El abogado y expreso político Eduardo Torres, integrante de la ONG de derechos humanos Provea, afirmó este jueves 8 de octubre que las cárceles venezolanas son centros de tortura y consideró que la nueva acusación de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, representa un avance en la búsqueda de justicia por las violaciones de derechos humanos.
Por: lapatilla.com
En un video publicado en su cuenta oficial de X, Torres se pronunció sobre los nuevos cargos relacionados con presuntas conspiraciones para cometer torturas que la Fiscalía de Estados Unidos sumó al caso contra Maduro y Flores, además de las acusaciones previas vinculadas al narcotráfico.
“Soy el abogado Eduardo Torres y como expreso político doy fe de que las cárceles en Venezuela son centros de tortura”, expresó el defensor de derechos humanos, quien sostuvo que la justicia estadounidense también señala la responsabilidad de Maduro en presuntos planes para torturar tanto a ciudadanos estadounidenses como venezolanos.
Torres manifestó que espera que el proceso judicial en Estados Unidos garantice el debido proceso y que los mecanismos de justicia también alcancen a los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela. En ese sentido, pidió que quienes sean señalados por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, persecución y encarcelamiento de disidentes sean llevados ante los tribunales con las debidas garantías judiciales.
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“Creemos que la justicia tarda, pero llega”, afirmó el abogado, quien insistió en que las víctimas de la represión y los defensores de la democracia venezolana también esperan que se haga justicia dentro del país.
Para Torres, la acusación de la Fiscalía estadounidense constituye un paso en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de justicia por las presuntas violaciones de derechos humanos. “Un paso para la justicia en el mundo, un paso para la justicia en Venezuela”, concluyó.
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La declaración del integrante de Provea se produce en medio de la atención internacional sobre los procesos judiciales contra Maduro y Flores y las denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Los nuevos señalamientos deberán ser examinados en el marco del procedimiento judicial correspondiente, con respeto a las garantías del debido proceso.
