Como organización dedicada desde hace más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos y al combate contra la impunidad, Arcadia Foundation expresa su más profunda indignación y dolor por la muerte de Alfredo Javier Díaz Figueroa, exgobernador de Nueva Esparta y preso político del régimen venezolano, mientras se encontraba bajo custodia del SEBIN en El Helicoide.
Alfredo Díaz fue detenido en 2024, sometido a desaparición forzada inicial, aislado de su familia y de su defensa, y confinado durante meses en el centro de torturas más emblemático del aparato represivo: El Helicoide. Diversas fuentes coinciden en que solicitó reiteradamente atención médica para problemas cardíacos y de salud preexistentes, y que tales solicitudes fueron ignoradas o denegadas por las autoridades. Hoy, su muerte confirma lo que las víctimas venezolanas han venido denunciando durante años: en Venezuela, la tortura, la privación de atención médica y la muerte en custodia no son accidentes, sino la expresión más brutal de una política de persecución.
Arcadia condena con la misma claridad el fracaso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su respuesta a este contexto. El llamado “experimento” de abrir una oficina de la CPI en Caracas —presentado como un ejercicio de “complementariedad positiva” para acercar la justicia al terreno— ha terminado siendo, en los hechos, un experimento éticamente fallido. Se otorgó al régimen de Nicolás Maduro un margen que nunca mereció: se le ofreció acompañamiento, diálogo y tiempo, a pesar de que los estándares mínimos de genuina investigación nacional jamás se cumplieron. Hoy, el propio Fiscal Adjunto, Mame Mandiaye Niang, ha anunciado el cierre de esa oficina en Caracas por “falta de progreso real”, confirmando lo que las víctimas venezolanas advirtieron desde el inicio: no había voluntad, sólo cálculo y simulación.
Ese reconocimiento tardío tiene un costo humano concreto. Mientras la Fiscalía ensayaba una complementariedad que sólo existía en el papel, las celdas de El Helicoide y de otros centros de reclusión siguieron llenándose de presos políticos, y las denuncias de tortura, desaparición forzada y negación de atención médica se multiplicaron. La muerte de Alfredo Díaz no es un hecho aislado; es el símbolo de lo que ocurre cuando la comunidad internacional normaliza el aplazamiento de la justicia y cuando la Fiscalía de la CPI opta por “gestionar relaciones” junto a sus familiares como contraparte, en lugar de usar todas las herramientas que le confiere el Estatuto de Roma.
Como Director de Arcadia Foundation y como víctima reconocida en el caso Venezuela I, Robert Carmona-Borjas condena y responsabiliza políticamente tanto al Fiscal Karim A. A. Khan como al Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang por la configuración y mantenimiento de un modelo de actuación que ha resultado devastador para las víctimas venezolanas: un modelo que otorgó al régimen un trato deferente, demoró el uso de la fuerza jurídica de la Corte y se tradujo, en la práctica, en más tiempo para la persecución y menos protección para quienes resistían.
Arcadia no ignora los desafíos institucionales ni los límites de recursos de la CPI. Pero hay una diferencia entre reconocer dificultades y acomodarse a la inacción. Con la apertura de la investigación en Venezuela I, la Corte asumió un compromiso con miles de víctimas cuyos testimonios acreditan detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones. Ese compromiso no puede reducirse a comunicados bien redactados ni a oficinas que se abren y se cierran: debe traducirse en decisiones concretas, oportunas y valientes que pongan la protección de la vida y la preservación de la prueba por delante de la comodidad diplomática.
La muerte de Alfredo Díaz exige, al menos, tres cosas:
1) Verdad: que se esclarezcan públicamente las circunstancias de su fallecimiento en El Helicoide, con acceso pleno de su familia a los expedientes médicos, registros de guardia, videos y documentación relativa a su salud y su custodia.
2) Responsabilidad: que se señale con claridad la responsabilidad del Estado venezolano por esta muerte bajo custodia y la de sus agentes, y que se asuma también, a nivel internacional, el costo de las estrategias fallidas que han postergado la protección integral de las víctimas.
3) Corrección de rumbo: que la Fiscalía de la CPI abandone definitivamente la ficción de una complementariedad inexistente y emplee, con toda la energía que el Estatuto le permite, las herramientas de investigación, de protección y de cooperación internacional que han estado demasiado tiempo en suspenso.
Desde Arcadia Foundation reiteramos que la justicia no puede ser un ejercicio de relaciones públicas. Cuando un preso político muere en una celda que lleva años siendo denunciada como un centro de tortura, y esa persona figuraba entre quienes la propia comunidad internacional sabía que estaban en riesgo, no basta con lamentar el hecho: hay que reconocer que hemos llegado tarde y evitar que eso vuelva a ocurrir.
Mientras la justicia internacional decide si asume plenamente su mandato o sigue demorando las decisiones que pueden salvar vidas, Alfredo Díaz ya no está. Su muerte pesa sobre los hombros del régimen que lo encarceló y lo dejó morir sin atención; pero también interpela a quienes, teniendo el deber y la capacidad de proteger, eligieron confiar en un experimento que las víctimas sabían condenado al fracaso.
Arcadia Foundation acompañará a la familia de Alfredo Díaz, a sus compañeros de lucha y al pueblo de Nueva Esparta en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Y seguirá señalando, con respeto, pero sin concesiones, que las víctimas venezolanas no pueden seguir soportando el costo de las demoras y de los errores de quienes dicen hablar en nombre del derecho internacional.
Robert Carmona-Borjas
Vicepresidente Ejecutivo, Arcadia Foundation
Víctima reconocida ante la Corte Penal Internacional en la Situación Venezuela I (ICC-02/18)
