Ignacio De León: Cuando Estados Unidos se pesificó

Una lección de 1785 para quienes defienden el bolívar en nombre de la soberanía

El 8 de octubre de 2026, ante la asamblea anual de Fedecámaras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez descartó la dolarización formal de Venezuela. Dijo que “la soberanía monetaria es esencial para el crecimiento económico” y que la salida es fortalecer el bolívar. Esa semana el Banco Central fijó el dólar en unos 875 bolívares.

Hace 241 años, otra república recién nacida, endeudada y sin una moneda propia que valiera algo, se hizo la misma pregunta. Respondió al revés. El 6 de julio de 1785, el Congreso de los Estados Unidos adoptó como unidad monetaria nacional el dólar: el nombre que los angloparlantes daban al peso de plata español, el real de a ocho que se acuñaba en México, Lima y Potosí.

Dicho sin rodeos, los Estados Unidos se pesificaron. Nadie en el Congreso pensó que eso los hacía menos independientes. Pensaron, con razón, que la soberanía de un país se mide por su capacidad de resolver problemas, no por la cara impresa en sus billetes.

Un país sin moneda que valiera

En la década de 1780, los Estados Unidos tenían papel moneda de sobra y dinero confiable casi ninguno. Para financiar la guerra, el Congreso Continental emitió entre 1775 y 1779 más de 240 millones de dólares en billetes, y los estados otros 209 millones. Ambos se depreciaron hasta dejar un refrán: not worth a Continental, “no vale ni un continental”.

Lo que sí circulaba era moneda extranjera: guineas inglesas, coronas francesas, ducados holandeses y, sobre todo, pesos españoles. El real de a ocho, acuñado en América desde el siglo XVI, era la moneda del comercio mundial, aceptada de Boston a Cantón. Para los años ochenta era la pieza más usada en la costa atlántica, y el propio Congreso Continental había denominado sus billetes en “dólares españoles”.

El desorden no era solo de billetes. Cada estado llevaba sus cuentas en libras y chelines, pero cada libra valía distinto: el mismo peso español equivalía a seis chelines en Massachusetts y a ocho en Nueva York. La única medida común que todos entendían era una moneda acuñada por el rey de España.

Jefferson contra los inventores de monedas

La decisión de 1785 fue una victoria del sentido práctico sobre la ingeniería patriótica. El superintendente de Finanzas, Robert Morris, y su asistente Gouverneur Morris proponían una unidad nueva, inventada en América: 1/1440 de dólar, calculada para convertir sin fracciones las libras de todos los estados. Era ingeniosa, original y perfectamente soberana. También era inservible.

Thomas Jefferson la desmontó en 1784, en sus Notas sobre el establecimiento de una unidad monetaria. Su criterio fue simple: la unidad debe tener un tamaño cómodo para las transacciones de cada día y debe ser algo que la gente ya conozca. Concluyó que el dólar español cumplía todas las condiciones, porque era “una moneda conocida, y la más familiar de todas” para el pueblo. Y se preguntó, con ironía, cuánto trabajo costaría llevar cuentas en 1/1440 de dólar.

Propuso adoptar el dólar y dividirlo en décimas y centésimas. El 6 de julio de 1785, el Congreso, que sesionaba entonces en Nueva York, resolvió por unanimidad que la unidad monetaria de los Estados Unidos sería un dólar, con divisiones decimales. En agosto de 1786 lo definió en 375,64 granos de plata fina, el contenido aproximado del peso español.

Conviene subrayar quién hizo la propuesta. Jefferson, autor de la Declaración de Independencia y nada sospechoso de servilismo ante las coronas europeas, recomendó adoptar la moneda de una monarquía. Y lo hizo cuando España acababa de cerrar el bajo Mississippi a los barcos estadounidenses. Según el vocabulario de hoy, habría sido un entreguista.

Un dólar que era un peso

La pesificación no fue un gesto de 1785; duró setenta y dos años. Cuando el nuevo gobierno constitucional tuvo que fijar el contenido del dólar, Alexander Hamilton mandó ensayar los pesos españoles que de verdad circulaban. En su informe del 28 de enero de 1791 recomendó 371,25 granos de plata fina: el promedio de los pesos gastados que la gente llevaba en el bolsillo.

La Ley de Acuñación del 2 de abril de 1792 adoptó esa cifra. El dólar estadounidense nació, pues, como copia del peso en circulación, desgaste incluido. La Casa de la Moneda de Filadelfia entregó sus primeros 1.758 dólares de plata en 1794, una gota frente al río de pesos mexicanos.

El Congreso no fingió que la nueva moneda bastaba. La ley del 9 de febrero de 1793 dio curso legal a las monedas extranjeras y previó que, con el tiempo, todas lo perderían salvo una: el peso español y sus fracciones. Mediante leyes sucesivas, las monedas extranjeras

siguieron siendo de curso legal hasta la ley del 21 de febrero de 1857. Es decir, durante 65 años después de fundada la Casa de la Moneda.

Las huellas siguen ahí. El símbolo $ viene de la abreviatura del peso hispanoamericano. La moneda de 25 centavos existe porque equivalía a la pieza de dos reales, los two bits. Y la Bolsa de Nueva York cotizó en octavos de dólar hasta 2001, una costumbre que se remonta al real de a ocho.

Sí había soberanistas monetarios

Sería cómodo decir que entonces no había keynesianos que exigieran una moneda por estado. Pero los había, con otro nombre, y perdieron. Las colonias emitían papel moneda desde que Massachusetts lo hizo en 1690. Benjamin Franklin defendió en 1729 la “naturaleza y necesidad” del papel moneda, y luego lo imprimió para Pensilvania. Los estados usaban sus emisiones para estimular o enfriar la economía, más o menos como hoy lo haría un banco central.

Tras la guerra vino la depresión de 1784 a 1786, y con ella la presión por imprimir. En agosto de 1786 James Madison le escribió a Jefferson que el primero de los males del país era “la furia general por el papel moneda”. El caso extremo fue Rhode Island. Su legislatura emitió billetes en 1786 y, cuando se depreciaron, dictó leyes que castigaban a quien los rechazara a la par, con tribunales especiales sin jurado y sin apelación.

Un carnicero de Newport, John Weeden, se negó a vender su carne a cambio de esos billetes. En septiembre de 1786, en el caso Trevett contra Weeden, el tribunal superior desechó la acusación. La legislatura citó entonces a los jueces para que explicaran por qué habían tratado su ley como inconstitucional. Rhode Island boicoteó la Convención de Filadelfia y fue el último de los trece estados en ratificar la Constitución.

En la Convención, el 28 de agosto de 1787, Nathaniel Gorham advirtió que prohibir del todo el papel moneda despertaría la oposición desesperada de sus partidarios. Roger Sherman respondió que era el momento oportuno “para aplastar el papel moneda”. Si el Congreso podía autorizarlo, dijo, sus amigos harían lo imposible por entrar en el Congreso para autorizarlo. La moción se aprobó sin un voto en contra.

Así quedó el artículo I, sección 10: ningún estado podrá acuñar moneda, emitir billetes de crédito ni dar curso legal a otra cosa que monedas de oro y plata. Los fundadores no ignoraban el soberanismo monetario. Lo conocían de cerca, y por eso lo prohibieron en la Constitución.

Caracas, 2026

Venezuela ya hizo su resolución de 1785; solo le falta escribirla. Los precios en las tiendas se anuncian en dólares, y se pagan con billetes verdes o con USDT, la moneda digital atada al dólar. Hasta el Estado fija sus promesas en dólares: en mayo de 2026 el gobierno elevó el “ingreso mínimo integral” al equivalente de 240 dólares, pagaderos en bolívares a la tasa oficial.

El detalle revela el truco. Ese ingreso se paga como bonos, que no cuentan para prestaciones ni vacaciones. El salario mínimo legal sigue congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022: a la tasa de hoy, unos 15 centavos de dólar al mes. La soberanía monetaria tiene, como se ve, un costo; lo pagan los trabajadores y los pensionados.

El bolívar sobrevive justo donde paga el Estado: sueldos públicos, pensiones e impuestos. Y ahí se derrite. El 16 de octubre de 2026 el Banco Central fijó el dólar en 880 bolívares; un año antes estaba por debajo de 200. El FMI proyecta para este año una inflación promedio de 467,9 %, la más alta de América Latina.

Rhode Island también tiene su réplica. En junio de 2025, bajo Maduro, fueron detenidas más de 50 personas por publicar o usar el dólar paralelo, y al menos ocho economistas pasaron días presos. Era la vieja lógica de 1786: castigar al carnicero en lugar de al emisor. El resultado también fue el de 1786: el dólar oficial, que entonces rondaba los 100 bolívares, siguió subiendo sin pausa.

Queda el argumento constitucional. El artículo 318 dice que la unidad monetaria es el bolívar, pero permite adoptar una moneda común nacida de un tratado de integración latinoamericana y caribeña. La soberanía monetaria es, pues, negociable; solo se puede ceder a una moneda que no existe. Mientras tanto, desde 2008 el bolívar ha perdido catorce ceros en tres reconversiones.

Lo que el bolívar ya sabía

El propio bolívar nació de un acto práctico, no de un gesto soberanista. La Ley de Monedas del 31 de marzo de 1879, bajo Guzmán Blanco, lo creó con el patrón de la Unión Monetaria Latina: la misma plata que el franco francés. El busto del Libertador lo grabó un francés, Albert-Désiré Barre, y las monedas se acuñaron en París, en Bruselas y, más tarde, en Filadelfia. La moneda nacional por excelencia fue, en su origen, un franco con cara venezolana.

Sus mejores décadas fueron las menos “soberanas”. Desde 1934 el bolívar estuvo fijado al dólar, con pocos ajustes, y durante unos veinte años se mantuvo en 4,30 por dólar. Hasta el Viernes Negro, el 18 de febrero de 1983, fue la moneda más estable y aceptada de la región. Su prestigio no venía de la libertad de emitir, sino de la disciplina de no hacerlo.

Después vinieron los controles, las devaluaciones y las reconversiones. Hoy un dólar cuesta 880 bolívares digitales, que equivalen a unos 88.000 billones de los bolívares de 1983. La conclusión es la misma que en Estados Unidos: la soberanía monetaria llega después de la credibilidad, nunca antes. El dólar se ganó su lugar en sesenta y cinco años de convivencia con el peso; no por decreto.

Las objeciones serias

La dolarización tiene objeciones que merecen respuesta, no sarcasmo. El 9 de septiembre, la Academia Nacional de Ciencias Económicas advirtió que no corrige por sí sola el desequilibrio fiscal, que sacrifica flexibilidad ante crisis futuras y que exige condiciones que el país aún no tiene. Las tres son ciertas. Ninguna salva al bolívar.

• El prestamista de última instancia. Un banco central que rescata con una moneda que nadie quiere no rescata a nadie. Hoy en Venezuela casi no hay crédito en bolívares, ni siquiera hipotecas. Un fondo de liquidez en dólares, como el de Ecuador, cumple esa función mejor.

• El señoreaje. Con inflación de tres dígitos, el señoreaje es un impuesto que pagan quienes cobran en bolívares: los trabajadores públicos y los pensionados. Perderlo no es un costo de la dolarización; es su propósito.

• La flexibilidad cambiaria. Si devaluar diera competitividad, Venezuela sería la economía más competitiva del planeta.

• Las reservas y la reforma constitucional. Es la objeción más sólida. Comprar de golpe toda la base monetaria en bolívares requiere dólares que hoy no están, y cambiar el artículo 318 requiere un proceso político.

Aquí 1785 ofrece algo mejor que una analogía: un método. Estados Unidos no abolió su moneda de un plumazo. En 1793 le dio curso legal al peso español junto a la suya y dejó que la gente eligiera. Venezuela podría hacer lo mismo: reconocer el dólar como moneda de curso legal para salarios, contratos e impuestos, y dejar que el bolívar compita. No es una idea aislada: ese mismo 9 de septiembre, Consecomercio propuso un sistema bimonetario y la propia Academia, un régimen multimoneda. Si el bolívar es tan sólido como dice el gobierno, no tiene nada que temer.

Ese régimen tendría un efecto del que casi nadie habla: el Estado tendría que competir por sus empleados, igual que el bolívar compite con el dólar. Hoy el gobierno todavía puede recortar el salario real de maestros, médicos y policías sin anunciarlo, por la vía de la inflación. Con el dólar como moneda de curso legal, esa comparación se vuelve inevitable: cada empleado mide su sueldo en dólares todos los días, y quien tiene opciones se va al sector privado. Para retener a los mejores, el Estado tendría que pagar en términos reales, y eso exige ingresos reales, no emisión. Su tamaño terminaría ajustándose a lo que puede pagar de verdad.

Y queda la lección más importante. La competencia de 1793 funcionó porque venía con el artículo I, sección 10, que prohibía emitir papel moneda. Sin esa regla, dos monedas no bastan: Venezuela ya es bimonetaria de hecho y aun así tiene inflación de tres dígitos, porque el gobierno sigue cobrando el impuesto inflacionario a quienes cobran en bolívares, y hasta grava con 3 % los pagos en divisas. El equivalente venezolano de aquella cláusula es prohibir por ley que el Banco Central financie al fisco. El curso legal del dólar sería el 1785 de Venezuela; sin su 1787 —esa prohibición, reglas fiscales, tribunales independientes— durará lo que dure el gobierno que lo adopte.

La soberanía de Jefferson

En 1785, nadie en el Congreso sostuvo que usar la moneda del rey de España humillaba a la república que acababa de vencer al rey de Inglaterra. Tenían un problema concreto: un comercio sin unidad de cuenta y unas cuentas imposibles de cuadrar. Usaron la herramienta que funcionaba y guardaron el orgullo para algo más útil: construir instituciones.

La soberanía, en 1785 como en 2026, no es el derecho a imprimir billetes con la cara de un prócer. Es la capacidad de un Estado para resolver los problemas de sus ciudadanos. Un gobierno que paga un salario mínimo de 15 centavos en su propia moneda, mientras promete 240 dólares en bonos, no ejerce soberanía. Administra una nostalgia.

Los venezolanos ya eligieron, como eligieron los comerciantes de Boston y Nueva York hace dos siglos y medio. Jefferson los habría entendido. A fin de cuentas, él propuso lo mismo: adoptar la moneda que la gente ya usa, y dedicar la energía patriótica a que el país funcione.

Fuentes

• Thomas Jefferson, Notes on the Establishment of a Money Unit (1784)
• Resolución del 6 de julio de 1785 y estándar de 1786; la propuesta de los Morris
• Informe de Hamilton y peso del dólar de 1792; primeros dólares de 1794
• Ley del 9 de febrero de 1793; Ley de 1857; origen del símbolo $
• Emisiones de billetes 1775–1779; papel moneda y Rhode Island; Trevett contra Weeden
• Madison y la cláusula monetaria de los estados; notas de Madison, 28 de agosto de 1787
• Delcy Rodríguez en Fedecámaras, 8 de octubre de 2026
• Tasa BCV, 16 de octubre de 2026; variación interanual; proyección de inflación del FMI
• Salario mínimo e ingreso integral
• Detenciones por el dólar paralelo; economistas detenidos
  
• Artículo 318 de la Constitución
• Propuesta Ecarri-Hanke y advertencias de la ANCE; crédito en bolívares
• Sistema bimonetario de Consecomercio; régimen multimoneda de la ANCE; IGTF sobre pagos en divisas
• Ley de Monedas de 1879; monedas de Barre y sus cecas; el bolívar hasta 1983; la tasa de 4,30