La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este 5 de octubre el expediente 26-48 (identificado como Mullin, Sec., DHS, et al. v. Nat. TPS Alliance, et al.), relacionado con la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos. La decisión aparece en la lista oficial de órdenes del tribunal y reactiva el caso, aunque en un nivel inferior.
Por La Nación
¿Qué decidió la Corte Suprema sobre el TPS venezolano?
Según la resolución, los jueces concedieron la petición de certiorari al utilizar el mecanismo conocido como “Grant, Vacate, Remand” (GVR). En términos prácticos, esto significa que la Corte Suprema aceptó tomar el caso, anuló la decisión anterior emitida el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y envió nuevamente el expediente a esa instancia inferior para una nueva evaluación.
El Noveno Circuito deberá ahora reconsiderar el conflicto y tener en cuenta el precedente establecido por la Corte Suprema en Mullin v. Doe, 609 U.S. 324. Ese fallo fue el fundamento central utilizado por el gobierno para solicitar que se revisara el caso.
Por lo tanto, la decisión del 5 de octubre no equivale a una sentencia definitiva que ordene terminar el TPS para los venezolanos. El litigio continúa en una instancia inferior, que deberá determinar cómo aplicar al expediente la doctrina fijada por la Corte Suprema.
La medida, además, es de carácter procesal. La orden no establece en ese documento si los venezolanos conservarán o perderán definitivamente el TPS, ni determina por sí misma cómo quedará la autorización de empleo de los beneficiarios.
Cómo comenzó la disputa por el TPS de los venezolanos
Venezuela fue incluida por primera vez dentro del programa de TPS en marzo de 2021. La designación fue extendida posteriormente, en octubre de 2023, y nuevamente el 17 de enero de 2025, cuando se estableció una vigencia hasta el 2 de octubre de 2026 para determinados documentos.
Más adelante, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, dispuso dejar sin efecto aquella extensión y avanzar con la finalización del programa para los venezolanos. La medida fue cuestionada judicialmente por la National TPS Alliance y los beneficiarios.
En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló a favor de los demandantes y anuló la decisión del DHS. En enero del año en curso, el Noveno Circuito confirmó esa resolución y concluyó que la secretaria no contaba con autoridad legal para cancelar una extensión del TPS que ya fue concedida.
El gobierno llevó el conflicto ante el máximo tribunal
El DHS recurrió entonces a la Corte Suprema, el 9 de julio, el procurador general John Sauer presentó la solicitud para que el máximo tribunal aplicara el procedimiento GVR. El gobierno sostuvo que el precedente de Mullin v. Doe, decidido el 25 de junio, modificaba el marco jurídico aplicable.
Según la posición presentada ante la Corte, las restricciones establecidas para la revisión judicial de decisiones vinculadas con el TPS debían ser consideradas al analizar el caso de los venezolanos.
La National TPS Alliance informó en agosto que no se oponía al pedido de GVR. Posteriormente, los magistrados analizaron el expediente durante una conferencia privada celebrada el 28 de septiembre, antes de emitir la orden publicada este lunes.
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