El expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, ha admitido los cargos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de falsedad de documento mercantil en el juicio que se celebra desde hoy en la Audiencia Nacional por las presuntas mordidas de la compañía asturiana para adjudicarse el contrato de la central de ciclo combinado Termocentro en Venezuela en 2009. Lo ha logrado a cambio de una sustancial rebaja en la posible condena final, tras un acuerdo con la Fiscalía, según fuentes jurídicas. De este modo, Torres evita seguir en el proceso y que este se convierta en un largo calvario.
Por La Nueva España
Torres señaló ante el juez que conocía el escrito final del Ministerio Fiscal y que se conforma con cumplir las penas y responsabilidades señaladas. Por su parte, tanto las defensas del ex consejero delegado de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle, como la de la empresa asturiana de ingeniería rechazaron las acusaciones y defendieron la prescripción de los delitos que se les imputan.
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, pedía nueve años y seis meses de cárcel, así como multa de 160 millones de euros, para el expresidente de Duro Felguera por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y un delito continuado de falsedad de documento mercantil. Torres Inclán se ha declarado culpable tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, consistente en el reconocimiento de los hechos a cambio de una rebaja de la condena, por lo que el proceso ha terminado para él.
Por su parte los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa han negado haber recibido sobornos millonarios de la empresa Duro Felguera a cambio de mediar para adjudicar a esa compañía la central eléctrica Termocentro, un proyecto valorado en 1.500 millones de dólares.
De pie desde el banquillo de los acusados, el exviceministro Nervis Villalobos ha respondido “no” después de que el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le preguntara si reconocía los hechos. De igual forma, el abogado de Alvarado Ochoa ha precisado posteriormente que su defendido tampoco asumía su culpabilidad.
Anticorrupción solicita ocho años y nueve meses de prisión y una multa de 3,6 millones de euros para Villalobos –también imputado en el ‘caso Leire Díez’–, por tres delitos de falsedad de documento mercantil y otro de blanqueo de capitales, así como 1,6 millones de multa y tres meses de cárcel para Alvarado Ochoa.
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