entrar o salir. Los vecinos comparten baño con otras 20 personas a pesar de que no llega el agua todos los días y tienen prohibido abrir las ventanas. “Nos tienen aquí como si fuéramos unas cucarachas”, dice Yarcelis.
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