El 85 aniversario de Acción Democrática (AD) no debería ser solamente una oportunidad para mirar atrás y recordar nombres, gobiernos, luchas y victorias. Debería ser, ante todo, la oportunidad para preguntarnos qué significa ser adeco en la Venezuela de hoy. AD nació en 1941 hablando de democracia, justicia social, libertad, trabajo, así como también de la necesidad de incorporar a todos y cada uno de los venezolanos, adecos o no, a la construcción nacional; con el tiempo se convirtió en una fuerza fundamental para la consolidación de la democracia venezolana. Sin embargo, 85 años después no basta con reivindicar aquella historia. Hay que volver a conectarla con un país donde millones de ciudadanos siguen esperando respuestas para problemas tan elementales como el salario, las pensiones, la salud, la educación, los servicios públicos y la posibilidad de vivir con dignidad. La mejor manera de honrar la historia de AD es volver a ser útiles para la gente.
Los gobiernos de Acción Democrática dejaron una huella profunda en la Venezuela democrática: educación pública, infraestructura, organización sindical, políticas sociales, expansión de la ciudadanía, descentralización y una concepción del petróleo como instrumento para financiar el desarrollo nacional. No sería serio, sin embargo, convertir esa historia en una fotografía sin matices. También hubo errores, prácticas que terminaron debilitando la relación entre partidos y sociedad, excesos de centralización, clientelismo y dificultades para interpretar a tiempo los cambios económicos y sociales del país. Pero una organización política madura no reniega de su historia ni queda prisionera de ella: aprende. Hoy debemos recuperar lo mejor de aquella tradición y dejar atrás aquello que contribuyó a alejarnos de la gente. Porque ser adeco no puede significar vivir de la memoria de lo que fuimos, sino asumir la responsabilidad de demostrar lo que todavía podemos aportar.
Venezuela necesita una nueva etapa de reconstrucción democrática, y allí la socialdemocracia tiene mucho que decir. La reinstitucionalización no puede reducirse a cambiar gobiernos: significa recuperar la independencia de los poderes públicos, reconstruir la justicia, devolverle legitimidad al voto, fortalecer el Parlamento, recuperar la descentralización y profesionalizar el Estado. Significa también entender que democracia y bienestar son inseparables. Un trabajador que no puede vivir de su salario, un pensionado que debe escoger entre comprar alimentos o medicinas, un joven que no encuentra oportunidades y una familia que pasa horas sin electricidad o agua también están viviendo una crisis de democracia. La doctrina de AD coloca entre sus principios la justicia social, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la honestidad y el pluralismo; precisamente allí está la base para construir una propuesta contemporánea que coloque nuevamente al ciudadano en el centro.
Y hay heridas que no pueden quedar fuera de esa reconstrucción. Las familias afectadas por el doble terremoto necesitan mucho más que solidaridad ocasional: necesitan atención permanente, vivienda, salud, recuperación de escuelas e infraestructura y un programa transparente de reconstrucción que permita saber dónde están los recursos y cómo se utilizan. Lo mismo ocurre con quienes padecen diariamente la precariedad económica. Una Venezuela democrática debe ser capaz de recuperar progresivamente el salario real, dignificar las pensiones, estimular el empleo y la producción, fortalecer la educación y la salud y proteger a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad. No se trata de regresar al viejo Estado paternalista ni de convertir la necesidad en instrumento de dependencia política. Se trata de recuperar una idea profundamente socialdemócrata: que nadie tenga que elegir entre libertad y comida, entre democracia y bienestar, entre trabajar y emigrar.
También debemos recuperar una concepción nacional de nuestros recursos energéticos. Venezuela necesita inversión, tecnología y alianzas internacionales para recuperar su industria petrolera y gasífera, pero cooperación no significa renuncia a la soberanía. El petróleo debe volver a ser una herramienta para desarrollar al país y no una fuente de opacidad, corrupción o dependencia. Los contratos estratégicos deben ser transparentes, los ingresos deben poder ser auditados y una parte sustancial de esa riqueza debe convertirse en educación, salud, infraestructura, pensiones y diversificación productiva. La Venezuela que necesitamos no puede seguir dependiendo eternamente de la renta petrolera: debemos producir alimentos, desarrollar industria, turismo, tecnología, energía y conocimiento. Esa idea tampoco es ajena a la tradición de AD, cuyo pensamiento histórico vinculó la soberanía sobre los recursos naturales con la construcción de una economía al servicio del desarrollo nacional.
Por eso, en estos 85 años, Acción Democrática en Resistencia debe recuperar mucho más que una tarjeta electoral: debe recuperar su capacidad de representar, organizar y proponer. La judicialización de AD y de otras organizaciones políticas no puede convertirse en la desaparición de una tradición democrática que pertenece a sus militantes y, también, a la historia del país. Hay que reconstruir un partido abierto, plural, descentralizado y cercano a las comunidades; defender la reinstitucionalización de Venezuela, un pacto social para recuperar salarios y pensiones, un programa nacional de reconstrucción para las víctimas del terremoto, una política energética soberana y transparente y una economía productiva que genere oportunidades. Si alguna enseñanza dejan estos 85 años de historia es que los partidos solamente tienen sentido cuando sirven a la población, como lo ideó nuestro fundador Rómulo Betancourt. Y quizás ese sea el desafío más importante para los adecos de hoy: volver a escuchar al país, volver a caminar junto a su gente y volver a demostrar que es posible construir una Venezuela libre, democrática, justa y de oportunidades para todos.
IG, X: @freddyamarcano
