Fredy Rincón Noriega: La tutela y el riesgo de resignación
18 Nov 2026, 14:14 10 minutos de lectura

Fredy Rincón Noriega: La tutela y el riesgo de resignación

Por Opinion

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La captura de Nicolás Maduro y de su esposa por fuerzas estadounidenses, el 3 de enero de 2026, marcó un cambio decisivo en la situación política del país. Los anuncios posteriores sobre una administración temporal y el control de sus recursos estratégicos establecieron un escenario de tutela externa. Esta situación limita severamente el ejercicio de la soberanía nacional. Su superación dependerá de las condiciones que podamos construir para recuperar la conducción de las instituciones y definir soberanamente nuestro futuro.

Nuevas informaciones apuntan a una posible ampliación de esta intervención. The Washington Post informó el 14 de noviembre de 2026 que asesores de Stephen Miller preparan una orden ejecutiva destinada a facilitar las operaciones en sectores estratégicos como energía, servicios financieros y minerales críticos. De confirmarse esta medida, se ampliaría la injerencia del Tío Sam.

Luego de la mencionada extracción de Maduro, se extendió en la conciencia colectiva la percepción de que resulta imposible rescatar la soberanía ante el poderoso país del norte. Pese a que la pérdida de la facultad para ejercerla es coyuntural, en el ánimo de la gente crecen el pesimismo y la impotencia ante la posibilidad de revertir la situación actual. En algunos casos, incluso se celebra su permanencia indefinida.

Reconocer las limitaciones actuales es distinto de renunciar al derecho que tenemos a decidir sobre nuestro destino como nación libre. La soberanía puede verse vulnerada, limitada o sometida a presiones externas, pero ningún acontecimiento, por grave que resulte, convierte esa circunstancia en una condición histórica irreversible.

El pesimismo colectivo entraña dos riesgos concretos. Puede favorecer la resignación ante la subordinación o inducir a depositar en actores externos responsabilidades propias. La cooperación internacional puede contribuir al desarrollo y a la prosperidad, pero corresponde a la sociedad venezolana definir sus objetivos y organizar los medios para alcanzarlos.

La memoria histórica como fundamento de la acción

La independencia es también una condición política que cada generación tiene la responsabilidad de preservar y defender como fundamento de la vida republicana.

La aspiración emancipadora tiene profundas raíces en la historia venezolana. Se manifestó en las rebeliones de finales del siglo XVIII y se afianzó durante la guerra contra el dominio español, gesta librada con las armas y el pensamiento. Continuó presente a lo largo de los siglos XIX y XX. Lejos de ser circunstancial, ha sido un componente arraigado de la identidad política nacional. Pensadores y dirigentes le dieron fundamento jurídico en las constituciones elaboradas desde 1811. En esos textos se ha expresado siempre una concepción del país basada en la libertad, la soberanía popular y la capacidad de los venezolanos para decidir su propio destino.

La tradición republicana y civilista, con avances y retrocesos, constituye un referente histórico para afrontar los desafíos actuales y formular una alternativa frente a cualquier forma de tutela externa. Sostenida por los fundadores de la nacionalidad y sus continuadores, esta idea-fuerza ha servido para defender la supremacía de las instituciones civiles, el orden jurídico y la autoridad legítima frente al predominio de la fuerza de cualquier origen.

Contrarrestar la percepción de que Venezuela ha llegado a un punto de no retorno exige acudir a esa memoria histórica. Recuperarla permite comprender la soberanía como una construcción colectiva, expuesta a pérdidas y restricciones, pero susceptible de consolidarse mediante la organización nacional, la voluntad política y el aprovechamiento de los recursos propios. El pasado aporta referencias concretas para orientar la acción presente.

De la confianza colectiva a la organización ciudadana

El desafío consiste en recobrar la confianza cívica y articular los esfuerzos necesarios para trazar un rumbo propio. Esa tarea comienza por examinar con rigor los alcances del escenario de tutela externa y su eventual prolongación, especialmente sobre los recursos estratégicos y las decisiones económicas fundamentales. La denuncia de la subordinación debe acompañarse de una propuesta de futuro sustentada en principios republicanos.

La soberanía debe afirmarse como un principio compartido por los venezolanos, por encima de sus diferencias políticas. Su defensa exige superar el nacionalismo retórico y rechazar la resignación ante la dependencia. Más que una consigna partidista, debe constituir un compromiso común con el derecho a decidir y las garantías necesarias para ejercerlo con autonomía.

Recuperar la confianza colectiva requiere expresiones organizadas y participación activa. Universidades, academias, gremios profesionales, sindicatos, estudiantes, empresarios, intelectuales y la comunidad en general deben participar en una discusión nacional sobre el modelo de nación por reconstruir, los principios orientadores de ese proceso y las condiciones políticas necesarias para materializarlo.

Esa discusión corresponde, en primer término, a quienes aún consideran posible rescatar la idea de país. Recuperar la República exige aprender a pensarla colectivamente. Ello implica concebir a la sociedad civil como un espacio autónomo de deliberación, formulación de propuestas y defensa de los intereses nacionales.

El acuerdo nacional y la reconstrucción institucional

En 1958 se abrió una nueva etapa de construcción institucional. Entonces se estableció un sistema de convivencia política, se institucionalizó la alternancia y se desarrolló una relación con Estados Unidos que, sustentada en el reconocimiento de intereses comunes, preservó formalmente la independencia nacional.

El espíritu unitario del 23 de enero y el posterior Pacto de Punto Fijo demostraron la importancia del entendimiento entre fuerzas políticas para restablecer la institucionalidad y construir acuerdos de gobernabilidad. Las circunstancias actuales son distintas, pero aquella experiencia ofrece una enseñanza pertinente. Frente a una crisis profunda, las fuerzas democráticas pueden establecer compromisos y reglas comunes sin renunciar a sus diferencias.

Un primer paso consiste en construir, desde una valoración crítica de aquella experiencia, un amplio acuerdo nacional. Su fundamento sería un compromiso público entre fuerzas políticas, sectores productivos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la diáspora. El acuerdo debería establecer los términos de la convivencia democrática, las prioridades para la reconstrucción institucional y los criterios para una cooperación internacional compatible con la soberanía venezolana. Sobre esa base, Venezuela podría fortalecer su posición negociadora frente a Estados Unidos y ampliar progresivamente sus márgenes de autonomía.

Un gobierno surgido de elecciones libres, verificables e inclusivas, con participación de todos los actores políticos y de la diáspora, genera autoridad interna y externa. Esa expresión de la voluntad popular otorga legitimidad a la representación nacional. Tal respaldo opera como el principal escudo frente a presiones o condicionamientos prolongados, pues un país que se gobierna mediante reglas aceptadas requiere menor supervisión externa.

La soberanía efectiva se expresa en la capacidad de un país para ejercer plenamente su autoridad mediante instituciones legítimas, autónomas y funcionales. Este propósito exige un Tribunal Supremo de Justicia independiente, un Consejo Nacional Electoral imparcial, una Fuerza Armada profesional, institucionalizada y subordinada al poder civil, así como un sistema de administración de justicia exento de tutelas externas e interferencias partidistas.

La construcción de un acuerdo nacional, sustentado en la renovación equilibrada, transparente y legítima de estos órganos, permitiría recuperar la autonomía del Estado, reducir la necesidad de garantías extranjeras y devolver a los venezolanos el ejercicio efectivo de las decisiones sobre su destino.

La base económica de la autonomía

La recuperación de la soberanía exige consolidar el aparato productivo nacional y disminuir la dependencia económica del exterior. Esta finalidad demanda diversificar la economía más allá de la actividad petrolera, recuperar el capital humano mediante la reincorporación de ingenieros, técnicos y profesionales venezolanos emigrados, estabilizar las finanzas públicas, administrar con autonomía las reservas internacionales y profesionalizar la gestión estatal.

El manejo transparente de los recursos naturales debe apoyarse en reglas claras, competencia profesional y mecanismos de rendición de cuentas. La inversión nacional y extranjera, promovida mediante normas estables y equitativas sustentadas en la seguridad jurídica, debe responder a los intereses del país y someterse a controles nacionales efectivos. En consecuencia, la soberanía política requiere una base de autonomía económica que permita al Estado adoptar decisiones al margen de condicionamientos externos.

Una relación exterior con objetivos propios

Reconocer la influencia de Estados Unidos y las relaciones internacionales de poder exige actuar con realismo, sin renunciar de antemano a las potencialidades del país.

La experiencia de Rómulo Betancourt ofrece una referencia para pensar las futuras relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Durante su gobierno, de 1959 a 1964, estableció una alianza estratégica con Washington sin renunciar a los principios fundamentales de la democracia venezolana y marcó diferencias claras cuando las circunstancias comprometían los intereses estratégicos de la política exterior.

La participación de Venezuela en la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1960 y la Doctrina Betancourt, de no reconocimiento a los gobiernos surgidos de golpes de Estado, constituyen ejemplos de esa orientación. Betancourt comprendió que la asimetría de poder entre Venezuela y Estados Unidos resultaba compatible con la defensa de los intereses nacionales, siempre que el país contara con legitimidad interna, instituciones democráticas, capacidad de negociación y una política exterior con prioridades claras.

La reconstrucción de la República demanda una dirigencia capaz de asumir que el vínculo con Estados Unidos y con el resto del mundo debe desarrollarse sobre bases de cooperación, respeto recíproco, derecho internacional y defensa de los intereses venezolanos, con dignidad y capacidad para negociar desde objetivos nacionales definidos. 

El propósito es recuperar progresivamente la capacidad de decisión nacional, sin sustituir una dependencia por otra ni convertir la confrontación con Washington en fundamento de nuestra identidad. Esa tarea comienza dentro del país. Exige un acuerdo nacional, instituciones legítimas y una base productiva que respalde la independencia de las decisiones económicas. Superar el tutelaje significa construir esas condiciones para relacionarnos con Estados Unidos y con cualquier otra potencia desde la autonomía y el respeto recíproco.

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