El pasado martes 7 de octubre se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1999, para resaltar la aspiración universal de las personas por contar con un empleo digno, productivo y con derechos.
En Venezuela, tras más de tres años de estancamiento del salario mínimo, las pensiones y jubilaciones. el ingreso ha caído a niveles tan bajos que ha generado una generalizada precarización del empleo.
Bajo el término ingreso mínimo vital, la administración Maduro ha adelantado la flexibilización de las relaciones de trabajo, desconociendo las conquistas de los trabajadores y el método de fijación del salario, basado en el diálogo tripartito.
En la semana de la Jornada Mundial por el Empleo Decente, conversamos con Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), sobre el impacto que la política laboral del gobierno ha tenido sobre el ingreso de los universitarios y el papel del gremio y la Universidad en los actuales momentos.
– En 2022 se produjo el último aumento de salarios, pensiones y jubilaciones, decretado por el Ejecutivo venezolano. Ese estancamiento del ingreso ha impactado seriamente la capacidad de consumo y ahorro de los trabajadores y sus familias.
¿Crees que esta situación sea una consecuencia de factores externos, cómo las sanciones económicas, o más bien forma parte de una política deliberada del gobierno venezolano?
El estancamiento del ingreso y la caída del consumo y ahorro de los trabajadores, es una consecuencia directa de la congelación de los salarios en Venezuela desde marzo de 2022 a la fecha.
Efectivamente, las sanciones comerciales y financieras que existen sobre Venezuela, son un factor que afecta a la economía venezolana.
Sin embargo, es preciso indicar que, si bien es cierto, retomar los salarios desde el mínimo a las remuneraciones medias, las de más alto nivel, a estándares óptimos, es una realidad que no se presenta en Venezuela como viable a corto plazo, es conveniente señalar que el nivel de precariedad del ingreso en la actualidad se deriva de una política de Estado, orientada a suprimir el salario en Venezuela.
De otro modo, no es posible entender que tienda a cero.
El salario mínimo nacional en Venezuela a la fecha no alcanza los 70 centavos de dólar.
Durante un año, las centrales sindicales, el gremio de empresarios privados y el gobierno discutieron sobre el Convenio 26 sobre Salario Mínimo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta discusión fue facilitada por representantes de esta instancia internacional.
Se aprobó un método para la fijación del salario y, al menos las centrales sindicales, a través de los estudios de sus asesores económicos demostraron que existen recursos para hacer viable un aumento de salario.
Estas centrales propusieron $200 como salario mínimo.
Sin embargo, al margen de la cifra, si es 200, si es 190, si es 210, quedaba claro que existían recursos para poder aumentar el salario y mostrar señales e interés de querer iniciar un camino para su recuperación.
El gobierno desestimó todos estos razonamientos, que se resumen en forma muy fácil o muy precisa en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, el incremento de la producción petrolera. Del 2021 a la actualidad se ha incrementado casi un 300%, de 370.000 barriles diarios se llegó al millón.
Estas cifras las afirma el mismo gobierno.
Del mismo modo, la política tributaria es verdaderamente agresiva. El gobierno señala que lo que recauda por impuesto sobre la renta, siempre ha superado lo que ha proyectado.
El impuesto al valor agregado pecha en un 16% el precio de los productos y el impuesto a las grandes transacciones, que pueden ser compras al detal, pero que son pagadas en divisa, pone un 3% más por impuesto a cada producto.
Es decir, las compras en dólares pagan un 19% y el resto de las compras un 16% al fisco venezolano.
De igual modo, en la zona denominada Arco Minero, existe poca claridad sobre los recursos que allí se desarrollan. No es un debate público, no pasa por el parlamento, pero indudablemente genera alguna actividad comercial y algunos ingresos para la nación.
Al mismo tiempo, los servicios públicos están indexados en dólar.
De modo que el gobierno elude el tema de aumentar el salario con base en las sanciones económicas que existen sobre el país y lo cual, aunque pudiera tener en algo razón, a nuestra manera de ver las cosas es absolutamente imparcial.
Además, tenemos referencia de naciones como Cuba, Siria, Rusia e Irán, en los que el salario mínimo es muy superior al venezolano, pero muy superior.
El salario mínimo en Siria es alrededor de $77, un país con guerra civil por décadas y con sanciones comerciales y financieras más severas que las que tiene Venezuela, mientras que nuestro país no alcanza 70 centavos de dólar.
De modo que sí, hay una política de estado orientada a suprimir el salario como un hecho social, como un hecho real.
Lo ha venido sustituyendo con unas bonificaciones que no tienen incidencia de ningún tipo en los derechos laborales, que desconocen lo que está escrito en las contrataciones colectivas, que no generan ninguna aportación a la Seguridad Social y que se convierten en transferencia directas, homologadas, que restan valor al trabajo en Venezuela.
– El Diálogo Social y las recomendaciones de la OIT y sus órganos, parecían ser una oportunidad para que el gobierno venezolano adoptara políticas y medidas encaminadas a cumplir sus deudas y obligaciones en el marco de la Justicia Social.
¿Qué logros se alcanzaron en ese proceso y por qué parece haber fracasado después del amplio auspicio de la OIT, centrales sindicales y federaciones patronales?
El logro más significativo del Foro de Diálogo Social, sin duda fue la aprobación de un método de fijación del salario mínimo.
Se aprobó el método, lo que no pudo consensuarse fue la propuesta del sector empresarial y de los sindicatos, no se concretó ningún tipo de aumento del salario mínimo.
Y el segundo más importante fue que, por supuesto, significó un episodio de democratización de las relaciones laborales del cual el país tiene enormes carencias.
El diálogo social es positivo en todas las crisis. Diría que no solo es positivo, es imprescindible.
Que ocurriese al menos durante un, pese a no tener ningún resultado, siempre es algo positivo. Lo importante es, para que no sea desestimado por la sociedad, ni por los actores que participan en él, es que eso se pueda traducir también en acuerdos y en logros concretos.
– Precisamente, en 2022, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) publicó un instructivo que fue denunciado por desconocer las inter-escalas salariales y las convenciones colectivas del sector público. El instructivo ONAPRE catalizó centenares de protestas a nivel nacional, pero el Ejecutivo no cedió ante las demandas de gremios y sindicatos.
¿Cuál es la situación, hoy día, en materia salarial en el sector universitario?
La realidad salarial del sector universitario, como la de todo el país, es absolutamente precaria.
El salario de los universitarios tiende a cero. El de los profesores universitarios oscila entre uno y tres dólares. Es decir, desapareció.
Sobre ese monto es que se calculan las respectivas primas salariales.
Para un profesor titular a dedicación exclusiva, su salario base son 522 bolívares y luego, su prima doctoral que es el 40% del salario, es el 40% de esos 522 bolívares.
El resto de las primas que son porcentaje del salario, son porcentajes de esos 522 bolívares.
De modo que desapareció el salario. Han desaparecido los derechos contractuales y los beneficios que están asociados a él.
Hemos señalado que queremos navidad con salarios.
Es una época en la que tradicionalmente las familias demandan más consumo, en la que existe una demanda social muy alta, pero la demanda real de los universitarios es absolutamente baja.
Nosotros recibimos 160$ además de ese salario de forma mensual, a través de 120$ que se llama el «bono contra la guerra económica» y 40$ por bono de alimentación. Eso no tiene incidencia en las primas y no tiene incidencia en las prestaciones sociales.
Pero al mismo tiempo es igual para todo el mundo, es decir, no discriminan la experiencia. No la considera, no la valora. No valora la formación.
Si un profesor está en el primer nivel de su carrera o está en el último, cobra el mismo monto. Si tiene 2 meses de trabajo o tiene 33 años de docencia, cobra el mismo monto.
Si es supervisor de 25 profesores más, cobra el mismo monto que cualquiera de los 25 supervisados.
Y si, además tiene 40 horas de clase semanal, de dedicación, cobra los mismos 120$ que el que tenga 3 horas. Es decir, no discrimina en lo absoluto variables como el mérito, la jerarquía, la responsabilidad y la dedicación.
El salario en el sector universitario es un mero simbolismo que denota una relación laboral, pero que no tiene ningún poder de compra ni satisface las necesidades de los universitarios.
– La represión post-electoral escaló las amenazas y riesgos para los derechos a la asociación, libre expresión y reunión pacíficas en el país.
¿Cómo sortea la APUCV esas amenazas y mantiene su perfil de defensa de los derechos de sus agremiados?
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y en general las asociaciones de profesores del país, representan los intereses de sus agremiados.
Somos una instancia académica y gremial y, por supuesto, considera los intereses de la universidad y de la educación superior en Venezuela.
No vemos nada extraordinario en lo que hacemos.
Hacemos lo que hemos hecho siempre. Demandar lo que nos corresponde por derecho, y para ello hacemos uso de los instrumentos que nos apoyan en nuestras demandas.
El principal apoyo es todo el ordenamiento jurídico venezolano y el segundo, lógicamente, la misión que realizamos. Los profesores universitarios ejercemos lo que técnicamente se denomina la profesión de las profesiones.
Certificamos al conjunto de profesiones del país y nos corresponde preocuparnos, advertir y demandar que la educación universitaria que forma a los profesionales que requiere el país y da respuesta a los grandes problemas nacionales, ocupe un lugar de jerarquía dentro de las políticas públicas nacionales.
De modo que la Asociación de Profesores no es nada distinta en relación con la Universidad. Es una instancia plural donde convergen diferentes visiones del mundo, pero que como la ciencia, procura mantenerse fiel a la verdad.
Nuestra acción está enmarcada dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios internacionales que amparan nuestra práctica como docentes, en los convenios colectivos y en las actas convenio que firman los gremios con las autoridades de cada universidad.
En consecuencia, nosotros hacemos lo que siempre hemos hecho para mantenernos en nuestra misión.
– La Universidad, al igual que el país, tiene años asediada por el autoritarismo.
¿Cómo han resistido los universitarios en medio de tantas adversidades y ataques a la libertad académica y la autonomía universitaria?
La universidad es anterior a la República. Es una institución sólida. Y lo es, entre otras cosas, porque es muy pertinente para la sociedad.
La Universidad está enclavada en muchísimos hogares del país, porque los hijos de nuestras familias se forman en ella.
Entonces, ese es uno de los elementos que, en diferentes contextos del país, incluido el actual, le ha permitido mantener su enorme legitimidad social.
Es decir, como formadora de nuestros hijos y por supuesto como generadora de los profesionales que dan bienestar.
Al final del día los médicos que curan a nuestra gente se forman en nuestras universidades, los ingenieros que crean las vías se forman en ellas, también los arquitectos que establecen los urbanismos, o los odontólogos que cuidan de la salud bucal, en fin, los profesionales que permiten la vida con niveles de mayor calidad y satisfacen las demandas del país.
Ese es uno de los elementos que permite a las universidades sostenerse, la enorme legitimidad que tiene en el país. En este caso hablo de los hogares, pero por supuesto también en el sector productivo, en las empresas, en el comercio y también en el mismo Estado venezolano.
Al final del día, las diferentes administraciones del Estado, los diferentes gobiernos que hemos tenido durante nuestra historia, han nutrido su burocracia con los profesionales que salen de las mismas universidades.
El segundo factor es, indudablemente, la tradición de ser fieles a la verdad, y por ella la Universidad reclama lo que corresponde.
Las universidades son una fuente de aprendizaje porque les corresponde documentar, en las diferentes áreas del saber lo que ocurre, y esa riqueza le da una fortaleza para posicionarse en el debate público, con la razón y con argumentos a veces incontrovertibles para el poder.
En tercer lugar, la enorme cultura y arraigo institucional que existe entre profesores, empleados, obreros y estudiantes que, pese a toda la situación salarial, laboral, presupuestaria, permanecemos allí, dando clases y asumiendo las responsabilidades que la enseñanza y la investigación nos comporta.
Esos son los factores principales, la inteligencia, la pertinencia social y el enorme apego institucional de los universitarios con sus instituciones.
– La canonización del Dr. José Gregorio Hernández, un ucevista que vivió en una circunstancia histórica determinante, pareciera ser una ventana para mirar el pasado y el futuro de la Universidad a la luz de su importancia para el país.
En este momento tan complejo de la vida nacional ¿Qué papel deben jugar la universidad y sus docentes en la reconstrucción de la democracia y los valores republicanos?
José Gregorio Hernández resume la acción humana, solidaria, compasiva, comprometida y, al mismo tiempo, el quehacer científico, riguroso, metódico, de progreso y de bienestar para nuestra gente.
Con José Gregorio Hernández o alrededor de él, se hace la perfecta síntesis entre la ciencia y la fe.
Es, por supuesto, un enorme patrimonio del pueblo venezolano. El Dr. Enrique López Loyo lo ha denominado, y yo también lo creo, como el ucevista más universal de todos los tiempos.
Es un patrimonio de los venezolanos, de la humanidad, un precursor de la medicina experimental en Venezuela, de aquella que se funda en las evidencias y que, por supuesto, fortalece la razón y la acción metódica de la ciencia para proteger la salud de los seres humanos.
En un contexto como el actual, en el que urge la restitución del Estado de Derecho y el fortalecimiento de las instituciones para que estén al servicio de la gente y del país, las universidades tienen un papel fundamental que jugar.
En primer lugar, para brindarle a los profesionales que forma, sólidos principios republicanos que les permitan comprender la importancia de las instituciones para la vida social y el progreso de las naciones.
En segundo lugar, para generar aprendizaje, aquellos que son absolutamente indispensables para superar los problemas en el presente y en el futuro.
Y en tercer lugar para poner de relieve y en el centro del debate público nacional, las preocupaciones y los problemas de la gente, y las necesidades y los requerimientos del país para salir de la crisis.
Nuestro papel es orientar, proponer y, pese a la enorme crisis que atraviesa la universidad, debemos hacerlo permanentemente a través de la labor de enseñanza e investigación que en ella se realiza.
