Desde el año 2002 hasta la actualidad, entre el régimen oficialista y los distintos sectores de la oposición, se han celebrado más de 17 procesos de diálogo y negociación, tanto formales como exploratorios y paralelos.
En los años 2002-2003, con la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como mediadores, se firmó el acuerdo para la recolección de firmas para activar el Referendum Revocatorio contra Hugo Chávez. Después de las protestas del 2014, con UNASUR y El Vaticano como mediadores, se celebró un encuentro en Miraflores. En el año 2016, con El Vaticano, UNASUR y los expresidentes Zapatero, Torrijos, Fernández y Samper, se celebró un encuentro donde se acordó: Un calendario electoral, liberar a presos políticos y permitir la entrada de medicinas y alimentos. Entre los años 2017 y 2018, se celebró el “Proceso de Santo Domingo”, con el gobierno de República Dominicana y los cancilleres de la región como mediadores, Allí se redactó un borrador sobre garantáis electorales que el régimen no cumplió. En el año 2019, se celebraron las negociaciones de Oslo y Barbados, con el gobierno de Noruega como mediador, se discutieron propuestas sobre elecciones presidenciales con un nuevo CNE, pero el régimen pateó la mesa y se retiró. Entre los años 2021 y 2022, se celebró el “Proceso de México”, con el gobierno de México como anfitrión y el de Noruega como mediador. Se firmó un Memorandum de Entendimiento (agosto 2021) y el Segundo Acuerdo Parcial de Protección (noviembre 2022) para liberar más de $3.000 millones de dólares congelados, para uso humanitario, administrado por la ONU. En el año 2023, se celebró el “Acuerdo de Barbados”, con Noruega como mediador. Se firmaron acuerdos sobre garantías electorales, elecciones en el segundo semestre del 2024, auditorias, observación internacional y protección de activos de la nación.
El régimen de Maduro no cumplió ninguno de los acuerdos de fondo en materia democrática e institucional. Solo ejecutó compromisos tácticos, temporales y puntuales a cambio de alivió de sanciones o legitimación.
Un proceso de negociación serio y real requiere condiciones previas: Cronograma claro, mediadores imparciales, cumplimiento de acuerdos anteriores y garantías reales. Sin esto la mesa deja de ser un espacio de resolución de conflictos y se convierte en un instrumento de permanencia en el poder, como ha sucedido en Venezuela. El régimen no busca aquí una transición negociada hacia la democracia sino descompresionar la crisis, fracturar a la oposición y ganar tiempo para reorganizarse y perpetuarse en el poder.
Importantes profesionales y economistas venezolanos, especializados en “Negociación y Resolución de Conflictos”, como Moisés Naim y Gerver Torres, opinan desde un punto de vista pragmático, geopolítico y de realismo estratégico. Naim señala que en conflictos políticos complejos y prolongados como el venezolano, tarde o temprano las partes enfrentadas terminan sentándose a negociar. Torres considera que los acuerdos pacíficos requieren y necesitan de un liderazgo con estatura de estadista, capaz de ofrecer garantías, reducir el temor a las represalias y enfocarse en la viabilidad social y económica del país. Resalta que la solución no depende únicamente de la élite política en una mesa de negociación, sino de un nuevo contrato social que involucre a la sociedad civil y promueva la participación ciudadana.
La representación de la mesa de negociación de la AN 2015 carece hoy del respaldo popular fresco, del liderazgo y de la legitimidad política que le otorgaron a María Corina Machado las primarias y las recientes elecciones presidenciales. Su negativa a participar en esta mesa de diálogo no responde a una postura “anti-diálogo”, sino al rechazo explícito a formar parte de una simulación. Lo que hoy se presenta nuevamente como una mesa de negociación, no es más que la repetición de una fórmula desgastada. El objetivo es dilatar los tiempos, desgastar la presión social nacional e internacional y perpetuarse en el poder sin conceder garantías democráticas reales.
En este escenario, la firmeza de María Corina Machado a negarse a consolidar este espacio cobra una vigencia indiscutible, Negarse a participar no es rechazar la paz y la política; es negarse a ser comparsa de un nuevo fraude y sostener con coherencia, la defensa de la voluntad popular.
