Venezuela no puede seguir pagando el costo de los mismos errores, y uno de los más caros ha sido dar por elecciones procesos en los que se le quitó al país la posibilidad de elegir y solo se le permitió escoger. Antes de hablar de cuándo se vota, hay que hablar de a quién se vota.
No se trata de un juego de palabras. Aunque en el habla común son sinónimos, en lo electoral elegir significa que cualquiera que aspire a un cargo pueda inscribirse y competir en igualdad de condiciones, y que el ciudadano defina su voto entre todas esas alternativas. En cambio, escoger es optar dentro de una lista que alguien más ya depuró. Presidente, diputados, gobernadores y alcaldes: en cada una de esas votaciones el elector recibió lo segundo, es decir, las opciones que el poder consintió.
Las vías utilizadas fueron distintas, pero se repitieron una y otra vez. Primero, las inhabilitaciones, que apartaron de la boleta a quienes los ciudadanos querían ver. Segundo, el rechazo de postulaciones: cuando se intentaba reemplazar una candidatura vetada, se vetaba también a quien la sustituía, una, dos y hasta tres veces, hasta que pasaba lo que quien decide quería que pasara. Es lo que yo llamo descarte selectivo. Y tercero, la posible designación de candidaturas opositoras a dedo, una especie de adjudicación directa de opositores por parte del propio gobierno. No hablo de todos los casos, pero sí de una inmensa mayoría en donde la sombra de esta situación está en la mente de los venezolanos.
Alguien dirá que en ciertos lugares sí se dejó competir. Es verdad, pero eso no desmiente la regla. Una excepción tolerada no equivale a una garantía: es un permiso que puede revocarse en cuanto estorbe, y el votante lo percibe. De ahí entonces sale el efecto más dañino y menos visible: la sensación generalizada de que el resultado ya estaba definido, de que ganarían quienes el poder quería que ganaran, y un interés por participar casi inexistente. Si el ciudadano se convence de que su voto no mueve nada, el perjuicio no se queda en esa elección: se traslada a la siguiente.
Por eso hay que desarmar este esquema desde su base, y en este punto el calendario debería dejar de ser un tema técnico para convertirse en uno político. Cuando se renueven el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, el país dispondrá de una oportunidad política e institucional: convocar una elección general que renueve todos los mandatos al mismo tiempo, para que el pueblo, por fin, elija en lugar de simplemente escoger.
¿Y por qué una elección general en lugar de comicios repartidos en el tiempo? En primer lugar, porque repartirlos le permite a quien maneja las reglas dirigir el orden de los eventos: ajustar cada etapa según lo que pasó en la anterior, usar un resultado como palanca sobre el siguiente y administrar la competencia de forma dosificada. En segundo lugar, porque renovar todos los cargos de una sola vez cierra la etapa anterior de manera definitiva, sin autoridades cuestionadas conviviendo con autoridades legitimadas. También porque fusiona la vigilancia y la confianza en un único momento, en vez de desgastarlas en varios procesos, cada uno con su costo para el ciudadano.
Ahora bien, debemos ser realistas: la elección general no resuelve nada por sí sola. Si se celebra con los mismos filtros, repetirá el mismo problema en todos los cargos a la vez. Un árbitro imparcial y reglas claras son necesarios en cualquier elección, y eso se traduce en garantías concretas: que quien sea designado por su organización o aspire a un cargo de elección popular por cuenta propia pueda inscribirse; que no haya inhabilitaciones dictadas al margen de la contienda electoral que operen como filtro; que los partidos puedan usar sus tarjetas y a sus propias autoridades; y que el cronograma, las circunscripciones y las postulaciones aceptadas se publiquen de forma abierta y a tiempo. Sin eso, tener una sola fecha no modifica nada.
Tampoco se puede pasar por alto la complejidad operativa. Una elección general implica más cargos en juego, más testigos que capacitar y distribuir, un registro electoral por actualizar, con especial atención a los venezolanos que residen en el exterior, y un organismo recién renovado que aún no ha tenido práctica. Son dificultades reales y tienen salida, pero piden tiempo, planificación y un calendario sincero, no uno acelerado para cumplir con un anuncio. Ante la complejidad, la respuesta no es dividir la legitimidad, sino prepararla con rigor.
Mantengo mi absoluta convicción de que las elecciones generales son el camino. Si se logran, el éxito no se medirá por la fecha elegida ni por la cantidad de cargos sometidos a votación, sino por algo bastante más sencillo: que cada venezolano encuentre en la boleta una oferta electoral creíble y que su voto sea el que decida con base en la misma. Ese día, por fin, en Venezuela la voluntad popular volverá a tener la última palabra.
