Julio Castellanos: El ambulatorio de Tocuyito y los menores de edad
16 Nov 2026, 09:45 4 minutos de lectura

Julio Castellanos: El ambulatorio de Tocuyito y los menores de edad

Por Opinion

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Hace unas semanas venía con mi hija en una buseta de Valencia hacia Tocuyito cuando una joven, que viajaba de pie, se desmayó justo a nuestro lado. Entre los pasajeros logramos acomodarla en un asiento y poco a poco fue recuperándose, aunque no del todo. Al ir llegando a Tocuyito, le recomendamos que acudiera al ambulatorio. El chofer, muy solidario, se desvió de su ruta para dejarnos a un paso del centro de salud. Junto con otra pasajera, mi hija y yo ayudamos a la muchacha a llegar hasta la entrada de la emergencia.

Allí nos detuvo una trabajadora del recinto. Le expliqué la situación y, acto seguido, lanzó dos preguntas:

—¿Qué edad tiene la muchacha? ¿Quién la va a acompañar adentro?

—Tengo 17 años —respondió la joven.

—Yo solo la ayudé a bajarse de la buseta y la traje hasta la puerta para que pudiera llegar —aclaré— No puedo quedarme porque debo irme.

La empleada sentenció: «No se le puede atender si no hay un mayor de edad con ella». Fin de la discusión. No hubo argumento posible para defender el derecho de esa adolescente a recibir asistencia en un centro público.

Finalmente, como se sintió un poco mejor, decidió marcharse por su cuenta a casa. La situación me pareció de lo más injusta, pero intenté convencerme de que se trataba de un hecho aislado; uno de esos tantos episodios de «discrecionalidad funcionarial» que nos agobian en este caos de país en el que nos ha sumergido la «revolución». Sin embargo, la semana pasada comprobé que no es la excepción sino la norma.

El ahijado de mi esposa acudió a ese mismo ambulatorio y le dijeron, palabras más, palabras menos, que allí no se atiende —ni por emergencia ni por consulta— a ningún menor de edad sin la compañía de un adulto. Él también tiene 17 años. En otras palabras: un adolescente que sufra un accidente o un malestar en la calle tiene cerradas las puertas de este centro asistencial dependiente de la Gobernación de Carabobo.

Esto me hizo pensar en cuántos años luz de ventaja nos lleva la salud pública en otros países. En España, por ejemplo, una joven de 16 años tiene derecho a interrumpir su embarazo en un hospital público sin siquiera tener la obligación de informar a sus padres. Aquí, en cambio, ni siquiera te atienden un desmayo teniendo 17.

Es muy probable que este desatino —por llamarlo con la decencia que no merece la decisión de excluir a los adolescentes del sistema sanitario— sea producto de algún burócrata encerrado en una oficina y abstraído de la realidad de un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja. Tan desubicado está ese funcionario que ignora el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), el cual establece textualmente:

«Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia.

Parágrafo Primero. Todos los centros y servicios de salud públicos deben prestar atención médica inmediata a los niños, niñas y adolescentes en los casos de emergencia. (…)

Parágrafo Tercero. En los casos previstos en los parágrafos anteriores, no podrá negarse la atención al niño, niña o adolescente alegando razones injustificadas, tales como: la ausencia del padre, la madre, representantes o responsables, la carencia de documentos de identidad o de recursos económicos del niño, niña, adolescente o su familia».

¿Qué debería ocurrir ante esta situación? La Gobernación de Carabobo, y específicamente sus autoridades sanitarias, deben explicar si los protocolos de atención en los centros de salud bajo su administración son compatibles con la legislación vigente y con los derechos humanos reconocidos internacionalmente para niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso si les queda tiempo entre tanta celebradera de la Navidad en noviembre.

Julio Castellanos / [email protected] / @rockpolitica

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