Hace una semana, el medio digital Crónica Uno publicó un trabajo especial sobre la incidencia de las infecciones de transmisión sexual entre adolescentes de 11 a 14 años. Citando la opinión de expertos y organizaciones especializadas en la materia, el reportaje advierte que la iniciación sexual entre los jóvenes ocurre a edades cada vez más tempranas. Esta realidad, sumada a la desinformación, fomenta prácticas inseguras que incrementan el riesgo de contraer estas enfermedades. Se trata de un problema de salud pública complejo y con múltiples aristas, pero independientemente del enfoque con que se evalúe, la responsabilidad del Estado es evidente e ineludible.
En primer lugar, resulta inaudito que la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) no esté disponible de forma gratuita y con alcance público en todos los ambulatorios del país. Más aún, debería ser de aplicación obligatoria para todos los niños y niñas a partir del quinto grado de educación básica. La administración de este biológico no solo evitaría la infección por diversas cepas del VPH, sino que prevendría el desarrollo del cáncer de cuello uterino, el más letal entre las mujeres venezolanas. Es francamente incomprensible que esto continúe sucediendo.
En enero de este año, el gobierno interino —cuando aún podía denominarse así y no lo que es hoy, un gobierno de facto— anunció la incorporación de la vacuna contra el VPH al Esquema Nacional de Inmunización. Ese embuste solo se lo creen personas ajenas a la realidad como Donald Trump o Marco Rubio, pues la verdad es que actualmente, si deseas vacunarte contra el VPH en Venezuela, debes pagar entre 150 y 200 dólares de tu propio bolsillo. Por esta y muchas otras razones, Venezuela requiere un cambio político urgente: se necesita un gobierno que verdaderamente se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica
