Ya son casi tres décadas desde que, en Venezuela, se instaló un régimen policial con fines muy distintos a los de los partidos políticos. Ese régimen no llegó para servir, sino para servirse. Mientras delincuentes de cuello blanco se encargaron de saquear PDVSA y repartirse los dólares depositados en el Banco Central, grupos narcotraficantes se entronizaron en la estructura del Estado y tomaron el control de nuestras fronteras. Desde entonces, se acabó la paz social, nuestras libertades públicas han sido recortadas, la democracia ha sido secuestrada, y el debate político se ha degradado. Nos hemos hundido en la corrupción más rampante, y hemos retrocedido más de medio siglo en términos económicos. Como eso no puede continuar, muchos dirigentes y analistas políticos han insistido en la necesidad de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición venezolana, que garantice restablecer la convivencia civilizada, que asegure el respeto de nuestros derechos humanos, y que permita recuperar los servicios públicos, el crecimiento económico, y nuestra calidad de vida. Quienes han sufrido la persecución, la tortura, y el exilio forzado, al igual que quienes debieron renunciar a sus convicciones para poder conservar el empleo, o para obtener un plato de comida, tienen derecho a una vida digna.
Quienes hoy detentan el poder se resisten a entregarlo, con el fundado temor de que mañana podrían ser ellos las víctimas de la intolerancia y la persecución política. Por supuesto, esas preocupaciones también deben ser atendidas. Si el chavismo-madurismo tuvo como uno de sus propósitos destruir al adversario político, no vamos a rescatar la democracia para seguir haciendo lo mismo que hemos condenado. Hay que encontrar una salida política.
Sin embargo, para que cualquier acuerdo producto del diálogo sea creíble, y para que lo convenido pueda ser aceptado por todos, tiene que cumplir con ciertas condiciones mínimas. Ya ha habido varios intentos de negociación entre el gobierno y la oposición, sin que sus resultados hayan sido respetados. Por eso, no nos podemos dar el lujo de protagonizar otro diálogo condenado al fracaso. El país no aceptaría una burla más, ni un acuerdo que no respondiera al interés nacional.
En el nuevo escenario político, producto de los hechos ocurridos el 3 de enero pasado, ahora hay en marcha otra negociación, entre quienes detentan el poder -por mandato de Donald Trump- y un sector de la oposición, también escogido por Trump. Como era previsible, un diálogo de esas características, dirigido a control remoto desde la Casa Blanca, sólo ha generado más recelos que ilusiones.
En primer lugar, lo correcto es que en la mesa de diálogo estuvieran sentados quienes representan a los sectores políticos en pugna, teniendo en cuenta los liderazgos políticos reconocidos por los ciudadanos. Eso es lo que era de esperar. Una negociación genuina no puede excluir a los legítimos líderes de ambas partes, para encargarla a quienes -a ambos lados de la mesa- le resultan útiles a un empresario extranjero. Cualquier acuerdo entre quienes carezcan de legitimidad política será visto como una forma de ganar tiempo por parte de los que mandan, o como la imposición de otro país -o de un matón- que haya interferido en la integración de esa mesa de diálogo. La lógica indica que un acuerdo entre quienes responden a un mismo mandante no puede resolver una controversia entre quienes tienen intereses y preocupaciones diferentes.
Quienes insisten en la necesidad del diálogo -la cual compartimos-, citan los procesos de transición a la democracia en otros países, como Chile, Sudáfrica, o El Salvador. Pero en esos casos, y en otros, el diálogo ha correspondido directamente a quienes representaban a los sectores en pugna, y no a quienes fueran del agrado del régimen de turno, o de una potencia extranjera con intereses muy distintos a los de las grandes mayorías nacionales. En Sudáfrica, desmantelar el apartheid hubiera sido impensable sin la participación de Nelson Mandela, del mismo modo que el tránsito a la democracia en Polonia necesitaba contar con Lech Walesa. En Chile, el desmantelamiento de la dictadura no hubiera sido creíble si, desde sus inicios, se hubiera excluido a la figura de Ricardo Lagos, o de Patricio Aylwin. Por contraste, la mesa de negociación venezolana no cuenta con María Corina Machado, que hoy representa el liderazgo natural de la inmensa mayoría de los venezolanos. Sin permitir que se escuche la voz de Machado, que es la voz de millones de venezolanos, no es realista que un proceso de negociación, como el que está en marcha, pueda conducir a una solución de la crisis venezolana.
En segundo lugar, incluso asumiendo que quienes están sentados en la mesa de negociación tienen el genuino deseo de llegar a un acuerdo que responda a las aspiraciones de los venezolanos, hay límites que ese acuerdo no puede transgredir. Como se ha anunciado, éste debe ser un acuerdo político, y no otra cosa. Por lo tanto, las cuestiones judiciales pendientes, concernientes a la responsabilidad penal o civil de cualquier persona, o a la necesaria rendición de cuentas a que está obligada cualquier persona que haya administrado recursos del Estado, deben estar excluidas de ese acuerdo político. Nadie puede estar por encima de la ley, y mucho menos quienes ocupen o hayan ocupado cargos oficiales. La persecución de la corrupción y de la delincuencia organizada no es algo que se pueda negociar, excluyendo a quienes forman parte del gobierno o de la oposición.
No le corresponde a una instancia estrictamente política -como una comisión de negociación- emitir un juicio sobre la responsabilidad civil o penal que le podría caber a cualquier persona en la comisión de delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público, o de ninguno. Esa es una tarea exclusiva de los tribunales de justicia. Un dirigente político me ha comentado que muchas de las acusaciones que pesan en contra de funcionarios públicos del actual régimen son exageradas. No hay que descartar la posibilidad de que sea así, y que, incluso en el caso de que se haya cometido algún delito, el responsable del mismo sea una persona distinta de la que inicialmente haya sido señalada como tal. Pero la única instancia calificada para recibir y examinar la evidencia disponible en cada uno de esos casos, para escuchar a las partes con el respeto de las debidas garantías constitucionales, y para decidir sobre tales acusaciones, es un tribunal de justicia independiente e imparcial. Cualquier otra cosa será percibida como una maniobra de los mismos autores, o cómplices de esos crímenes, para garantizar su propia impunidad. Por lo demás, no se puede ignorar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las leyes de amnistía, los indultos, o cualquier medida de gracia relativa a violaciones de derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sentimiento del honor, la justicia, y la decencia, tampoco podrían avalar una medida de ese tipo. La cacería de brujas no es una opción; la impunidad tampoco.
No puede perderse de vista que cualquier persona decente acusada injustamente de un delito tendrá interés en limpiar su nombre, lo cual no podrá hacer con una ley de amnistía. A los ojos de la sociedad, sin la sentencia de un tribunal de justicia que los exonere de responsabilidad penal, quienes hayan sido tenidos como asesinos, torturadores, o corruptos, quedarán como tales.
El debido proceso legal y las garantías judiciales están diseñadas no sólo para proteger a los acusados, sino a la sociedad en su conjunto, que tiene derecho a que se haga justicia y que se proteja al inocente. Pero, pretender hacer borrón y cuenta nueva, tendiendo un manto de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos, de simples delitos cometidos por personas ajenas al gobierno, o de los actos de corrupción rampante de unos y de otros, no puede ser el propósito de un acuerdo político.
Por otra parte, si alguna persona está acusada de haberse apropiado de recursos del Estado, lo natural es que, luego de las investigaciones judiciales pertinentes y de la determinación de las responsabilidades a que haya lugar, esa persona deba reintegrar al Estado los recursos que son de todos. Un acuerdo político para avalar la apropiación indebida, o el saqueo del erario nacional, es inadmisible, y mucho más si ese acuerdo tiene lugar entre quienes -desde el gobierno o de la oposición- directamente o a través de sus grupos políticos, han participado en la administración de esos recursos.
En tercer lugar, la Constitución contiene un marco normativo que no se puede eludir, y que debe servir de referencia en cualquier negociación. La crisis política venezolana es una consecuencia de que no se haya respetado ese pequeño librito que algunos personajes suelen exhibir como un amuleto, pero que nunca leyeron, o que -si lo leyeron- no lo entendieron, y que nunca respetaron. Si lo que la mesa de negociación va a hacer es diseñar un menú a la carta, alejado del texto constitucional, estaría yendo por el rumbo equivocado. En ese sentido, al ponerse de acuerdo sobre las bases para restablecer la normalidad institucional, renovando a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los miembros de la mesa de negociación deberían recordar que las reglas aplicables son las que señala la Constitución. Acordar un mecanismo distinto, que viola nuestra Ley Fundamental, es la continuación de las mismas prácticas que se quieren erradicar. Lo mismo cabe decir respecto de la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, o de los otros poderes públicos. Aunque, en esa renovación de autoridades, los negociadores parecen haberse olvidado del Fiscal General de la República, del Defensor del Pueblo, y del Contralor General de la República, que -a veces por acción y otras veces por omisión- durante 27 años han sido los grandes responsables de la tragedia que vivimos. Si algunos grupos políticos van a continuar repartiéndose los cargos públicos sin tener en cuenta la idoneidad moral y profesional requerida en cada caso, sólo habremos cambiado algo para que todo siga igual.
Si, de buena fe, las partes están de acuerdo en que hay que restablecer la institucionalidad democrática, esa parece ser una tarea sencilla. Basta con restablecer la plena vigencia de la Constitución para que todos los presos políticos deban ser puestos en libertad, o para hacer posible el retorno de quienes, como consecuencia de la persecución política, en algún momento, han tenido que salir al exilio. Pero es evidente que la liberación de los presos políticos, así como el pleno restablecimiento de los derechos civiles y políticos, no es una prioridad de la mesa de negociación. Mientras se dialoga, cerca de cuatrocientas personas siguen privadas arbitrariamente de su libertad, y -con la complicidad de quienes están más pendientes de apoderarse del petróleo y del oro de Venezuela- a María Corina Machado se le impide regresar a su país.
Por supuesto, tampoco corresponde a la mesa de negociación dar por buenos los actos y contratos de interés público suscritos por un gobierno “encargado”, y que son el producto de la imposición externa. Cuando se recupere la democracia, el contenido de esos contratos tendrá que ser examinado por la Sala Constitucional de un Tribunal Supremo de Justicia independiente e imparcial, integrado por profesionales del Derecho y no por operadores políticos. Como corresponde, cualquier nuevo contrato tendrá que ser discutido públicamente, por una Asamblea Nacional legítima, que sea el resultado de elecciones libres y trasparentes. Pero no se puede avalar un contrato relativo a la explotación de los recursos de Venezuela, cuyo contenido los venezolanos todavía no conocemos, y que -según se ha anunciado- contemplaría la participación -sin licitación- de la empresa de una persona que es señalada como responsable de la apropiación de recursos del Estado que debieron destinarse a la recuperación del sistema eléctrico de Venezuela, y que es objeto de investigaciones penales en más de un país.
Se observa que no está en la mesa de negociación el reconocimiento del resultado de la última contienda electoral. Tal vez, eso es algo que habrá que aceptar, como condición para sentarse a negociar, impuesta por quienes, de facto, tienen el ejercicio del poder. Pero, si es así, la convocatoria a elecciones presidenciales debe ser un punto crucial en cualquier acuerdo político. Sobre este particular, en la reciente reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la señora Delcy Rodríguez manifestó que será el pueblo de Venezuela el que, “en su sabiduría ancestral”, decida la fecha de las mismas. De sus palabras, da la impresión de que es el pueblo venezolano el que ha decidido que éste no es el momento para celebrar elecciones. Pero hace un cuarto de siglo que, “en su sabiduría ancestral”, el pueblo de Venezuela se dotó de una Constitución que fija los lapsos para las elecciones presidenciales. De manera que tampoco es cuestión de darle largas, o esperar a que, como dice Marco Rubio, “estén dadas las condiciones” para una elección presidencial. En Venezuela, la determinación de la fecha de las próximas elecciones presidenciales es un asunto de la jurisdicción exclusiva de Venezuela, y no depende del capricho o de los intereses de un gobierno extranjero. Otra cosa es si seremos capaces de defender nuestra soberanía e independencia política.
Cualquier acuerdo político debe responder a lo que es el interés nacional, y no el interés personal o familiar de Donald Trump, o de las cúpulas políticas que han asumido la responsabilidad de negociar una salida política. Ese acuerdo debe ser el producto de lo que decidan los venezolanos, sin ninguna interferencia extrajera. El 5 de julio de 1811 nos independizamos de España y, después de un cuarto de siglo, el 3 de enero pasado marcó nuestra independencia de Cuba. Ahora es el momento de que nos pongamos de pie, y nos sacudamos el vasallaje a que nos ha sometido el actual gobierno de Estados Unidos.
No tengo razones para ser optimista respecto de lo que, con su composición actual, pueda acordarse en la mesa de negociación. Corresponderá a los integrantes de la misma ganarse el respeto y la confianza de los ciudadanos. Sin duda, quienes han asumido esa negociación pasarán a la historia de Venezuela; pero dependerá de ellos, y de su conducta, hacerlo como villanos o como personas decentes, que supieron interpretar las aspiraciones de los venezolanos, y que se esforzaron por rescatar la democracia y la libertad. Un país abrumado por los desastres, la mayoría de los cuales no son imputables a la naturaleza, sino a nuestra dirigencia política, así lo demanda.
