Desde hace un tiempo he sostenido un criterio que no ha variado: cualquier proceso electoral que salga de la mesa de diálogo tiene que renovar todos los cargos de elección popular, a la vez y sin dejar a ninguno fuera. Hoy quiero explicar por qué insisto tanto y qué hace falta, en concreto, para que esa elección sea posible.
Comienzo por lo central. La pregunta correcta no es quién gana Miraflores, algo que ni siquiera debería pensarse y que, sin elección presidencial, nada tiene sentido. Es qué se renueva y por qué es necesario.
Una Asamblea que sale de las urnas tendrá la tarea más pesada de la transición: desmontar por vía legal la arquitectura que se construyó para concentrar el poder. Para esa tarea no hay sustituto del voto: ningún acuerdo ni ninguna fórmula transitoria le da a un Parlamento la autoridad política de un mandato recién ratificado por los ciudadanos. Pero esa autoridad, por grande que sea, no gobierna sola. Una Asamblea con mandato nuevo frente a poderes cuya legitimidad no se ha renovado no avanza: se enfrenta, se desgasta y termina negociando cada paso con quienes representan justamente lo que se quiere cambiar. Por eso su renovación es indispensable, pero no basta si es la única. La transición necesita que quienes deciden y quienes gobiernan hablen con la misma autoridad: la que da el voto, renovada a la vez.
Pensemos en el alcalde. Debería ser el cargo más cercano a la vida del ciudadano y terminó siendo el más alejado: un funcionario atrapado en un esquema que le quita competencias y recursos. Un nuevo presidente rodeado de poderes locales con legitimidad vieja no rompe el ciclo que se quiere romper. Todo cargo que se ejerce con una legitimidad dudosa es una grieta en la transición.
Ahora bien, una elección de esta magnitud no se improvisa. Y aquí entra lo que la hace posible, y que sirve igual para cualquier otra elección que venga después: el árbitro y las reglas con las que se juega.
El árbitro. Un Consejo Nacional Electoral renovado, independiente, sin cuotas partidistas y con auditorías que ninguna parte pueda obstaculizar no es un detalle técnico. Es lo que le da al ciudadano la certeza de que su voto será respetado, sea cual sea la elección. Sobre el tiempo hay una discusión legítima. Varias organizaciones de la sociedad civil sostienen que la ley permite renovarlo en unos dos meses, que no hay razones técnicas ni legales para esperar hasta diciembre. Muchos voceros opositores, por su parte, se han fijado diciembre de 2026 como meta. Seamos realistas: la renovación del CNE no necesariamente formaba parte de la agenda formal de la segunda ronda de diálogo, y hasta ahora no hay un calendario anunciado. Lo que sí sabemos es que la mesa puede moverse cuando hay voluntad: acordó la renovación total del TSJ el 12 de agosto y, para el 18 de septiembre, ya estaba publicada en Gaceta Oficial la reforma que amplía su comité de postulaciones. No es lo mismo que el CNE, pero demuestra que los acuerdos pueden convertirse en pasos verificables.
Y hay una advertencia que no podemos ignorar: el mayor reto es desmontar la lógica de las “cuotas de poder” con la que durante años se designaron los rectores. Si el reparto sigue siendo la regla, cambian las caras y no cambia nada.
Los candidatos. Una inhabilitación decide una elección antes de que nadie vote. Se ha prometido participación en condiciones de igualdad, pero sigue sin estar claro si los dirigentes inhabilitados podrán competir. Los ciudadanos merecen elegir entre todas las opciones, no entre las que alguien dejó disponibles.
Los partidos. Sin tarjeta, un partido no puede postular, y sin partidos la oferta electoral queda recortada desde el inicio. Devolver la identidad jurídica y las tarjetas de las organizaciones intervenidas judicialmente, junto con reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, son medidas de suma importancia.
Los votantes. Aquí está el cuello de botella real. Millones de venezolanos viven hoy fuera del país y la inmensa mayoría no pudo votar en la última elección, por los inconcebibles requisitos para inscribirse, siendo imposibles de cumplir para casi todos ellos. A esto se suman muchos jóvenes dentro de Venezuela que nunca llegaron a inscribirse. Un registro así no representa al país, y ponerlo al día no se logra de un día para otro: exige tiempo y un árbitro comprometido con hacerlo.
Fíjense en lo que esto significa. El calendario de una elección general no lo marca la voluntad de nadie: lo marca el registro electoral. Prometer una fecha antes de resolver eso sería repetir el error de siempre, anunciar sin poder cumplir. Reconozco la objeción. ¿No es demasiado pedir una elección general completa, con un registro nuevo, un árbitro y reglas claras? Es una carga operativa enorme, y por eso la respuesta no puede ser esperar a que todo sea perfecto, porque entonces nunca llegaría. La respuesta es necesariamente priorizar el trabajo: mientras se conforma el comité de postulaciones y se designa al CNE, puede arrancar la revisión de las inhabilitaciones y la devolución de las tarjetas, que no dependen del árbitro nuevo.
Instalado el CNE, su primera tarea debe ser publicar su plan técnico: la actualización del registro, dentro y fuera del país, y los plazos reales.
Solo con ese plan sobre la mesa se puede fijar la fecha de la elección general, una fecha que se pueda cumplir.
Esa es la diferencia entre un compromiso y una promesa. Pero también es una forma de medir la voluntad de las partes: no por lo que declaran, sino por lo que publican.
Por eso mi propuesta es concreta. Que la mesa fije, en su próximo ciclo, un calendario público con puntos de control para cada necesidad: la nueva designación del CNE, la revisión de las inhabilitaciones, la devolución de las tarjetas y la actualización del registro. Al final, la convocatoria de una elección general que renueve todos los cargos.
Andreas Schedler (2010) advierte que los regímenes que simulan democracia no suprimen sus instituciones: “se especializan en su
manipulación”. Pippa Norris (Why Elections Fail, Cambridge University Press, 2015) responde que hacen falta “reglas que impidan a los actores políticos manipular la gestión electoral” y recursos para que los funcionarios puedan trabajar.
Pero toda regla necesita a alguien que la haga cumplir, y ese alguien no puede depender del poder que debe limitar.
Por eso renovar al árbitro no basta: hay que renovar también a quien lo nombra y a quien resuelve los reclamos. Y mientras eso se logra, el elector tiene una herramienta: un calendario público que le permita comprobar, semana a semana, si se está cumpliendo.
No la promesa, no la declaración, no el comunicado conjunto: el calendario.
