
Lo que comenzó como un rumor espoleado por las quejas de usuarios en las redes sociales, se confirmó como una realidad: la Superintendencia de Bancos (Sudeban) “suspendió temporalmente” la licencia de funcionamiento de la aplicación Kontigo, casa de intercambio de criptomonedas que se había convertido en una de las vías utilizadas por los venezolanos para superar las trabas que dificultan la adquisición de divisas.
Por infobae.com
Estallada la bomba, la fintech respondió a través de un breve comunicado que continúa “operando con normalidad, con su equipo directivo plenamente al frente de la compañía”, una manera de desmentir los comentarios que afirmaban que sus gerentes habían sido detenidos.
Kontigo apuntó que la medida impuesta por la Sudeban afecta a Oha Technology, C.A, su aliado comercial para actuar en Venezuela. “Las operaciones de conversión a bolívares y rieles nacionales de Oha Technology, C.A., presentan una suspensión temporal, que entendemos obedece a un procedimiento administrativo en curso de su regulador local por operaciones realizadas fuera del ecosistema de Kontigo y que no tienen como destinatarios a Kontigo, Inc. ni a sus directivos o accionistas”, enfatizó.
Sin embargo, este caso expone nuevamente la imagen de la compañía que hoy dice contar con 3,4 millones de usuarios y que desde su fundación en 2023 ha tenido que defenderse de acusaciones que la relacionan con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y con instituciones del régimen chavista.
Ataque
Prácticamente 48 horas después de que fuerzas especiales de Estados Unidos capturaran en Caracas a Maduro y su esposa Cilia Flores, Kontigo denunció un hackeo que afectó a más de un millar de sus usuarios y que concluyó con la sustracción de unos 340.905 USDC.
Antes de sufrir este ataque cibernético, ya habían enfrentado un duro cuestionamiento reputacional. Tanto, que el 29 de diciembre de 2025 compartieron un comunicado anunciando el inicio de “acciones legales” contra los “responsables de la publicación y circulación de información falsa, engañosa, difamatoria e incorrecta” contra la compañía fundada por los jóvenes venezolanos Jesús Castillo y Gino Guatavita.
“La realidad es que no lo hubiéramos intentado tantas veces ni hubiésemos jalado tanto mecate (adular) para que fondos como Y Combinator nos invirtieran 500 mil dólares por el 7% de la empresa si fuéramos hijos o familiares de ‘alguien’”, reaccionó Castillo, de 27 años, por medio de un video difundido en sus redes sociales.
Sin mencionarlo explícitamente, el mensaje buscaba negar su presunta vinculación con Maduro Guerra, versión que incluso fue recogida por la publicación Fintech Business Weekly del analista Jason Mikula.
Debe señalarse que ni Mikula ni ninguna otra fuente ha ofrecido una prueba irrefutable de la supuesta conexión de la empresa con el hijo de Maduro. Empero, se ha esparcido la percepción de que gracias al legislador oficialista consiguieron la licencia de la intervenida Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), para convertirse en apenas la segunda casa de exchange autorizada en Venezuela.
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