El pasado martes 14 se instaló una tercera ronda de diálogo y negociaciones en la mesa que, en representación de la oposición, preside la diputada Dinorah Figueroa, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. En esta oportunidad, existen razones para esperar que el equipo opositor actúe con el respaldo explícito del Gobierno de Estados Unidos, luego de la reunión que sostuvieron el pasado 9 de octubre, en Washington, Dinorah Figueroa y el secretario de Estado, Marco Rubio. Mediante un comunicado oficial, el Departamento de Estado expresó su apoyo a las gestiones dirigidas a avanzar, a través de la mesa de negociación, hacia acuerdos que permitan garantizar las libertades políticas e impulsar una reforma electoral que asegure «elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela».
Con este respaldo internacional, corresponde a Dinorah Figueroa y a su equipo asumir el compromiso de impulsar dos acciones fundamentales e impostergables. La primera es lograr la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos. Esto incluye tanto a quienes permanecen encarcelados como a quienes, pese a haber sido excarcelados, continúan sometidos a medidas cautelares que restringen sus derechos y libertades. La libertad no puede considerarse plena mientras subsistan mecanismos de persecución judicial que mantengan a los excarcelados bajo amenaza o limiten arbitrariamente su desenvolvimiento personal y profesional. A esta exigencia se suma la necesidad de reparar los daños ocasionados por la persecución política. Un grupo importante de expresos políticos ha entregado a la diputada Figuera un proyecto de ley destinado a garantizar la devolución de los bienes incautados a los afectados y sus familiares. La restitución de esos bienes debe formar parte de una política integral de reparación, pues la recuperación de la libertad personal pierde parte de su significado cuando las víctimas continúan despojadas de su patrimonio.
La segunda acción impostergable es emprender, sin nuevas dilaciones, una reforma integral del sistema electoral, que permita restablecer las garantías democráticas y avanzar hacia la pronta convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias auténticamente libres y competitivas. Para ello, resulta fundamental que la mesa acuerde las bases de la reforma antes de proceder a la designación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. No se trata simplemente de sustituir a sus autoridades, sino de transformar las condiciones institucionales y técnicas que han generado desconfianza sobre los procesos electorales venezolanos. En este contexto, debe examinarse la sustitución del actual sistema automatizado de votación por un mecanismo de votación manual mediante papeletas, acompañado de procedimientos transparentes de escrutinio, auditoría y verificación independiente. El objetivo esencial debe ser que cada elector pueda comprobar que su voluntad ha sido respetada y que los resultados anunciados correspondan efectivamente a los votos emitidos. La reforma también debe garantizar el ejercicio efectivo del sufragio a los millones de venezolanos que residen en el exterior. Se ha anunciado una propuesta para establecer un sistema de «consulados virtuales», destinado a facilitar la actualización de los datos electorales y la participación de esta numerosa población venezolana. Sin embargo, esta iniciativa debe complementarse con mecanismos que permitan el registro de nuevos electores fuera del país, incluidos los jóvenes que ya han alcanzado la edad legal para votar, pero que carecen de cédula de identidad venezolana. No sería aceptable que las trabas administrativas o la falta de documentación, muchas veces vinculadas a las propias deficiencias institucionales, continúen privando a millones de ciudadanos de un derecho fundamental. La reforma deberá contemplar, asimismo, la actualización confiable del registro electoral, la recuperación de los derechos políticos de quienes han sido arbitrariamente inhabilitados, las garantías para la participación de todos los partidos y candidatos, y la presencia de observación electoral independiente.
La tercera ronda de negociaciones no puede convertirse en otro ejercicio de conversaciones sin resultados concretos. La experiencia venezolana demuestra que los acuerdos políticos carecen de valor real cuando no se traducen en compromisos verificables, plazos definidos y garantías efectivas de cumplimiento. La liberación plena de los presos políticos y la reforma electoral no son concesiones que deban quedar sujetas a la conveniencia de quienes ejercen el poder. Son condiciones indispensables para reconstruir la confianza pública, restablecer los derechos ciudadanos y abrir el camino hacia una solución democrática de la crisis venezolana. Con el respaldo expresado por Washington, la representación opositora tiene una oportunidad que no debe desaprovechar. Su responsabilidad es convertir ese apoyo en resultados concretos y exigir que los compromisos asumidos se traduzcan en hechos. Venezuela necesita pasar de las negociaciones a las soluciones, de las promesas a las garantías y de la liberación parcial de los perseguidos a la plena restitución de sus derechos. Pero, sobre todo, necesita recuperar el derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes. Sin elecciones auténticamente libres, no habrá una transición democrática sostenible.
