El reciente levantamiento del bloqueo y la censura a los medios de comunicación es un paso en la dirección correcta, una medida que coadyuva a una transición democrática efectiva. Sin embargo, aún es parcial y limitada: si bien algunos portales web de noticias ya no están bloqueados, otros siguen sin poder operar, entre ellos La Patilla, Tal Cual y El Nacional. El retorno a la Constitución supone respetarla al pie de la letra, en particular los artículos 57 y 58 de nuestra Carta Magna. En este punto debe quedar claro que la libertad de expresión no es un derecho que admita grados: o se tiene libertad o no se tiene.
Alguien —seguramente los personeros del gobierno de facto— argumentará que la libertad de expresión debe tener límites y que la honra personal (cosa que, por ejemplo, Alex Saab está lejos de tener) merece ser protegida ante quienes abusan de ella. Pues fíjense: el equipo periodístico de Armando.info, que investigó y expuso a Alex Saab hace años, fue perseguido y sometido al exilio, mientras que ese criminal confeso tuvo la meteórica carrera de un héroe nacional. De hecho, pasó de contratista público a «diplomático» y luego a ministro sin siquiera ser venezolano. La República se habría ahorrado todo lo robado por Alex Saab si la libertad de expresión hubiera sido respetada. Y debe ser mucho el dinero del pueblo venezolano que terminó en sus bolsillos porque, tras su confesión en un tribunal norteamericano, devolverá casi 200 millones de dólares como gesto de redención: el sencillo que tenía en la cartera.
Puede que existan ocasiones en que alguien abuse de su libertad de expresión y ocasione daños a terceros; sin embargo, la experiencia internacional revela que es infinitamente mejor convivir con los abusos de la libertad de expresión que someternos a la censura del poder. En el caso de Saab, este razonamiento es más que obvio: el criminal, hallando la manera de ser protegido por el poder, hizo que sus acusadores y denunciantes fueran perseguidos mientras él se bañaba en los dólares provenientes de enriquecerse a costa del hambre padecida por los venezolanos entre 2016 y 2019. Tiempo después —con los hechos del 3 de enero de por medio— se descubrió que hasta su cédula era falsa.
La libertad de expresión es un elemento constitutivo de la democracia; sin ella, un ministro de Educación y una ministra de Educación Superior pueden decir la mentira de que el ingreso de los docentes llega a los 500 dólares sin que nadie les lleve la contraria. Pues no: se les debe decir que sus palabras están muy alejadas de la verdad y que, además, decir semejantes cosas conlleva responsabilidades personales, civiles y administrativas. Eso no es faltar al respeto ni atentar contra su dignidad humana; es, al contrario, defender el derecho de los educadores a tener un ingreso decente, proteger el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad y evitar que el país siga, vergonzosamente, «detrás de la ambulancia» en la carrera que impone la sociedad del conocimiento. Entre el derecho de los mentirosos a la honra personal y el derecho de los trabajadores a tener una vida digna, yo sí sé elegir. Y usted, amigo o amiga lectora, ¿también sabría elegir?
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica
