Tras los anuncios de Jorge Rodríguez, relativos a la liberación de “un número importante de presos políticos”, los familiares de más de 800 presos políticos se movilizaron con grandes esperanzas hacia las cárceles en espera de tan ansiadas liberaciones. Sin embargo, estas han ocurrido con mucha lentitud, para el momento de escribir estas líneas las excarcelaciones confirmadas apenas llegan a 100. Muchos de los familiares de los presos se han trasladado desde otras ciudades y estados, haciendo sacrificios de todo tipo, durmiendo donde les cae la noche, pasando muchas necesidades, en una espera que se siente eterna.
Si ya de por sí el preso político; aquel que se encuentra detenido injustamente, sin debido proceso, muchas veces aislado y presumiblemente víctima de torturas; es una clara víctima de un sistema de justicia políticamente manipulado, los familiares de los presos también son víctimas en la medida en que sufren por su ser querido siendo carcomidos por la zozobra de no saber nada o casi nada de ellos. A ese dolor se suma el que se hayan creado altas expectativas de una inminente liberación por parte del oficialismo y que esas palabras no se cumplan con celeridad. Eso, a todas luces, es una revictimización.
En ese escenario, ¿Qué alternativas se tienen para corregir las fallas del sistema judicial? ¿Cómo puede expresarse desde las instituciones del Estado el interés por resarcir los daños y heridas infringidas a las personas? ¿Cómo las autoridades pueden mostrar compasión, misericordia y humanidad para con las víctimas?. La respuesta parece estar en la propuesta del abogado y especialista en DDHH Rafael Narváez: la aprobación de una amnistía general. Esa amnistía debe ser presentada, bien por iniciativa presidencial o bien por iniciativa de los parlamentarios, y, con la urgencia del caso, ser aprobada para que de manera inmediata y sin dilaciones los presos políticos puedan salir en libertad plena.
Una audaz decisión de amnistiar a todos los presos políticos sería recibida con entusiasmo por la población y ser una señal inequívoca de una vocación auténtica por la reconciliación nacional. Podría permitir que esos presos puedan volver a la vida pública a ejercer sus derechos civiles para que las diferencias políticas sean dirimidas en el marco institucional y no bajo la acción penal. Sería también una señal, muy clara, de que es seguro el regreso de los exiliados y el fin de la censura a la libre circulación de ideas. Podría ser, auténticamente, el fin del miedo como norma que se ha instalado en el país después de las elecciones presidenciales del 2024.
¿Cuál puede ser el obstáculo para aprobar una amnistía general? ¿Por qué habría resistencias? ¿Acaso hay quién no desee la paz y la concordia entre los venezolanos? Es momento de superar tanto los miedos como los odios frente a las ideas políticas ajenas. Es necesario debatir pública y libremente sobre los problemas del país y eso amerita, sin más dilación, que no exista ningún preso político en el país.
Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica
