La madrugada del 23 de enero de 1958 cayó la dictadura perezjimenista y el siete de diciembre de ese mismo año se celebraron las elecciones presidenciales donde resultó ganador Rómulo Betancourt.
Apenas nueve meses y quince días fueron suficientes, no sólo para cumplir una compleja transición hacia la democracia, sino también para realizar un proceso comicial impecable y multitudinario.
La entonces Junta de Gobierno presidida por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal actuó con inteligencia, premura y eficacia. Rápidamente desarticuló el aparato represivo, liberó los presos políticos, agilizó el regreso de los exiliados, rehabilitó los partidos políticos, designó por decreto una nueva Corte Superior y de Casación y un nuevo Consejo Supremo Electoral y programó para finales de año la celebración de elecciones a todos los niveles. Todo ello -insisto- en apenas nueve meses y quince días.
Fue una transición ejemplar, aunque no exenta de dificultades, porque también se produjeron graves hechos de violencia que pudieron abortar el proceso: tan pronto huyó el dictador multitudes encolerizadas incendiaron la sede de la Seguridad Nacional -la temida policía secreta-, lincharon a varios de sus esbirros y saquearon las residencias de Pérez Jiménez, Llovera Páez y Vallenilla Lanz.
Más tarde, en febrero y marzo regresarán del exilio Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Tan temprano como el 24 de mayo se decreta el Estatuto Electoral que regirá las elecciones de diciembre próximo y se abre el registro de votantes. Y casi enseguida un hecho perturbador y peligroso en aquellas difíciles circunstancias: el 13 de mayo se produce la inconveniente y accidentada visita de Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, amenazada por las protestas ultraizquierdistas, todo lo cual supuso la suspensión de su agenda oficial y obligó a la Junta de Gobierno a presentar sus disculpas al visitante.
Pero también emergerán varias intentonas golpistas contra aquella transición hacia la democracia: el 23 de julio se alza nada menos que el ministro de la Defensa, general Jesús María Castro León, exigiendo una nueva Junta de Gobierno. Aquél intento sedicioso fracasó rápidamente por falta de apoyo militar y por la presencia combativa de estudiantes y trabajadores en las calles para repudiarlo. A principios del mes siguiente, el 8 de agosto, otro grupo de militares insurrectos toman el Palacio Blanco, entonces sede de la Junta de Gobierno, siendo vencidos rápidamente. Finalmente, el 16 de noviembre, a escasos días de las elecciones generales, es derrotada una nueva conspiración militar y detenidos sus jefes. El siete de diciembre se realizan los comicios con toda normalidad.
Traigo a colación estos datos históricos porque, curiosamente, el próximo sábado tres de octubre se cumplen nueve meses de la extracción de Nicolás Maduro y del inicio de esta extraña y surrealista etapa, apadrinada por Trump con la obsecuencia de los causahabientes de aquel. Y aun cuando los procesos históricos nunca son iguales ni se repiten de manera automática, la comparación entre la transición de 1958 y la etapa surgida desde el tres de enero pasado si cabe en este caso y muy especialmente en cuanto a los tiempos, las condiciones y los términos existentes en ambos.
Esa transición de 1958 nos deja lecciones muy importantes para el proceso venezolano de hoy, aun cuando el ambiente actual no se semeja de ninguna manera con aquel momento histórico. En estos nueve meses no ha habido disturbios políticos ni desórdenes graves, ni siquiera por el vacío de poder existente como consecuencia del desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2024, ni tampoco por la posterior usurpación de la presidencia en flagrante violación de la Constitución.
Esa estabilidad política se debe a la actitud responsable que ha mantenido la oposición democrática en su esfuerzo por lograr que pronto se realicen las elecciones presidenciales, y de ningún modo al tutelaje de Trump, ni al Rodrigato. Tampoco se ha logrado la fulana recuperación económica prometida como segundo paso. Por eso mismo, se han producido numerosas protestas pacíficas contra el alto costo de la vida, el desastre de los servicios públicos esenciales -electricidad y agua potable- y el gravísimo deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos a partir de la eliminación de los sueldos y salarios, sustituidos hoy por bonos miserables y jubilaciones de hambre a todos los niveles.
La comparación entre aquella transición de 1958 y lo que ahora sucede en Venezuela salta a la vista y obliga a preguntarse por qué la dirigencia de aquel momento pudo encaminar velozmente al país hacia la democracia en medio de no pocos obstáculos y, en cambio, el proceso actual ha perdido un tiempo precioso, sin haber logrado resultados evidentes en estos nueve meses posteriores a la extracción de Maduro: vivimos bajo un gobierno de facto e inconstitucional, todavía hay centenares de presos políticos -algo incompatible con la democracia-, funcionan aun los cuerpos represivos, los partidos continúan secuestrados y las inhabilitaciones políticas no han sido suprimidas.
Claro está que la transición de 1958 se hizo sin intervención extranjera, sin participación de la cúpula desplazada -la mayoría huyó, fue detenida o se marginó-, con la notable excepción de las Fuerzas Armadas que, si bien le habían servido de soporte a la dictadura recién derrocada, inmediatamente se plegaron a los factores democráticos para asegurar el éxito de aquel proceso.
En el caso actual, la comisión negociadora integrada por el régimen y un sector opositor apenas ha anunciado que en noviembre y diciembre posiblemente se designe un nuevo TSJ y otro CNE, pero hay prioridades urgentes inexplicablemente demoradas, especialmente la más importante de todas como lo son las elecciones presidenciales y parlamentarias, y luego las regionales y las municipales, en ese mismo orden, tal como lo exigen las prioridades nacionales.
Deberían aprender las lecciones de la transición de 1958.
