Contexto global:
El reordenamiento geopolítico mundial hoy pasa por la consolidación o bien el restablecimiento -como el caso venezolano por vía de la fuerza- de las áreas de influencia por parte de las potencias globales. Recordando a Michael Klare, en su libro Guerra por los Recursos (2003), el escenario del conflicto internacional se enmarca en la defensa de los intereses de las potencias y en la prolongación de su poder económico, militar y político, determinado en gran medida, por la importancia estratégica de los materiales esenciales, lógicamente para su propio despliegue y desarrollo tecnológico e industrial. Su exclusiva posesión y control, además limita o dilata a conveniencia la expansión y el fortalecimiento de las naciones rivales. A manera de ilustración, con la acción militar en el país, Estados Unidos no solo monopoliza la comercialización del crudo venezolano, sino desplaza a China y a Rusia de este mercado estratégico.
Contexto nacional:
Lo ocurrido en suelo venezolano el 3 de enero ha precipitado, a decir de Luis Bravo Jáuregui (2026) “el desenlace de un proyecto político destructor de la institucionalidad del Estado”. Hablamos de una hegemonía política que secuestró por más de dos décadas el aparato estatal, corrompiendo “las bases de la economía social del ingreso fiscal-petrolero, que tanto costó construir en democracia (ibídem)”. Este proyecto político que prometió en sus inicios una justicia social derivó en una vertiente autoritaria de raíz militar, que no ocultó nunca su anhelo de perpetuidad, rompiendo para ello “las reglas de la convivencia democrática hasta llegar a la descomunal traición a la voluntad del elector del 28-j-2025 (ibíd.)”, con un costo humano de incalculables proporciones.
Esta realidad: la intervención extranjera (cuestionable o no) pareciera estar impulsando los cambios a favor de la recuperación nacional y la posibilidad de un “crecimiento económico sostenido y sustentable que pudiera impactar la calidad de vida del factor trabajo (ib.)”. En esta coyuntura, es innegable que participamos en un acuerdo desde una posición no privilegiada, pero irremediable pragmáticamente, de modo que el apoyo a la nueva la reforma de la Ley de Hidrocarburos es una apuesta inapelable, donde la flexibilidad fiscal es la forma más expedita de atraer la inversión internacional sobre una industria requerida.
Así pues, la ciudadanía desea contribuir a la transición profunda, no gatopardiana, de solo sustitución de nombres, en la cual, una vez más quede intacto el andamiaje propicio para la prevaricación y el pillaje. Se hace referencia a la reconstrucción real del país, de manera pacífica y democrática, con la legitimidad que ofrece la participación de la inmensa mayoría, a fin de garantizar la estabilización y recuperación de la industria petrolera y la soberanía de los poderes expoliados por la intervención norteamericana, a través de un gobierno legítimo.
Contexto educativo:
Nos encontramos ante un panorama calamitoso, donde el rezago educativo se evidencia en la promoción de estudiantes a grados y años sin obtener los conocimientos mínimos exigidos, en principio porque son pocas las instituciones a nivel nacional que cuentan con los docentes en todas las áreas de formación. La masificación en detrimento de la calidad es una de las tantas razones que explican la situación actual, porque la escuela se ha convertido en un centro de multiplicación de la propaganda gubernamental, especialmente en el subsistema de educación básica. La dogmatización y la ideologización expresadas en contenidos curriculares nos coloca de espalda a la sociedad del conocimiento. Mientras el mundo pedagógico avanza hacia la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología, Venezuela retrocede a una escolaridad decimonónica con programas como “manos a la siembra”, afortunadamente abandonados por ser políticas fallidas.
La revalorización social de la educación representa una urgencia nacional. Rescatar la educación se traduce en transformar la visión menesterosa del educador venezolano. Sobra aclarar las condiciones laborales y de trabajo del profesional de la educación. La reconquista de la profesionalización pasa asimismo por retomar los concursos de oposición y los Comités de Sustanciación donde la academia se coloque por encima de la lealtad o militancia partidista como único criterio de escogencia para los cargos de gerencia educativa. Hay que recuperar su “aspecto pedagógico, científico y ciudadano perdido durante las dos últimas décadas (op. cit.)”. La incorporación de “las convenciones más elementales de la institucionalización e internacionalización que imponen los tiempos pedagógicos de hoy, en términos técnico-pedagógico y de gestión y de política púbica (ibíd.)” reduciría la distancia entre la educación pública y la educación privada que en el futuro próximo representará el elemento fundamental de la desigualdad social entre los venezolanos, por cuanto de facto, el Estado no garantiza en estas condiciones el derecho a la educación, consagrado en el texto constitucional.
Conclusiones:
Propuestas concretas:
A nivel global:
Como país se debe abandonar la política exterior jingoísta de años que devino en la actual intervención norteamericana y que nos alejó del mundo libre y democrático. Se debe definir los principios rectores con los cuales intervenimos en la comunidad internacional, a saber: la no intervención en asuntos internos de otros países; el respeto a la autodeterminación de los pueblos; procurar siempre la solución pacífica de las controversias, agotando siempre la vía diplomática; la promoción de los derechos humanos, la paz y la seguridad internacional, en un momento donde el derecho internacional está siendo vulnerado. Igualmente, el fomento de la cooperación internacional con la defensa de la igualdad jurídica de los Estados.
A nivel nacional:
propuestas para la reinstitucionalización del país en el marco de un presidencialismo parlamentario como sistema político.
Es imperativo la elección de primer grado de las autoridades del ente comicial. Si se desea rescatar la confianza del voto de la población es cardinal garantizar la autonomía de los directores. No puede haber una renovación del CNE producto de contubernios o negociaciones a espaldas del interés superior de la nación.
Se debe ratificar el sistema proporcional electoral con atención al principio del Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 de la CBV), que propugna la preeminencia del pluralismo político. El sistema electoral debe expresar fielmente las fuerzas sociales y políticas presentes en el electorado y garantizar la aplicación a cabalidad de un sistema proporcional.
Apremia la creación de un sistema electoral de segunda vuelta, con el argumento incontrovertible de que el origen de todo gobierno democrático descansa en la preferencia de la inmensa mayoría de los votantes. En el sistema de mayoría simple aplicado en Venezuela, un candidato en el último escalafón en las preferencias, sin mayor opción, puede resultar electo por una minoría.
Es vital proponer que el Poder Ciudadano en su conjunto debe igualmente ser elegido mediante el voto directo. El Contralor, El Fiscal y el Defensor del Pueblo deben tener autonomía para poder fiscalizar y vigilar los recursos y la gestión pública, defender los derechos humanos y garantías constitucionales ante las tropelías del Estado y proteger los intereses sociales y la legalidad nacional.
Es una aspiración colectiva asimismo que la designación del Poder Judicial sea electa por los ciudadanos. El objetivo queda claro: combatir la politización y la corrupción. Como ejemplo, México constituye un modelo en el mundo de democratización judicial. Se puede emularlo.
Es inexorable, en la misma línea del fortalecimiento del poder constituyente, que el Congreso tenga la capacidad parlamentaria de realizar el pedido de vacancia presidencial, ya sea por celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria o por incapacidad moral o física permanente. Este dispositivo permite superar crisis políticas sin los traumas institucionales y sociales como los vivido en Venezuela.
Resulta ineludible para evitar la construcción de un poder absoluto o hegemónico -como estaba Venezuela antes del 3 de enero de este año- que los ministros, sobre todo el Defensa y de Educación, sean ratificados por el Congreso, bajo el principio de Advice and Consent (Consejo y Consentimiento) de la legislación norteamericana, donde el Presidente para armar su equipo tiene que pasar el filtro del Senado.
La reinstitucionalización también pasa por la eliminación de la reelección indefinida. Urge rescatar la alternancia política, por cuanto ella evita la concentración de poder, promueve la rendición de cuentas, impulsa nuevas políticas, asegura la renovación y la pluralidad, amén de permitir que las distintas visiones fortalezcan la gobernanza en el país y se atiendan mejor las necesidades sociales.
En esta vía de desconcentración de poder, hay que establecer reformas y decretos enfocados en combatir la corrupción y el nepotismo. Hay que prohibir taxativamente que familiares cercanos de altos funcionarios ocupen cargos públicos. Asimismo, apremia la alternancia dentro de las organizaciones políticas y sindicales en el país, para que, con una implementación efectiva de un sincero esfuerzo legislativo se acabe el llamado cogollismo y se garantice institucionalmente la democracia partidista, necesaria y urgente.
A nivel educativo:
La designación del Ministro de Educación: El nombramiento del responsable de esta cartera estratégica para el país tiene que ser obligatoriamente un docente con más de 20 años de experiencia. Tiene que conocer lo que es un aula, un departamento, una coordinación, una dirección, la realidad institucional, la vida del maestro de a pie, en stricto sensu. No se puede continuar con designaciones, una más fatal que la otra, de sociólogos, abogados, veterinarios, astronautas, como encargados de una materia en la cual no tienen competencia ni experiencia.
Espacio permanente de reflexión y debate de la educación venezolana: Es importante restablecer en el seno del parlamento nacional la Comisión Permanente de Educación, cuyos diputados sean elegidos del magisterio venezolano o bien de las universidades del país. La política educativa de una nación tiene que tener un seguimiento continuo y un contrapeso, de ser necesario, cuando se afecte los principios que se establecen en la Constitución Nacional. No existe en la actualidad un espacio de debate y reflexión de la política educativa del país. De allí su imperiosa necesidad.
Lo pedagógico-curricular: Replantear las áreas de formación, a fin de asegurar los contenidos y los aprendizajes que se esperan sean alcanzados en cada una de las etapas de los distintos subsistemas de educación en correspondencia con los estándares de organismos internacionales tales como la UNESCO.
El nudo crítico: La deserción docente. El principal problema que enfrenta la educación venezolana, sin lugar a dudas es el desestimulo y el poco incentivo que sufren los profesionales de la educación para mantenerse en sus lugares de trabajo con salarios que no aseguran una calidad de vida íntegra. Es vital blindar condiciones que permitan a los docentes retomar y continuar con la digna labor que realizan.
La carrera docente y el desarrollo profesional: La no estabilidad laboral expresada en “encargadurías” temporales a discrecionalidad del patrono hoy en día es un nudo crítico que hay evaluar. No solo la designación de los cargos sin los debidos procesos, sino además el tiempo indeterminado de estos, sin generar a la larga ningún tipo de derechos adquiridos con tales nombramientos.
A manera de conclusión:
Hay que entender y suscribir la estabilización, la recuperación y la transición como etapas del cambio político, pero esta última fase tiene que comenzar a plantearse. La reorganización del Estado, así como el sistema político son materias fundamentales del debate nacional. La propuesta de un presidencialismo parlamentario para garantizar un sistema de pesos y contrapesos cobra fuerza en la ciudadanía. Los venezolanos creen en la democracia y en su profundización para no repetir los errores del pasado.
Franklin Piccone Sanabria
