Un juez federal puso un freno temporal al cobro de 100.000 dólares asociado a determinadas peticiones de visas H-1B y cuestionó el procedimiento utilizado por el gobierno de Donald Trump para implementar la medida. La resolución fue emitida por Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, en el caso Global Nurse Force, et al. v. Trump.
Por La Nación
Visas H-1B: el juez cuestionó el procedimiento utilizado por el DHS
La decisión del juez federal de California impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a las agencias vinculadas aplicar las políticas utilizadas para implementar la tarifa establecida mediante la proclamación presidencial 10973 y su extensión 11069. La medida permanecerá suspendida hasta que se complete el procedimiento administrativo requerido.
El tribunal centró su análisis en la legalidad del mecanismo utilizado para establecer y aplicar el cobro. “Los demandados ignoran la contundente evidencia de los demandantes de que no pueden permitirse pagar la tarifa en primer lugar”, indicó Haywood S. Gilliam Jr. en el fallo judicial.
El juez señaló que las agencias no evaluaron alternativas ni estudiaron de manera suficiente las consecuencias de la medida sobre empleadores e instituciones que dependen de trabajadores extranjeros especializados.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Según el tribunal, el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) actuaron sin realizar el proceso de notificación y recepción de comentarios públicos que correspondía.
“Este caso no trata sobre si la proclamación impugnada es buena o mala, o la respuesta política apropiada a las preocupaciones que describe. El Tribunal considera únicamente las cuestiones legales presentadas sobre si la proclamación y las políticas de la agencia resultantes exceden la autoridad constitucional y legal del Poder Ejecutivo”, aclaró el magistrado.
La administración Trump sostuvo que sus directrices podían considerarse interpretativas y, por lo tanto, no requerían ese procedimiento. El juez rechazó esa interpretación y concluyó que las agencias habían establecido condiciones nuevas para el pago de la tarifa y habían modificado las reglas aplicables a determinados trámites H-1B.
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