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Hay que escuchar siempre a la gente común. La escucha es una obligación democrática; no es, en cambio, una abdicación del juicio. En la cola del mercado una jubilada cuenta que espera un derrame; en la televisión una polemista dice que el petróleo solo dio “un país miserable y socialista”. Ambas voces son ciertas como síntomas. Ninguna es un país. El clamor popular merece atención, pero convertirlo en sentencia inapelable es una debilidad que confunde el síntoma con el veredicto. La necesidad habla con elocuencia; no redacta leyes.
A propósito de los sucesos del 3 de enero, los venezolanos hemos vuelto a evaluar el petróleo desde una catástrofe: la de la petrolera estatal (PDVSA) y la del país. Esa catástrofe nos obliga a negociar con lo que antes llamábamos soberanía. Pero hay una diferencia decisiva entre cambiar de opinión y rendirse. Admitir la gravedad no equivale a disolver la situación con elegancia para ocultar la tesis manida de que entregar el control petrolero sería una suerte de maduración colectiva. Es el resultado de una asimetría, no de una conversión filosófica.
El montaje de ese discurso es hábil porque sustituye argumentos por escenas. La gasolina casi gratuita, el balancín como imagen de trabajo infatigable, la maestra con pensión de un dólar, la polemista que confunde petróleo con socialismo: cada figura conmueve, cada detalle indigna, cada imagen parece hablar por sí sola. Pero de ahí no sigue que “los venezolanos” hayan aceptado el despojo de su riqueza natural. Se incurre en una metonimia peligrosa: se toman casos límite por país, la excepción por norma, el dolor por programa. Una jubilada desesperada y una polemista exaltada no representan una nación; representan síntomas. La necesidad es elocuente, pero no legisladora. Puede explicar una conducta; no puede fundar un derecho.
Conviene detenerse en el argumento contrario, porque no es necio. El realista dirá que no hay alternativa: que sin administración extranjera el yacimiento se hunde, la nómina no se paga, el país se apaga; que la dignidad sin gasolina es un lujo de tribuno; que quien ha visto el naufragio de cerca no se permite el gesto. Su razonamiento tiene la fuerza de lo vivido y la tristeza de lo irreversible. Pero una cosa es reconocer la urgencia y otra otorgarle título de derecho. La necesidad explica; no legitima.
También hay paternalismo en la disyuntiva. Quienes defienden la soberanía aparecen como nostálgicos de una lotería; quienes aceptan el control extranjero, como realistas. Es una falsa alternativa, y su eficacia depende de que nadie pregunte por qué la única salida tendría que ser la administración ajena. Se puede impugnar al chavismo sin entregar reservas, y se puede criticar el fetichismo petrolero sin bendecir el pillaje. La soberanía no es gasolina barata; reducirla a eso fue el error del chavismo como antes de la cuarta repúblicay sería el error de sus críticos. Soberanía es capacidad de decidir, no promesa de riqueza ni coartada de pobreza. Confundirla con un subsidio fue una torpeza; confundirla con una reliquia sería otra.
La literatura venezolana lo dijo antes y mejor. Uslar Pietri advirtió que el petróleo era una renta y no un destino, y pidió sembrarlo; Briceño Iragorry desconfió del Estado sin proyecto; Coronil describió el Estado mágico que confunde riqueza con poder y poder con virtud. No son citas de erudición: son el palimpsesto sobre el cual este debate se escribe sin saberlo. Un país que discute su petróleo como quien discute una herencia disputada no ha salido todavía de la maldición que intenta describir.
Se usa con soltura la expresión “Estado vasallo” o “gobierno títere”, pero luego se la normaliza como si fuera una descripción neutral. No lo es: es un diagnóstico y una sentencia. Si el país es vasallo, hay que preguntar quién lo hizo y por qué; no limitarse a registrar cómo se acomodan los súbditos, ni sustituir la crítica por una sociología de la derrota. Describir la servidumbre no es explicarla, y explicarla no es legitimarla. La necesidad puede narrar el naufragio; no debe convertirse en el parte oficial de la entrega.
La actuación de Donald Trump contra Venezuela no es un episodio de realpolitik sino el guion de una farsa imperial escrita con la torpeza de quien confunde un país con un yacimiento y una nación con una cuenta pendiente. El derrocamiento de Maduro, la toma del control de las exportaciones y la alianza con un magnate petrolero envuelto en escándalos no configuran una estrategia: configuran un acto de despojo que se pretende justificar con la retórica del “reconstruir”. Bajo esa palabra late una verdad más simple y más vieja: el petróleo venezolano ha cambiado de manos, y el nuevo dueño no ha necesitado disimular el apetito.
Es la consumación de una lógica que ya no se molesta en vestirse de legalidad. El gobernante extranjero no negocia: administra. No reconoce soberanías: concede permisos. La autoridad interina —Delcy Rodríguez, para el registro— no es una interlocutora sino una funcionaria de facto que “tiene poco margen de maniobra” porque el gobierno estadounidense “determina cómo puede operar”. Esa frase, leída con detenimiento, contiene todo el diagnóstico: un país reducido a la condición de Estado vasallo, y una dirigencia que, venida del chavismo, termina administrando la entrega de aquello que un día proclamó como el corazón de la revolución.
Las expresiones prodigadas después del 3 de enero revelan el temperamento con que ese despojo se ejecuta. No son declaraciones de estadista; son desplantes de conquistador que habla de un territorio ocupado. Cuando afirma que “Venezuela es nuestra última adquisición”, no describe una operación diplomática: habla el idioma del dominio patrimonial. La palabra convierte un país en cosa, un pueblo en inventario, una soberanía en título de propiedad. Y cuando anuncia que “Venezuela será nuestro estado 51”, la hipérbole deja de ser exabrupto y se vuelve programa. Si se acepta la primera frase, la segunda no es una broma: es su traducción administrativa. El “estado 51” no requiere ejército de ocupación en el lenguaje; basta con negar elecciones, fijar tutela y administrar recursos.
Poco antes había sido más explícito: “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país”. La formulación es obscena en su candidez: el sujeto que “necesita” es Estados Unidos; el objeto que se entrega es el petróleo; y el verbo “reconstruir” designa, en realidad, la demolición de cualquier vestigio de soberanía. También dijo: “Vamos a gobernar el país hasta el momento en que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”. Gobernar un país que no es el propio, fijar plazos para una transición que no se consulta, decidir cuándo el otro está listo para merecer un gobierno: he ahí el vocabulario de la tutela colonial, pronunciado sin rubor. La “última adquisición” y el “estado 51” no son giros aislados; son la gramática completa de esa tutela.
La arrogancia alcanza su punto más lacerante cuando se refiere a la propia autoridad interina. Dijo que enfrentaría “una situación probablemente peor que la de Maduro” si no hacía “lo correcto”. La amenaza no va dirigida a un adversario ideológico, sino a una autoridad constituida que, en ese momento, encabeza el Estado. Y la remata con una frase que merece figurar en cualquier antología del desprecio: “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande”. El “creemos” y el “necesario” bastan para suprimir cualquier intermediación de la voluntad venezolana. El país no recupera su grandeza: la recupera para el proyecto de otro. La altivez se completa cuando, al anunciar el acuerdo por 65 millardos de barriles, lo presenta como “el más grande de la historia” y se jacta de que no costará “ni un centavo a los contribuyentes estadounidenses”. La gratuidad, en este caso, es el nombre elegante del saqueo.
Y luego está la negativa a permitir elecciones. “Tenemos que arreglar el país primero. No puede haber elecciones. No hay manera de que la gente pueda votar”. La frase encierra una contradicción que desnuda todo el artificio: quien se presenta como libertador de un pueblo oprimido le niega a ese pueblo la posibilidad de elegir a sus gobernantes. La democracia, tantas veces invocada como justificación del derrocamiento, queda suspendida sine die por decreto del vencedor. No es una paradoja menor: es la confesión de que el objetivo nunca fue la soberanía popular, sino el control de los recursos.
No se trata de venerar el petróleo ni de convertirlo en fetiche. Se trata de no aceptar que la única salida sea la administración extranjera; eso es elegir la comodidad de describir la rendición como cambio cultural. Llamarla por su nombre no es nacionalismo: es precisión. Una cosa es reconocer el peso de las circunstancias, otra muy distinta es otorgarles título de derecho.
A veces la realidad supera cualquier ficción por más delirante que sea. Lo que ocurre en Venezuela bajo la égida de Trump pertenece a ese registro. No porque sea inverosímil —la historia del imperialismo está llena de episodios semejantes—, sino porque la franqueza con que se enuncia el despojo roza el absurdo. Un gobernante que dice “nosotros estamos a cargo” de otro país, que exige “acceso total” a su petróleo, que llama a ese país “nuestra última adquisición”, que anuncia que será “nuestro estado 51”, que amenaza a su autoridad interina con un destino “peor” y que decide que no habrá elecciones, no está haciendo política exterior: está escenificando la vieja comedia de la fuerza que se cree dueña del mundo.
Al final queda una escena, no una doctrina: un país que mira su petróleo como quien mira el retrato de una humillación que se prolonga. Afuera, alguien redacta el parte de la entrega; adentro, alguien todavía pregunta quién firmó. La necesidad explica; no legitima.