A propósito del debate que se ha promovido en Venezuela sobre la necesidad de aprobar una nueva Ley de Universidades, conviene reflexionar sobre los desafíos que plantea el entorno nacional y global a estas instituciones, llamadas a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la sociedad del conocimiento.
Como instancia superior del sistema educativo, la universidad enfrenta el reto de reinventarse para responder a las profundas transformaciones científicas, tecnológicas, económicas y sociales de nuestro tiempo. Se requiere un nuevo paradigma que permita a esta antigua institución asumir un papel protagónico en la generación de conocimientos y en la formación de las capacidades humanas necesarias para impulsar el desarrollo. Como señalara Koichiro Matsuura, durante su gestión como director general de la UNESCO, la educación superior debe entenderse como parte esencial de la continuidad educativa y del desarrollo de las sociedades, y no como un privilegio, un lujo o un complemento prescindible de la formación de las personas.
Debe reconocerse, además, que la universidad ya no tiene el monopolio de la producción del conocimiento. Este se genera también en el mercado, en las empresas y en las grandes corporaciones, muchas de las cuales cuentan con sus propios sistemas de investigación, innovación y formación permanente de trabajadores y ejecutivos. En consecuencia, las instituciones universitarias deben fortalecer su capacidad de investigación, su vinculación con los sectores productivos y su disposición para incorporar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, sin renunciar a su misión humanista, crítica y formativa.
En el caso venezolano, la transformación universitaria debe contribuir a superar la cultura del rentismo y promover una cultura de la excelencia, el emprendimiento, la innovación y la productividad. Para ello, resulta indispensable establecer los fundamentos legales y culturales de un nuevo modelo universitario: una universidad comprometida con el desarrollo nacional, la convivencia democrática y el bienestar de la sociedad. Esta universidad debe asumir un verdadero pacto social orientado a promover la solidaridad, combatir la pobreza y la exclusión, fortalecer la cultura ciudadana y reivindicar los principios éticos y morales como activos fundamentales del capital social. De igual manera, debe contribuir a preservar y enriquecer los valores culturales propios, favorecer el diálogo entre las culturas nacionales, regionales e internacionales y facilitar la inserción de Venezuela en la sociedad global, sin renunciar a su identidad. Todo ello exige promover un desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, políticas y sociales, en armonía con el medioambiente. Supone, asimismo, fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y las instituciones políticas, dentro de un marco de pluralismo, respeto mutuo y reconocimiento de la dignidad de la persona humana.
La universidad comprometida debe ser también una escuela de ciudadanía y democracia. Su misión no puede limitarse a transmitir conocimientos sobre las instituciones políticas o los principios democráticos. Debe contribuir a formar ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, cumplir sus deberes, participar responsablemente en los asuntos públicos y comprender que la acción colectiva es indispensable para alcanzar objetivos de interés común. La formación para la ciudadanía democrática no debe ser una responsabilidad exclusiva de las universidades. Debe constituir un propósito transversal de todo el sistema educativo, desde la educación primaria y secundaria hasta la formación técnica y universitaria. Solo así será posible avanzar hacia una democracia de ciudadanos, entendida no únicamente como una forma de gobierno, sino también como una manera de convivir, participar y asumir responsabilidades en la vida colectiva.
En síntesis, el nuevo paradigma educativo y la universidad comprometida deben contribuir a superar el profundo déficit de capital social y de cultura democrática que afecta a la sociedad venezolana. La desconfianza, la debilidad de los valores compartidos y la insuficiente participación ciudadana han favorecido prácticas de populismo, caudillismo y corrupción que, junto con otros factores institucionales y económicos, explican buena parte de la crisis nacional y de nuestro rezago en materia de desarrollo.
Frente a esta realidad, el compromiso social universitario debe traducirse en acciones concretas. Desde una perspectiva humanista y solidaria, las universidades deben incorporar a sus actividades docentes, de investigación y de extensión programas que fortalezcan la cultura participativa y el compromiso cívico. Esto exige una articulación permanente con las comunidades de su entorno, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores productivos y otras instituciones educativas. El trabajo comunitario debe desarrollarse, además, con criterios de excelencia académica, evaluación de resultados y responsabilidad social. No se trata de convertirlo en una actividad meramente formal, sino de promover proyectos universitarios capaces de responder a necesidades reales, mejorar la calidad de vida de las comunidades y generar conocimientos útiles para la solución de los problemas nacionales.
Para impulsar estas transformaciones, no basta con mejorar sustancialmente las condiciones laborales y sociales de los docentes. También es indispensable proporcionarles las herramientas, la formación y las competencias necesarias para asumir los desafíos de una educación renovada. El profesor debe dejar de ser un transmisor exclusivo de información para convertirse en orientador y facilitador del aprendizaje, promoviendo el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo en equipo y la participación activa de sus estudiantes. Por su parte, el estudiante debe asumir un papel protagónico en el proceso educativo. La incorporación inteligente de las nuevas tecnologías y de metodologías pedagógicas innovadoras debe permitirle desarrollar su autonomía intelectual, fortalecer sus capacidades de investigación y convertirse en agente activo de su propia formación.
La universidad del futuro no puede conformarse con preparar profesionales técnicamente competentes; debe formar personas capaces de aprender durante toda la vida, convivir en sociedad y contribuir responsablemente al progreso colectivo.
En conclusión, la universidad comprometida debe constituir uno de los objetivos fundamentales de una nueva Ley de Universidades para Venezuela. Esta legislación debe reafirmar la educación superior como servicio público y garantizar un entorno de pluralismo académico, autonomía universitaria, libertad de cátedra y responsabilidad institucional, acompañado de mecanismos transparentes de rendición de cuentas que respeten la naturaleza y la independencia de las instituciones universitarias.
La universidad debe permanecer abierta a la investigación, la innovación, el intercambio académico nacional e internacional y la producción de nuevos conocimientos, sin limitarse a su transmisión. Debe ser, además, un centro de pensamiento crítico, formación en valores y reflexión sobre los grandes problemas nacionales, con capacidad para contribuir a la reconstrucción institucional y al desarrollo sostenible del país.
La nueva ley no debería limitarse a regular el funcionamiento de las universidades: debe crear las condiciones para que estas recuperen plenamente su autonomía, su excelencia académica y su compromiso con la sociedad. Venezuela necesita universidades libres, innovadoras y socialmente responsables, capaces de formar ciudadanos, fortalecer el capital social y contribuir a la construcción de una democracia sólida, participativa y sostenible. Ese es el verdadero alcance de una universidad comprometida: poner el conocimiento al servicio de la libertad, la dignidad humana y el desarrollo integral de Venezuela.
