El presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha respondido a los ataques estadounidenses contra supuestos buques narcotraficantes intensificando la represión estatal, aumentando las detenciones de presuntos disidentes y desplegando paramilitares en zonas pobres.
Por Financial Times
En los dos meses transcurridos desde que Estados Unidos envió ocho buques de guerra y miles de soldados al sur del Caribe, el presidente Donald Trump afirma haber rechazado la oferta de concesiones de Maduro. Sospechando que Trump busca derrocarlo, Maduro ha recurrido a la represión interna que le ha permitido mantenerse en el poder desde entonces.
Los paramilitares afines al gobierno, conocidos como colectivos, han sido enviados a barrios pobres de Caracas para sofocar la disidencia en antiguos bastiones gubernamentales.
“Lo vigilan todo y, si ven a alguien desconocido en la comunidad, lo detienen y le hacen preguntas”, declaró un residente del barrio 23 de Enero, una zona deteriorada que en su momento apoyó al gobierno revolucionario socialista.
Según grupos de derechos humanos, se arresta a un presunto disidente cada 15 horas, en comparación con las 40 horas previas al despliegue. El número de presos políticos ascendió a 875 esta semana, frente a los 816 de finales de agosto, según el observatorio Foro Penal; algunos fueron liberados mientras otros eran capturados. Maduro ha insinuado la declaración del estado de emergencia, sin ofrecer detalles.
“Bajo la bandera de la ‘defensa de la soberanía’, Maduro ha impulsado la militarización total del país”, afirmó Oscar Murillo, coordinador del grupo de derechos humanos Provea. “Maduro ha intensificado la represión, la persecución de la disidencia política y ha perfeccionado sus mecanismos de control social”.
Los colectivos son un pilar fundamental del aparato de seguridad en el que Maduro se ha apoyado para mantenerse en el poder desde la muerte por cáncer de su mentor, Hugo Chávez. Armados con pistolas y porras, revisan los teléfonos de los residentes en busca de información incriminatoria y entregan órdenes de desalojo a quienes son sospechosos de deslealtad.
Para leer la nota completa ingrese AQUÍ
