La carrera de la administración Trump por ampliar los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos ha dejado una factura millonaria para los contribuyentes y una serie de proyectos abandonados, paralizados o cuestionados por sus elevados costos.
Por Sergio Gómez Maseri | El Tiempo
Así lo revela una investigación reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), organismo independiente que, por encargo del Congreso, fiscaliza el gasto federal, la cual encontró graves deficiencias de planificación en los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ampliar su capacidad de detención.
Uno de los casos más llamativos fue la compra de 11 grandes bodegas industriales por aproximadamente 1.070 millones de dólares que debían convertirse en centros de detención. Apenas unos meses después, ICE decidió intentar vender siete de esas propiedades, por las que había pagado 707 millones de dólares.
Aunque todavía se desconoce cuánto dinero podrá recuperar de su venta, el organismo estableció que ICE ya había acumulado unos 20,5 millones de dólares en gastos no recuperables relacionados con esos inmuebles.
El informe concluye que la agencia emprendió seis grandes iniciativas de expansión desde enero de 2025 sin realizar los análisis necesarios para determinar sus costos, beneficios y viabilidad. Para julio de este año ya había reducido o abandonado cuatro de ellas.
La billetera de Trump para atender su política antimigrante
La investigación se produce justo en momentos en que la administración dispone de recursos extraordinarios para su política de detenciones y deportaciones masivas. En julio de 2025, el Congreso aprobó US$ 45.000 millones adicionales para ampliar la capacidad de detención hasta 2029.
Según las cifras oficiales examinadas por GAO, el promedio diario de inmigrantes detenidos pasó de 39.314 personas cuando Trump asumió el poder, el 20 de enero de 2025, a 67.180 el 30 de julio de 2026, un aumento del 71 por ciento.
Durante el mismo periodo, el número de instalaciones autorizadas para detener a inmigrantes prácticamente se duplicó, pasando de 134 a 272.
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